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Aunque todavía no han sido confirmados por La Fortaleza como task force social, un equipo de organizaciones sin fines de lucro ya está desarrollando las tácticas para atender las necesidades de cada población, a la vez que comprenden la emergencia de salud y las medidas propuestas por expertos médicos.

El equipo liderado por Marcos Santana de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico se propone desarrollar medidas que atiendan la emergencia de salud y la emergencia social que provocó el COVID-19 en los diferentes sectores y poblaciones.

Algunas de los grupos que proyectan atender a través de las tácticas específicas son los adultos mayores, la niñez, la juventud, las mujeres, las personas LGBTTQI+, las personas con diversidad funcional, las personas encarceladas, las personas migrantes, las personas sin hogar y las personas que trabajan de forma formal e informal.

Alrededor de 65 organizaciones, fundaciones, colegios profesionales y personas del tercer sector apoyan la creación del task force social.

Para Santana, la urgencia por crear el equipo social se intensifica cada día.

La Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) ha recibido, hasta el jueves, unas 1,999 llamadas a través de la línea de Primera Ayuda Sicosocial (PAS) y 306 personas que se comunicaron por chat. Hasta el 6 de abril, el Departamento de la Familia recibió 413 referidos de maltrato a menores y 477 referidos de maltrato contra adultos mayores.

El equipo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud que lidera Santana ha recibido al menos 100 llamadas de jóvenes que están sin hogar en medio de la emergencia. Al momento, tienen disponible la línea 787-510-6506.

Sin embargo, Santana se mostró optimista porque el equipo de trabajo de la mansión ejecutiva tiene la intensión de acoger la propuesta y adelantó que ya les pidieron una lista de posibles candidatos al task force social.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román, sostuvo que la creación de un task force médico y económico ya abrió la puerta a que más conocedores del tema se unan para desarrollar una mejor administración pública.

«Me parece que vamos en la dirección correcta. Los casos requieren una mirada especializada. Ya tenemos al equipo médico y al equipo económico. Ahora queremos plantear la situación que enfrentan nuestros adultos mayores, los niños, las mujeres, las personas privadas de libertad», explicó Román.

El licenciado Reynaldo Alegría, que preside la Comisión en torno a los derechos de la niñez del CAAPR, también señaló que el task force social brindará una mirada salubrista a las medidas para combatir el COVID-19.

El director ejecutivo de Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA), Alejandro Silva, explicó que existe "una buena intención para la aprobación".

Silva sostuvo que en organizaciones como MPA también se están gestando ideas para ejecutarlas una vez termine el toque de queda.

La organización que dirige Silva está gestionando conversatorios en Instagram sobre temas de necesidad o inquietud en medio de la emergencia.

«La idea es recopilar las propuestas y canalizarlas. El próximo paso son los laboratorios de acción cívica y es que se ejecuten las soluciones propuestas a pequeña escala y que puedan tener una repercusión mayor. Yo lo veo como mini task force. Un poco de lo que queremos es activar a jóvenes líderes para que puedan ejecutar», explicó Silva.

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