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Por Paola Arroyo Guzmán

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston confirmó la nulidad de la Ley 41-2022, conocida como la Reforma Laboral de 2022.

En entrevista con Microjuris el exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra Gutiérrez explicó que confirmar la anulación de la Ley 41- 2022, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston resolvió que mientras el ente fiscal siga en funciones, podrá seguir interviniendo con legislación de Puerto Rico que afecte el proceso de recuperación financiera del gobierno, aunque estén dirigidas solo al sector privado.

Implica, de igual forma, que se mantiene vigente la Reforma Laboral del 2017 de la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

«Te puedo dividir las repercusiones en dos. Esta la parte de los patronos en cuanto al derecho al empleo en Puerto Rico. Se confirmó que la Ley 41-2022 es nula. Así que, al ser nula, se confirmó que nunca estuvo en los libros. Ciertamente, va a tener repercusiones en posibles litigios en Puerto Rico».

«La segunda repercusión esta ligada a los poderes de PROMESA, de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y la jueza federal Laura Taylor Swain. Yo no tengo duda de que esta decisión es la más que favorece a la Junta de todas las que han tenido en estos pasados seis años» .

«El Tribunal de Boston dejó claro dos cosa. Queda claro que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico tiene el poder de revisar leyes aprobadas exclusivamente que afecten al sector privado, así como revisa las del sector publico».

Saavedra Gutiérrez recordó que una de las alegaciones del gobierno es que, como la medida solo afectaba al sector privado, el ente fiscal no podría detener su implementación.

«Esta decisión aumentó el poder de la Junta».

Ante esta decisión, el gobierno debe proveerle a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (en adelante, Junta de Supervisión Fiscal) un análisis sobre el impacto en los ingresos del erario con todas las medidas que estén relacionadas al sector privado.

Descarga la decisión aquí

Adelantó, de igual forma, que el gobierno podría estar llevando este caso ante el Supremo federal. «No me sorprendería. Lo ha hecho antes con otros casos». «Mi impresión es que, las posibilidades de que el Supremo federal atiendan la controversia, son muy bajas».

Contexto

La Junta de Supervisión Fiscal cuestionó la legitimidad de la medida ante el Tribunal de Título III, decisión que fue descrita como histórica porque es la primera vez que se decide sobre un caso que afectaría a la industria privada.

La Reforma Laboral buscaba restituir y ampliar los derechos laborales aplicables a las y los trabajadores de la empresa privada que se habían perdido cuando se aprobó la Ley 4 del 2017, mejor conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral.

La Junta de Supervisión Fiscal inició el procedimiento el 1 de septiembre de 2022, alegando que el gobierno electo de Puerto Rico no podía implantar legalmente la Ley Núm. 41-2022 porque fue promulgada en violación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) y que las políticas de reforma laboral plasmadas en la Ley 41 eran inconsistentes con el plan fiscal certificado.

Posturas encontradas

De acuerdo a la admiración del gobernador, Pedro Pierluisi, la Ley 41 no afectaba las operaciones del gobierno porque solo aplicada al sector privado.

Mientras, la postura de la Junta es que la Reforma Laboral no cumplía con el Plan Fiscal, y afectaría significativamente los recaudos del gobierno porque bajaría la actividad comercial del país.