En el inicio de las vistas públicas conjuntas sobre el presupuesto para el año fiscal 2017-2018, los jefes del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) defendieron que el Estado utilice $9,562 millones con cargos al Fondo General para operar el Gobierno a partir del próximo 1 de julio.

Este es el primer presupuesto «base cero» que la Asamblea Legislativa evalúa en el marco de la Ley PROMESA y que fue certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 2 de junio. Asimismo, la evaluación del presupuesto se da justo cuando se dilucida en el Tribunal Federal un proceso solicitado por la JSF, en representación del gobierno, bajo el Título III de PROMESA. Posteriormente, la JSF hizo lo mismo con COFINA, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Sistema de Retiro de los empleados del gobierno. Como cuestión de hecho, el director de AAFAF Gerardo Portela Franco, informó que la JSF recibirá del erario entre julio 1 de 2017 y junio 30 de 2018, $60 millones mientras que AAFAF $90 millones.

El componente económico explicó en una ponencia que el presupuesto recomendado al Fondo General de $9,562 millones de ingresos netos se compone de $9,172 millones provenientes de rentas netas, $390 millones provenientes de la venta de activos o fondos disponibles de los sistemas de retiro del gobierno central, judicatura y maestros. El producto de la venta y los fondos disponibles se utilizará para subvencionar la modalidad del pago de pensiones, sistemas de Retiro del Gobierno Central y la Judicatura así como el de los Maestros. Este presupuesto representa un aumento neto de $575 millones en comparación con el presupuesto 2016-2017 que se debe a venta de ingresos no recurrentes, que están en el presupuesto consolidado.

El director de AAFAF informó que es para el presupuesto del 2020 que se contempla la reducción de un 10 por ciento en la pensión de las personas que reciben más de $2mil mensuales.

En cuanto al presupuesto consolidado de ingresos para el 2018 de $25,569 millones se divide de la siguiente forma (en millones):

• $9,172 (rentas netas del Fondo General),
• $390 (otras asignaciones del Fondo General),
• $6,371 (fondos federales),
• $2,037 (otros ingresos),
• $7,059 (ingresos propios),
• $515 (fondos especiales estatales)
• y $25 (préstamos y emisiones de bonos).

Los cambios más significativos del presupuesto consolidado de gastos del 2018 incluyen una reducción en los gastos de funcionamiento por $1,173 millones y $1,403 millones en la subvención a entidades gubernamentales. Los ejecutivos de gobierno alegaron que esas disminuciones se compensan con la nueva partida de gastos Pago de Pensiones que representa la conversión de los sistemas tradicionales de retiro, al pago de pensiones como subvención del Gobierno por $2,552 millones. Esta partida representa los pagos a todos los empleados retirados, al valor de sus pensiones actuales y se extiende a los retirados de los tres sistemas de retiro principal pero no incluyen a los de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

A tono con el presupuesto recomendado la Legislatura aprobó medidas que se espera recauden $924 millones. Además, el director de AAFAF proyectó que el Estado ahorrará $851 millones en reducciones al tomar en consideración Empleador Único, el congelamiento de «pay roll» y de beneficios marginales así como la congelación de gastos operacionales.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla Alvelo, comentó que la política pública de la presente administración es cumplir con el plan fiscal aprobado por la JSF en marzo pasado. Por esta razón, indicó que trabajaran un presupuesto "responsable que cumple con los gastos y que sea transparente" que no afecte los servicios al pueblo aunque advirtió que ahora mismo están en un proceso de transición por estar al marco de un Plan Fiscal. Todo esto, asumiendo el pago millonario de pensiones de los empleados públicos sin afectar a quienes aún trabajan y aportan a los Sistemas de Retiro.

En lo que respecta a la solicitud de la propia JSF de que la Asamblea Legislativa debe entregarles un presupuesto en o antes del 19 de junio, la senadora Padilla Alvelo comentó que las fechas "no están escritas en piedra".

En conferencia de prensa previa a la vista pública la senadora Padilla Alvelo dijo que es importante el análisis y la evaluación del presupuesto de gastos porque "hay una situación difícil económicamente y tenemos que buscar dónde tenemos que recortar entre partidas para cumplir con aquellas que posiblemente necesitan aumentársele pero eso no puede ser aumentar por aumentar porque tiene que haber unas justificaciones".

Por su parte, el representante Antonio Soto Torres explicó que es en las asignaciones especiales donde la JSF prestó particular atención por lo que solicitó revisar las que son discrecionales. "Dentro de esas asignaciones especiales hay gastos que son de funcionamiento de las agencias y hay otras que son de festivales, carnavales etcétera. Una de las inquietudes sensatas es que ante la situación de crisis que atraviesa Puerto Rico si las prioridades del gobierno deben ser otorgarle este tipo de aportación a festivales cuando hay unos servicios esenciales que se tienen que garantizar al pueblo", comentó.

OGP se comprometió en enviar en un máximo de 24 horas la cantidad invertida por el gobierno anterior en firmas dedicadas en la reestructuración de la deuda y compararla con el gobierno actual. También, hizo lo propio el titular de BGF pero sobre la deuda negociada con los bonistas y el dinero invertido por los municipios en el Banco. Según informó Sobrino Vega la deuda del BGF con los bonistas es de $4.7 mil millones mientras que tiene en liquidez entre $150 y $160 millones del dinero depositado por los municipios pero la acreencia relacionada al depósito es $300 millones.