La Comisión de Seguridad Pública en el Senado de Puerto Rico considera en vistas legislativas el Proyecto del Senado 1461 que busca crear la Ley de la Junta de Revisión de Convicciones Erróneas del Gobierno, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación con la facultad de evaluar las reclamaciones de casos ya adjudicados donde se plantee la inocencia del acusado mediante evidencia nueva.

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En esta vista, el fundador del Proyecto Inocencia de Puerto Rico y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Dr. Julio Fontanet Maldonado, apoyó enérgicamente la medida y planteó que la creación de esta Junta de Revisión de Condenas Erróneas viene a atender una situación que ha señalado en el pasado el Proyecto Inocencia.

«En Puerto Rico, nuestro Proyecto Inocencia puede certificar tres condenas erróneas y estamos en proceso, muy cerca, de una condena errónea adicional. Precisamente, todo lo anterior refleja de manera inequívoca que existe un problema de condenas erróneas en los Estados Unidos y, por ende, en Puerto Rico. Así pues, es necesario tomar medidas que permitan atender de manera eficiente estos casos», dijo Fontanet.

A preguntas del presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann Zayas sobre cuál sería la diferencia en estos casos con la creación de esta Junta, el Decano contestó que más confinados inocentes serian atendidos. «Este proyecto mejoraría dos aspectos. Primero, nosotros no damos abasto para investigar los casos, mientras más casos tenemos menos eficiente podremos ser. Los casos que no podamos atender podremos referirlo a la Junta. Así que más inocentes serán atendidos», contestó el también abogado. «La mayoría de las condenas son correctas. Entre un 5% y un 6 % son erróneas. Un inocente preso es demasiado. Hay casos donde es obvio la inocencia, donde la inocencia es palpable. La creación de este comité le quita ese tono adversarial a esto. Va a propiciar que esa identificación de los casos meritorios se aligere», añadió Fontanet Maldonado.

Mientras, el proponente de la medida, el senador Héctor Martínez Maldonado, preguntó sobre el costo que tendría para un convicto litigar estos casos buscando ser exonerado por ser inocente, a lo que el doctor Fontanet señaló que estimaba que lo menos que cobraría un abogado por litigar este tipo de casos sería $50 mil dólares, dejando claro que su Proyecto Inocencia no cobra un solo centavo por defenderlos.

A renglón seguido, Martínez Maldonado le preguntó que cuál sería el costo de cualquier ciudadano con un abogado privado, a lo que éste respondió que «es de sobre 50 mil dólares por el trabajo que tienen que invertir investigando estos casos. Un abogado que no lo quisiera hacer pro bono estuviera cobrando como mínimo esa cantidad» señaló el Decano. «El propósito de esta legislación es brindar una herramienta de justicia adicional a nuestro componente legal, procurando por la revisión de convicciones erróneas impuestas por un Tribunal. No debe haber personas inocentes en nuestras cárceles. Un solo confinado convicto por un crimen que no cometió es suficiente, para buscar alternativas y herramientas que mejoren el sistema», expresó por su parte el también presidente de la Comisión de Nombramientos, Martínez Maldonado.

En la Exposición de Motivos de la pieza legislativa se indica que según un informe presentado por el National Registry Of Exonerations, para el año 2018, ascendía a 1,639 años la cantidad de tiempo perdido en prisión por acusados que luego fueron exonerados por no haber cometido delito del que se les acusó y sentenció, y agrega que para el año 2018 hubo un récord de 151 personas convictas exoneradas por convicciones erróneas.

También deja saber la medida que hoy día en la mayoría de los estados existe lo que se conoce como Conviction Integrity Unit, el cual se encarga de evaluar la reclamación realizada por algún convicto sobre convicciones erróneas y determinar si lo alegado es cierto. Entre sus capacidades, está el poder ordenar pruebas de ADN y someter el caso para nuevo juicio.

Otro dato que ofrece el proyecto es que existen alrededor de 44 unidades de revisión de convicciones alrededor de todo los Estados Unidos. Según estadísticas del Proyecto Inocencia de Puerto Rico, de 2.4% a 5% de las personas confinadas son inocentes; es decir que en la isla actualmente existen de 300 a 600 confinados inocentes. Además, indica que en el 75% de las convicciones erróneas en donde han sido revocadas mediante el análisis de pruebas de ADN, se ha debido a la identificación errónea del sospechoso.

La medida establece que la Junta estaría compuesta por cinco (5) miembros nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Estos deberán ser: un ex fiscal, un ex juez que haya atendido una sala criminal, un miembro de la Junta de Libertad bajo Palabra, un miembro del Proyecto Inocencia que deberá ser abogado, un Profesor de Derecho en el área criminal de cualesquiera de las Universidades de Derecho de Puerto Rico. Estas serán mayores de edad, residentes de Puerto Rico, de probidad moral y con reconocido conocimiento e interés en los procesos penales.

Por su parte el Departamento de Justicia, en su comparecencia a esta vista pública, expresó su oposición al proyecto aunque también hicieron sugerencias de enmiendas al mismo. A su vez, aseguraron que la Junta propuesta en dicho proyecto se aleja de las Juntas establecidas en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos que están adscritas a las fiscalías, y consideran que son contrarias a la propuesta.

El autor de la medida cuestionó dicho planteamiento: «El sistema de justicia se compone de varias áreas y todos tienen un norte de buscar la verdad y hacer justicia. El empezar a buscar los peros, de que está en Corrección y no en Justicia no me hace sentido. ¿Cuál es la diferencia de que esto esté adscrito a Corrección y no a Justicia, o de si hay un fiscal o un ex fiscal?», inquirió Martínez, y acto seguido les preguntó a los representantes del Departamento de Justicia si reconocían que en el Sistema hay personas que están cumpliendo condenas erróneas. El Secretario Auxiliar, Lcdo. Daniel Vélez, respondió que según entienden, los procesos son trabajados adecuadamente. A la respuesta de éste, el senador Neumann Zayas expresó no comprender del porqué la negativa de Justicia de oponerse a los reclamos de inocencia.

Otros de los deponentes que comparecieron a esta vista pública lo fueron el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que también solicitan enmiendas a la medida, y la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico.

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