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La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes celebró una vista pública sobre una medida que busca establecer el procedimiento para atender la determinación de las muertes cerebrales.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1577, de la autoría de la representante Lydia Méndez Silva, que busca crear un comité asesor para la adopción de un protocolo para la determinación de la existencia de muerte cerebral en pacientes y establecer parámetros mínimos para dicho protocolo y término para su implementación.

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La pieza legislativa establece que la Junta de Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos (Junta) tendrá un periodo de 72 horas desde el momento de la certificación de la muerte para efectuar autopsia o para remover cualquier órgano o tejido a ser donado.

Asimismo, establece que «todo hospital deberá utilizar el protocolo para determinar la determinación de muerte cerebral establecido».

En la audiencia pública testificó el director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Dr. Israel Ayala; la licenciada Maricarmen Montaner de la Asociación de Hospitales; la directora médica de Lifelink de Puerto Rico, Dra. Esther Torres; y la directora nacional de política pública y abogacía, Thais Carrero.

El director médico de la ASEM explicó que el proceso de determinación de muerte cerebral es uno separado de la donación de órganos y tejidos, que fue el objetivo principal en la creación de la Junta.

Respecto a la creación del Protocolo para la Determinación de Muerte Cerebral, el funcionario expresó que «la creación de este no es necesario, ya que las personas que constituyen la Junta son expertos en el asunto que nos compete».

A su vez, el funcionario no avaló la creación del Protocolo para la Determinación de Muerte Cerebral. «Entendemos que la creación de este comité asesor adscrito a la Junta para que establezca un protocolo uniforme no es necesario, ya que las personas que constituyen la Junta son expertos en el asunto que nos compete».

Entre tanto, la Asociación de Hospitales resaltó la inquietud sobre el proyecto de ley en discusión e indicó que la preocupación mayor es el autocriterio del médico.

«Esta medida, de ser aprobada, pondría en riesgo la determinación del diagnóstico de muerte basado en el criterio médico, en la medida que a través de la promulgación de un protocolo uniforme se puedan imponer criterios o requisitos que limiten o contravengan dicho criterio», dijo Montaner, quien añadió que ya existen guías médicas para la determinación de muerte cerebral y procesos posteriores a la determinación.

Ante esto, la legisladora Méndez Silva aclaró que el proyecto de ley no quiere quitar el criterio médico y de esta manera le cuestionó a la deponente si hay alguna alternativa posible para que la Asociación de Hospitales endose el proyecto.

Asimismo, la presidenta de la Comisión, Sol Y. Higgins Cuadrado, resaltó que constantemente se habla de que las aseguradoras no respetan el criterio del médico. «La salud es una cadena y he escuchado a médicos decir que los planes médicos van por encima de lo que ellos (doctores) dicen y es bien preocupante».

Montaner expresó que mientras no se altere el criterio médico la Asociación de Hospitales puede endosar el que haya unas guías. De esta manera, solicitó a la Comisión que se retire la ponencia para acoger la recomendación de la representante Méndez Silva, que fue acogida por la presidenta de la Comisión.

Por su parte, la doctora Torres señaló que adoptar un protocolo de declaración de muerte cerebral con los parámetros que exige el PC1577, tendría consecuencias catastróficas para el proceso de recuperación y trasplante de órganos.

«La donación y el trasplante de órganos en la isla depende de los posibles donantes en muerte cerebral. Trabajamos en colaboración con hospitales y médicos para garantizar que todos los procesos de muerte cerebral aplicables se realicen de acuerdo con las mejores prácticas y de manera oportuna», abundó la directora médica de LifeLink de Puerto Rico.

Según la galena, actualmente hay más de 100,000 pacientes esperando un órgano que salvaría su vida y de 18 a 20 personas mueren cada día debido a la escasez de órganos.

Testimonios sobre el proceso de donación de órganos

La directora nacional de política pública y abogacía, Carrero narró, durante los trabajos, el difícil momento que tuvo que enfrentar el pasado mes de noviembre cuando su mamá fue diagnosticada con muerte cerebral y era donante de órganos.

Carrero expresó que el proceso de donación de órganos, que al final no resultó, fue uno atropellado. «Inicialmente, se nos ocultó la posibilidad de recuperar los órganos en el hospital donde mi mamá estaba recluida y donde se ha realizado el proceso en varias ocasiones. Además, aún habiendo designado una donación de órganos directa, en el camino para determinar la muerte cerebral, la entidad recuperadora recomendó una prueba que sacrificaría/dañaría esos órganos que ya tenían nombre y apellido y, que tanto necesitaba un sabaneño».

Respecto al PC1577, Carrero, quien depuso en su carácter personal, recomendó que haya una transparencia de registro de donante de órganos, recursos educativos diseñados específicamente para familiares de un donante de órganos al momento de la muerte y estándares de comunicación con las familias para los hospitales y para la entidad recuperadora.

«Les pido por favor, que según legislamos para hacer la donación de órganos más fácil y prominente, legislemos para que aquellos que necesitan inminentemente un trasplante, puedan en efecto recibirlo. También, por un proceso transparente porque creando confianza en la gente es que se crean cambios trascendentales, que mueven la conducta de todo un pueblo», puntualizó Carrero.