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Por Daniel Rivera Vargas

Aunque no lo diga directamente, el borrador de la opinión que podría revocar Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, podría implicar que se afecten otros derechos, según el profesor de derecho constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Hiram Meléndez Juarbe, quien presentó con un grupo de estudiantes un recurso de amicus curiae ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Dobbs v. Mississippi.

«El borrador de opinión de (Samuel) Alito tiene lenguaje que, aunque trata de distinguir la opinión de aborto de otras decisiones del tribunal, como los medicamentos anticonceptivos, el matrimonio igualitario, y lo dice con palabras de que este caso no tiene que ver con estas situaciones, la realidad es que los términos con los que está escrito ese borrador, ciertamente echa sombras sobre esos otros derechos. La manera de elaborar esos argumentos, fácilmente se puede extender a esos otros derechos. Arrojaría sombras sobre esos otros derechos», dijo Meléndez Juarbe.

«Yo diría que son derechos que, si la decisión de Alito se convierte en la opinión del tribunal, hay derechos que hay que proteger con particular énfasis, porque el lenguaje del tribunal abre muchas puertas. No voy a decir que están completamente amenazados, pero están sobre la mesa», agregó el profesor.

Independientemente de la decisión sobre el caso Roe v. Wade, ¿el derecho al aborto seguirá protegido en Puerto Rico?

En un hecho sin precedentes, un borrador de la opinión del juez Samuel Alito Jr del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se hizo público esta semana.

La veracidad del documento, que se expresa con dureza sobre Roe, un precedente desde 1973 o hace casi medio siglo, fue confirmada por el juez presidente John Roberts. El juez dijo que ordenó una investigación a la filtración, y calificó el acto como una traición.

Se trata de borrar "de un plumazo" un derecho en el cual descansan millones de personas desde hace décadas, dijo sobre una potencial revocación de Roe.

También, se trata de revocar un precedente que establecía un derecho, algo muy raro, dijo el profesor.

El precedente que recordó fue el de Lochner, de 1905, un caso que reconocía, bajo derechos económicos, que una empresa tenía libertad de contratar, anulando así unas leyes a favor de obreros de Nueva York. Esa decisión fue revocada por otra composición del Supremo federal, a favor de los derechos de los trabajadores, en 1937.

Una decisión, como la que proyecta el borrador, también afectaría la legitimidad del Supremo federal, aunque no se supone que el alto foro esté pendiente a esos factores, sostuvo el profesor.

«Lo haces para revocar un precedente firmemente establecido, y se percibe que lo hacen porque nombraron a tres jueces bajo la administración de Donald Trump; no por una realidad política, sino porque responde a tres personas nuevas, que llegaron con una agenda particular», comentó el profesor sobre la interpretación de parte de la ciudadanía

Es de esperarse, con la decisión que se proyectó en el borrador, que vengan casos futuros que traten de atacar esos otros derechos, indicó el profesor.

"Si algo se ha demostrado, es que los opositores a esos derechos civiles, han sido muy hábiles estratégicamente, pero han logrado litigios estratégicos al promover poco a poco su agenda, y nadie impediría que casos como esto se vayan socavando otros derechos hasta lograr otro resultado. Afortunadamente, en Puerto Rico tenemos una tradición de derecho a la intimidad muy profunda, que debemos usarla para plantear que esos otros derechos deben protegerse", sostuvo.

La firmeza de ese derecho a la intimidad en Puerto Rico, que está claramente en la Constitución contraria a lo que pasa en Estados Unidos, que surge de interpretaciones judiciales, es uno de los factores que protegerían el derecho al aborto en la isla, dijo Meléndez Juarbe, quien se suma al coro de voces que dicen que la revocación federal de Roe no criminaliza las terminaciones de embarazos en Puerto Rico.

El profesor recordó que el Código Penal autoriza los abortos en Puerto Rico cuando estos son mediante intervención médica, que la constitucionalidad de esa ley fue evaluada en el caso Pueblo v. Duarte de 1980, y que los Códigos Penales aprobados en 2004 y 2012 "se hicieron con esas interpretaciones".

La clínica pro bono Amicus Justiae, de la UPR, está compuesta de estudiantes de derecho bajo la dirección del profesor adjunto Luis Pellot y de Meléndez Juarbe, que busca promover la justicia social con un enfoque de dignidad humana.

"Lo que quisimos hacer es presentar al tribunal, además de argumentos a favor de las posturas que levantábamos, proveer información, contexto, porque a veces los tribunales no tiene toda la información de la mano y dependen de amigos de la corte para que tengan el contexto completo", dijo el profesor.