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La Junta de Supervisión y Administración Financiera determinó que la Reforma Contributiva, con el fin de simplificar el sistema contributivo y propiciar el desarrollo económico de Puerto Rico, viola las disposiciones de la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act of 2016 (Promesa, por sus siglas en inglés) y es «detrimental» para las finanzas del gobierno.

«El Proyecto contributivo reduciría los ingresos del Gobierno en unos $750 millones este año fiscal y en unos $3,000 millones en cinco años. Las sustanciales pérdidas de ingresos a mediados del año fiscal y fuera del proceso presupuestario añadirían presión fiscal, sobre todo después de que el Gobierno aumentara el gasto, incluyendo la extensión del Crédito Contributivo por Ingreso Devengado, y luego de que propusiera gastos adicionales, que incluyen aumentos salariales. Durante los últimos meses de la sesión legislativa, la Asamblea Legislativa aprobó otros proyectos de ley de gastos no presupuestados».

«Ningún gobierno puede aumentar el gasto y reducir los ingresos de manera arbitraria durante un periodo prolongado sin poner en riesgo su estabilidad fiscal. La reducción contributiva propuesta haría que el presupuesto del Gobierno regrese al déficit».

No obstante, la Junta de Supervisión le informó al gobernador Pedro R. Pierluisi que está dispuesta a reunirse con él y la Asamblea Legislativa para trabajar juntos en identificar los recursos que permitan un posible alivio contributivo no recurrente que beneficie a los contribuyentes en este año fiscal, en el marco de las prioridades de gasto ya establecidas por el Gobierno.

«Aunque el Gobierno y la Junta de Supervisión tendrán desacuerdos sobre las disposiciones del Plan Fiscal, debemos colaborar y explorar si los cambios deseados por el Gobierno son económicamente viables – y hacerlo como parte del proceso de desarrollo del Plan Fiscal y el presupuesto al amparo de PROMESA. Se prevé que el proceso de elaboración de las actualizaciones al Plan Fiscal de 2024 y al presupuesto para el próximo año 2025 comenzará en unos meses. La Junta de Supervisión exhorta al gobernador a no firmar el P. de la C. 1839, y a colaborar con la Junta de Supervisión y la Legislatura en el desarrollo de una medida que brinde un alivio contributivo inmediato de manera fiscalmente responsable, así como una reforma contributiva integral que sea consistente con el Plan Fiscal y con el proceso presupuestario».

«Cualquier reforma contributiva debe ser fiscalmente responsable. El P. de la C. 1839, sin embargo, es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y con el presupuesto para el presente año fiscal 2024, que la Asamblea Legislativa aprobó, el gobernador firmó y la Junta de Supervisión certificó. El Proyecto de Ley también viola el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico y pone en peligro la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones en virtud del Plan de Ajuste».

La Junta de Supervisión se reserva todos sus derechos, incluido el de emprender acciones para anular P. de la C. 1839 en caso de que se promulgue en violación de PROMESA.