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Por Daniel Rivera Vargas

Dos abogados enfocados en el derecho administrativo analizaron las implicaciones de una reciente opinión emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la cual podría tener repercusiones significativas en el ámbito legal en cuestión de meses.

Deferencia Chevron: una doctrina en peligro

El Tribunal Supremo federal llevó a cabo la semana pasada una audiencia para abordar los casos de  Relentless, Inc. v. Department of Commerce y Loper Bright Enterprises v. Raimondo.

Ambos casos plantean interrogantes sobre la vigencia de la doctrina Chevron, una jurisprudencia clave que aborda la deferencia que se debe otorgar a las acciones de las agencias administrativas.

Se anticipa que el Tribunal Supremo federal emitirá su decisión en junio.

Desde la academia

Para el profesor William Vázquez Irizarry, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el argumento básico contra Chevron el pasado miércoles fue que la doctrina es una abdicación por parte del poder judicial a su responsabilidad y deber de interpretar la ley.

«Lo mínimo que uno puede esperar es que haya una modificación o una restricción a lo que el tribunal había dicho en Chevron. No se puede descartar que haya una revocación. Ahí hay por lo menos cuatro de los jueces que están inclinados a la revocación (nombrados por presidentes republicanos), habría dos jueces que tiene dudas (John Roberts y Amy Coney Barret) sobre la doctrina pero no estarían claro de revocar (los tres nombrados por presidentes demócratas se expresaron a favor de la doctrina)».

«Podría entonces hacer votos para una decisión donde se limite. Cualquiera de estos escenarios no es sorprendente porque las pasadas dos décadas ya se había generado una discusión en el tema de derecho administrativo federal criticando la doctrina del tribunal en el caso de Chevron», sostuvo el profesor Vázquez Irizarry.

Pero, ¿qué exactamente resolvió el caso Chevron?

El caso Chevron se refiere a Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., un caso decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1984. La decisión en el caso estableció lo que se conoce como la «doctrina Chevron», que ha tenido un impacto significativo en la interpretación y aplicación de las leyes en relación con las agencias gubernamentales, sostuvo Vázquez Irizarry.

La doctrina Chevron establece un enfoque de deferencia judicial hacia las interpretaciones de las agencias gubernamentales respecto a las leyes que administran. En términos generales, el tribunal sostuvo que cuando una ley es ambigua o silente respecto a un tema específico, y la agencia responsable de la administración de esa ley emite una interpretación razonable, los tribunales deben deferir a la interpretación de la agencia.

Cuando el texto es ambiguo, el Supremo federal establece un proceso de varios pasos.

1. El primero implica determinar si, incluso en medio de la ambigüedad, es posible identificar en el texto de la ley y su historial cuál era la intención del Congreso.
2. Si después de este proceso persiste la incertidumbre sobre la intención del Congreso, se procede a examinar si la interpretación de la agencia es razonable y permisible. Si la respuesta es afirmativa, concluye el proceso.

El tribunal solo intervendría si, al finalizar estos pasos, se determina que la actuación de la agencia no es razonable.

«Chevron nos resguarda de una intervención judicial excesiva», destacó el profesor.

Sin embargo, esto no ha evitado diversos cuestionamientos a lo largo de las décadas de aplicación de esta decisión. Por ejemplo, el profesor mencionó que en la audiencia del miércoles pasado surgió el debate sobre qué sucede cuando hay un cambio de administración en el ejecutivo y, con ese cambio, la misma agencia interpreta las cosas de manera diferente.

Explicó que uno de los aspectos planteados en relación con la decisión de Chevron es que la ambigüedad puede atribuirse a la voluntad del Congreso, ya que en ciertas disposiciones legislativas se busca otorgar flexibilidad a las agencias para resolver controversias en base a su experiencia.

Además, señaló que hay quienes argumentan que si Chevron estuviera equivocado, el Congreso ya lo habría corregido, pero esto no ha sucedido, a pesar de varios intentos de congresistas republicanos de legislar en contra de este precedente judicial, sin lograr la aprobación de dicha legislación.

