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Por Héctor M. Méndez  Vázquez, Oficial de Colecciones

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes evaluó en vista pública el Proyecto de la Cámara 1900 que propone ordenar que en toda residencia que cuente con una piscina, donde residan uno o más menores de seis años de edad, se deberá instalar una valla de seguridad con alarma como una medida de seguridad.

El proyecto de ley, de la autoría del representante José Pérez Cordero, a su vez ordena al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a elaborar un protocolo de intervención en aquellos casos en que un menor de seis años aparentemente muera ahogado en una piscina.

Puedes acceder al proyecto aquí

Durante la audiencia pública, el Departamento de Justicia expresó no recomendar la aprobación de la medida según está redactada pues consideró que se debe evaluar cuáles instrumentalidades reguladoras intervienen en el proceso de expedición de permisos de construcciones o modificaciones de piscinas para luego estatuir un proceso de registro administrativo que cumpla con los requisitos constitucionales y estatutarios.

La agencia, a través de una ponencia firmada por su secretario, Domingo Emanuelli, afirmó que «el proyecto no establece un proceso ordenado mediante el cual los funcionarios correspondientes de estas agencias puedan hacer inspecciones de las residencias que ya tienen piscina y que requieren de estas modificaciones.»

Sostuvo además, que «una autorización legislativa para un registro no necesariamente exime a una agencia de obtener una orden judicial de allanamiento, ya que este principio constitucional cede en contadas excepciones, como cuando se consiente directa o indirectamente al registro, por tanto, esta consideración a la expectativa de intimidad es más relevante aun en el contexto de inspecciones efectuadas en residencias», indicó.

Aunque la intención de la medida es loable, entendemos que varios aspectos de su redacción podrían impedir una implementación efectiva del proyecto», apuntó el secretario de la agencia.

El proyecto de ley dispone que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) adoptará el reglamento que será aplicable a todas las residencias donde haya piscina y pernocte uno o más niños menores de 6 años, incluyendo las sujetas al régimen de propiedad horizontal y propiedades residenciales dedicadas al arrendamiento, sea a corto o largo plazo, por lo que sería ésta agencia la encargada de fiscalizar las modificaciones que se requerirán en las piscinas residenciales.

Aunque el DSP informó que apoya la medida, el secretario Alexis Torres aclaró en un memorial explicativo que los negociados bajo el componente de seguridad no poseen el conocimiento especializado, técnico o pericial en asuntos referentes a la construcción o modificación de piscinas, y las facultades de esta agencia no guardan relación con este asunto por lo que entiende que el rol de fiscalizar y adoptar la reglamentación requerida para la puesta en vigor de esta propuesta debe pasar a las agencias que de ordinario intervienen en la expedición de permisos en este tipo de construcción, tales como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

«Puntualizamos que resulta imperativo desarrollar medidas dirigidas a prevenir situaciones de riesgo como las que se reseñan, y de este modo garantizar la seguridad de nuestros niños. Nuestra función como primeros respondedores está enmarcada en la atención de las emergencias», manifestó Torres.

Por su parte, el Secretario Auxiliar de Desarrollo Económico y Comercio, Félix E. Rivera, señaló que «el proyecto, de la forma en que está redactado, contiene estipulaciones que podrían resultar ambiguas e incidir con los derechos constitucionales de propiedad privada, toda vez que se estaría limitando o añadiendo requisitos adicionales a los propietarios para el uso de su propiedad, basados en la composición de su núcleo familiar» y agregó que «el proyecto parece colocar a la OGPe en una posición donde tendría que evaluar si habita o pernocta un menor en la propiedad, para poder emitir un permiso».

De otra parte, el ICF a través de su directora ejecutiva, María Conte Miller, señaló que las facultades que la medida propone delegar en la institución no se ajustan a sus áreas de competencia, y recomendó que tanto el protocolo de intervención como la responsabilidad de brindar orientación sobre cómo proceder al trabajar con alguna situación de un menor ahogado corresponda al DSP.

«Aún cuando consideramos loable y necesario el propósito de la medida, el Instituto entiende que esta debe ser evaluada dentro del contexto de las normativas de derecho», afirmó la doctora.

De acuerdo con la exposición de motivos de la medida, un estudio realizado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés), sobre los ahogamientos entre menores de cuatro años en los estados de Arizona, California y Florida, reveló que en casi 70% de los niños no se esperaba que estuvieran en la piscina o en sus cercanías, y reveló además, que más de un cuarto (27%) de los ahogamientos entre menores de cuatro años ocurrieron en la casa de un amigo, familiar o vecino.

El proyecto también expone que en Puerto Rico han sido constantes las noticias reseñadas sobre niños que han resultado muertos por ahogamiento en piscinas residenciales y otros tantos que han sido hospitalizados por tales accidentes.

La pieza legislativa sugiere que dicha valla cuente con una altura mínima de 48 pulgadas, y tenga un cierre de seguridad automático alrededor de la piscina.

De igual forma, propone que de incumplirse con lo establecido en esta ley, la multa a pagarse será de $5,000 y que la misma no aplicaría a piscinas públicas, «jacuzzi» o «spa» con cubiertas aseguradas que cumplan con los requisitos de la «American Society for Testing Materials – Emergency Performance Specifications», y sí a toda piscina que se construya a partir de la aprobación de la propuesta ley.

«No quisiéramos que pasara un ahogamiento más. Por eso entiendo la intención del señor legislador en términos de que quiere buscar agotar todos los recursos que tengamos en nuestras manos para que no se pierda una vida más», concluyó diciendo el presidente de la comisión cameral, Luis «Narmito» Ortiz Lugo.