La Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado continúa el proceso de vistas legislativas sobre el Proyecto de la Cámara 930 que busca enmendar la política pública sobre los humedales en Puerto Rico. La medida propone establecer una nueva definición para el término de humedal y ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a adoptar protocolos específicos para la delimitación de humedales en Puerto Rico.

En la vista celebrada el 19 de febrero de 2020, la Junta de Planificación (JP) compareció ante la comisión que preside el senador Carlos Rodríguez Mateo expresándose a favor de la medida. El planificador Edwin Crespo Soler, quien asistió en representación de la presidenta María del C. Gordillo Pérez, manifestó que «La Junta de Planificación reitera su compromiso con la política pública promulgada en la medida de ley y señala que está preparada y capacitada para cumplir cabalmente con su deber ministerial sobre este asunto».

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Por su parte, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau Ramírez cuestionó al representante de la JP de qué manera esa nueva definición de humedales puede mejorar la definición actual y la intención de incluir nuevas excepciones en la ley. Mientras, el senador Cirilo Tirado Rivera, legislador de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), criticó la postura de la JP argumentando que la misma no le hace bien a nuestro ambiente.

Entre tanto, la Asociación de Constructores de Puerto Rico se opuso a la medida y argumentaron que las actividades de construcción o de desarrollo de nuevos proyectos y actividades en Puerto Rico deben estar sujetas a un régimen de permisos que satisfaga cuatro criterios: (1) claro o transparente, (2) previsible o predecible, (3) correctamente fundamentado o racional, y (4) consistente o armonioso con criterios federales aplicables.

«En el pasado, la consideración de impactos ambientales se utilizó no como un mecanismo para exponer o considerar los impactos ambientales de actividades propuestas sino como una herramienta procesal para atrasar e impedir la justa y pronta evaluación y consideración de medidas de manejo y mitigación para los impactos ambientales de proyectos y acciones de importancia económica», señaló el Lcdo. Patricio Martínez Lorenzo quien representó al presidente de la organización, Alfredo Martínez Álvarez.

Datos ofrecidos por la Asociación de Constructores de Puerto Rico ponen a Puerto Rico en un rango número 64 en agilidad para hacer negocios y 143 en obtención de permisos de construcción entre 190 economías globales, según el estudio Economy Profile Puerto Rico – Doing Business 2020 del World Bank.

Otra de las entidades que se expresaron en contra de la pieza legislativa fue la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de UPR a través de la ponencia del Lcdo. Pedro Saadé quien solicitó a los senadores que rechacen totalmente el P. de la C. 930 por este ser «innecesario y ser perjudicial a la política pública de protección de humedales y además a la protección de los recursos naturales que consagra la Constitución de Puerto Rico».

El Proyecto de la Cámara 930 es de la autoría de los representantes Gabriel Rodríguez Águiló, José González Mercado y Joel Franqui Atiles. La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes el pasado 14 de noviembre de 2019.  Fue referida al Senado de Puerto Rico en esa fecha y referida a la consideración de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La próxima vista pública sobre la medida ha sido citada por la comisión senatorial para el 25 de febrero de 2020.

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