«Hay una dimensión política significativa», afirmó Vázquez Irizarry. «Los republicanos han llegado a entender que dentro de las agencias del gobierno federal, sin importar quién sea el presidente, hay posiciones de funcionarios no electos que adoptan visiones progresistas y de izquierda. Cuando se otorga deferencia a las agencias federales, esto termina respaldando posturas opuestas al sector conservador», explicó.

Según Vázquez Irizarry, a nivel local, resulta incierto el alcance que tendría en el derecho puertorriqueño la resolución del Supremo federal.

El profesor, especializado en derecho administrativo, explicó que Puerto Rico cuenta con una doctrina de referencia, aunque no esté formalmente incluida en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que es más amplia que la norma federal de Chevron.

Mientras que el caso en Estados Unidos apenas se discute en la jurisprudencia local del Supremo y se limita a la interpretación de una ley por parte de una agencia, la doctrina local abarca todas las acciones de las agencias «de todo tipo» debido a su conocimiento especializado.

El problema, según indicó, radica en que se concede deferencia incluso en asuntos donde la especialización de la agencia es cuestionable, como en el caso de subastas de equipos de oficina en una agencia de servicios públicos, tratando la decisión de comprar papel como si fuera parte del conocimiento especializado de dicha agencia.

Vázquez Irizarry opinó que, en cualquier caso, la decisión que tome próximamente el Supremo federal debería iniciar en Puerto Rico «una discusión saludable» sobre los límites de la revisión judicial de las acciones de las agencias administrativas.

Por otro lado, Jeffry Pérez Cabán, expresidente de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo y docente de cursos de educación jurídica sobre derecho administrativo, así como presidente de Global Outstanding Educational Services, destacó la gran importancia del caso Chevron a nivel federal.

«Afecta la vida social de los ciudadanos», indicó Pérez Cabán. «Lo que está en juego ante el Supremo es si se debe mantener esa doctrina o estamos viviendo un desfase en el conocimiento».

Opinó que una decisión que revoque o altere Chevron conlleva un replanteamiento del derecho administrativo, tanto a nivel federal pero también en Puerto Rico, donde la tradición de derecho existente desde 1987 favorece un estándar de deferencia de Chevron aunque se entiende que si hay un abuso de discreción se puede revocar y atenderse judicialmente.

«Hemos tenido varias instancias donde se entiende que hubo un abuso de discreción», comentó el exfuncionario.

Si se revoca esa doctrina, a nivel de Puerto Rico, lo que es incierto porque depende del resultado final de la opinión del Supremo federal, puesto que a veces no aplican a los territorios, podría conllevar repensarse como se establecen las normas internas en las agencias, y ver cómo decide actuar la Junta de Supervisión y Administración Financiera, que podría inmiscuirse en cómo atienden las controversias en las agencias y procurar nueva reglamentación que regule sus funciones.

«Tendríamos que hacer una política pública adaptada y modificada», sostuvo.

Pérez Cabán comentó que decisiones recientes del Supremo federal, con la actual composición de ese foro, apuntan a que la decisión sería la de limitar las instancias a las agencias administrativas.

Agregó que debe ser una decisión que no tenga efectos retroactivos, pro lo que las decisiones ya tomadas por las agencias y que sean finales y firmes no deben ser controvertidas en virtud de un cambio de la ley. Pérez Cabán reconoció que la decisión pudiera conllevar un aumento en controversias que deben ser atendidas en los tribunales.

Sobre las vistas del miércoles, dijo que surgió un planteamiento de que la deferencia administrativa es absoluta, cuando no es correcta, según Pérez Cabán.

«No comparto este criterio, esa doctrina no es absoluta y se han establecido excepciones, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico, el plantear que la doctrina fuera absoluta me pareció curioso... no es cierto», sostuvo.

Pérez Cabán añadió que la comunidad jurídica y los ciudadanos deben estar pendientes a la opinión final del Supremo federal porque podría tener un efecto en la realidad ciudadana cotidiana.