Por Daniel Rivera Vargas

El caso federal de David Núñez Pérez, que por primera vez resuelve que es retroactiva la norma de que una persona en Puerto Rico no podía ser acusada y convicta a nivel federal y a nivel estatal, podría representar otras excarcelaciones futuras, anticipó la catedrática adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Iris Y. Rosario Nieves, quien explicó parte de la estrategia legal que se usó en este proceso.

En videoconferencia desde Buenos Aires, Argentina, dónde la profesora se encontraba en estos días ofreciendo una charla al grupo Proyecto Inocencia de ese país sobre los trabajos que realiza el Proyecto ADN Post Sentencia de la UPR, Rosario elogió la decisión del juez William Young, designado al caso en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Sin embargo, Rosario Nieves reconoció que el alcance final dependerá de lo que pueda pasar en los trámites apelativos, si es el que gobierno de Puerto Rico impugna la orden y mandato.

«Este caso va a conllevar, si se mantiene la regla y no es revocada porque parece que el Departamento de Justicia quiere ir más arriba, que se revisen las sentencias de seguramente decenas de confinados en Puerto Rico, que ya cumplieron una sentencia en la federal y están cumpliendo por los mismos delitos en la estatal, incluso penas más severas. Podría representar la excarcelación de decenas de personas», dijo Rosario, quien no quiso especular sobre si la cifra de excarcelados podría ser mayor a «decenas».

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó, en declaraciones escritas, que su agencia está evaluando los próximos pasos a seguir en este caso.

«El Departamento de Justicia difiere de los fundamentos del "Memorandum and Order" emitido por el juez de Distrito William Young en el caso de Habeas Corpus contra el Gobierno de Puerto Rico, 3:19-cv-01555. Se estará evaluando la presentación de una moción de reconsideración y se referirá a la Oficina del Procurador General para la evaluación de una posible apelación», expresó el jefe de agencia.

Rosario dijo que sabe de al menos otro caso similar que se ha estado trabajando desde SAL en los que se entiende que aplica Sánchez Valle de forma retroactiva, y que tampoco han prevalecido en las cortes estatales, incluyendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por lo que cree que se podría intentar el mismo proceso que en el caso de Núñez Pérez, aunque no podía dar certeza al respecto.

En una orden y mandato donde analizó el tema de la doble exposición (double jeopardy), el juez Young determinó esta semana que es retroactiva para toda persona la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Pueblo v. Sánchez Valle, de que no se puede acusar y condenar a alguien a nivel federal y estatal a la vez porque la soberanía de Puerto Rico no es igual que la de los estados, donde sí se han validado estas actuaciones gubernamentales.

Aunque Young se expresó en el recurso civil de habeas corpus presentado por Núñez Pérez, en el caso criminal había un segundo acusado, que enfrentaba una realidad similar de cumplir cárcel a nivel federal y estatal por el mismo crimen de 2001, y de nombre Wilbert Rivera Heredia. La licenciada dijo que le preocupa que el coacusado Rivera Heredia no se esté beneficiando de la determinación de Young.

Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico había aceptado la retroactividad de Sánchez Valle en casos donde la sentencia no hubiera advenido final y firme, pero la decisión del juez Young va más allá, y entiende que aplica a todos los casos, incluyendo los que son final y firme. Por ejemplo, como el acusado en este caso, Núñez Pérez, convicto en el 2002, a quien con esta decisión federal se le borraron decenas de años de su condena por un carjacking en el que murió un agente de la policía.

Rosario dijo que el mandato del juez Young no solo resuelve la retroactividad de Sánchez Valle sino que determina que hay identidad en las características o elementos de los delitos ‘carjacking resulting in death’ bajo las ley federal y el ‘carjacking’ con ‘felony murder’ de la ley de Puerto Rico, y  que esto podría aplicar a otros casos que se planteen a nivel federal. Agregó que el juez no encontró la misma identidad en los cargos de ley de armas, por lo que en esos cargos se mantiene la sentencia estatal, a pesar que cumplió condena a nivel federal por violaciones a estatutos de armas en esa jurisdicción.

Rosario dijo que aunque el caso de Nuñez Pérez se decidió a nivel federal el 1 de agosto de 2022, la realidad es que se comenzó a trabajar desde el 2016 en la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) en la División de Asuntos Especiales y recursos Post Sentencia, y ella asistió en ese proceso.

Recordó que tras el resultado de Pueblo v. Sánchez Valle se dieron a la tarea de buscar casos de clientes suyos que pudieran beneficiarse de esa decisión federal. En ese proceso encontraron a Núñez Pérez, quien en ese momento ya cumplía parte de su sentencia estatal de 69 años de cárcel en Guayama luego de cumplir 15 años preso por su condena federal por el mismo crimen.

La hoy profesora recordó que se preparó un recurso de unas 22 páginas que se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, y no se atendió por cerca de un año, cuando finalmente se falló en contra de la posición de SAL de que debía aplicarse retroactivamente Sánchez-Valle.

Pero, SAL no se quedó ahí, sino que llevó el caso al Tribunal de Apelaciones y luego al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y esos foros también fallaron en contra de SAL y del acusado. Entonces, se preparó un argumento para que el propio acusado lo presentará por derecho propio en el tribunal federal.

Rosario explicó que se trató de un recurso civil de habeas corpus, por lo que no se trataba de una impugnación directa en la corte federal de la decisión del Supremo de Puerto Rico, puesto que se supone que las decisiones del alto foro judicial local solo pueden cuestionarse directamente ante el Supremo de Estados Unidos.

La profesora decidió compartir la investigación que realizó para SAL en el caso Núñez Pérez con la comunidad jurídica, y lo hizo a través de un artículo de revista jurídica de la UPR de 2019 titulado: Alcance de la retroactividad de las normas constitucionales enunciadas jurisprudencialmente: una réplica al profesor Ernesto Chiesa.

«Estoy feliz. Me siento reivindicada. Es una decisión correcta. Que el estado no tenga la capacidad para procesar a una persona porque de lo contrario es doble exposición es sin lugar a duda una decisión de carácter sustantivo», dijo la profesora.