Esta semana, en su sesión legislativa, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 1153 que busca crear la Ley de Otorgamiento de Contratos a Corporaciones de Reciente Creación, la cual dispondría que el gobierno no podrá otorgar contratos por más de $60 mil sobre servicios, compras, servicios profesionales o de consultoría, ni ningún otro tipo de contratación, a corporaciones creadas dentro del término de un año desde que el gobernador electo juramenta a su cargo.

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Dicho proyecto es de la autoría de los representantes, Joel Franqui Atiles y José "Che" Pérez Cordero. El mismo fue radicado el 27 de junio de 2017 y referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara. Fue aprobado de forma unánime con 45 votos a favor, y con enmiendas del informe y de sala.

El Proyecto de la Cámara 1153 faculta a la Oficina de Ética Gubernamental investigar y determinar si se otorgó un contrato a una corporación dentro de la prohibición absoluta, según descrita en la medida, y establece que la Oficina de Ética deberá rendir un informe al Departamento de Justicia con los señalamientos para que inicie las acciones correspondientes.

Uno de los autores de esta medida, el representante Franqui Atiles, expresó que debido a las políticas públicas fallidas de pasadas administraciones en torno a la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, el problema continúa siendo uno serio y delicado, por lo cual con este proyecto busca evitar la modalidad en donde una agencia otorga contratos millonarios a corporaciones creadas con el propósito de hacer negocios con el Gobierno, pues el uso indebido del poder público para conseguir una ventaja ilegítima es corrupción.

Por su parte, el también autor de esta medida, el representante Pérez Cordero, expresó que a pesar del masivo repudio a la corrupción, nuestro estado de derecho no provee salvaguardas para evitar la propagación de dicho germen, y ante esta situación tan alarmante que amenaza la legitimidad misma de líderes electos, y la viabilidad de nuestro sistema democrático, colaboró en la radicación de este proyecto para buscar responder de forma agresiva y preventiva.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara, María Milagros Charbonier, ayer en su turno, antes de llevar el proyecto a votación final, resaltó a sus compañeros representantes Franqui Atiles y Pérez Cordero como un ejemplo de servicio público al entender que ambos radicaron dicho proyecto a pesar de todas las amenazas que pudieron haber recibido por parte de los correligionarios de su mismo partido.

En tanto, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos, indicó que toda legislación dirigida a fiscalizar con mayor energía a las personas que se allegan al gobierno a ofrecer servicios profesionales es bienvenida, particularmente cuando se da el fenómeno en tiempos recientes de incorporar corporaciones en Puerto Rico el mismo día de Año Nuevo.

La medida pasará ahora al Senado de Puerto Rico donde podría contar con vistas públicas antes de rendirse su informe para abrobación, o ser votada mediante descargue.

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