Por Daniel Rivera Vargas

La pugna por el acceso de los residentes de Puerto Rico a beneficios de programas como los del Seguro Social Complementario no ha concluido con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Vaello-Madero, al menos según surge de las mociones de un caso relacionado a este tema y que aún está pendiente a resolverse en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

A la sombra de Vaello, nuevos argumentos en contra del discrimen del SSI en pleito federal

La semana pasada, en el caso de Emanuel Rivera Fuentes v. Administración de Seguro Social, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) insistió en que los residentes de Puerto Rico no deben recibir paridad en programas federales como el SSI, a pesar de nuevos argumentos relacionados al alcance de la ciudadanía americana de los puertorriqueños.

La administración Biden, representada aquí por el DOJ, describe prácticamente como muerta la demanda llevada por Rivera Fuentes y otros 12 demandantes a base de Vaello-Madero, la opinión del Supremo federal que reitera que no aplica en Puerto Rico el SSI, un programa que ayudaría en la Isla a sobre 300,000 personas de escasos recursos a recibir más de $500 mensuales.

«Ni la nueva reclamación de privilegios e inmunidades del demandante ni los nuevos párrafos misceláneos de su propuesta de enmienda establecen reclamaciones válidas de reparación o resucitan esta demanda después de la decisión de la Corte Suprema en Vaello Madero», reza el recurso de 11 páginas con las firmas de diversos abogados del DOJ como Daniel Riess y Daniel C. Luecke.

Los demandantes sometieron una enmienda a la demanda el 13 de mayo. El recurso se basa en parte en que bajo la opinión concurrente del juez Clarence Thomas en el caso Vaello-Madero se puede interpretar que si se argumentaba el caso bajo la premisa de que se trataba de un asunto de ciudadanía, el caso se podía resolver de forma diferente a como ocurrió. En Vaello-Madero, ocho de los nueve jueces revocaron al entonces juez de distrito Gustavo Gelpí y al Tribunal de Apelaciones de Boston, en opinión de Juan R. Torruella, de que SSI debía aplicarse a Puerto Rico.

Una enmienda a la demanda debe ser autorizada por el juez de distrito, y el juez le había concedido hasta el viernes al DOJ para expresarse sobre la petición de los demandantes.

En la respuesta del DOJ, se plantean varios argumentos en oposición a la demanda, siendo el primero que se presentaba cuando aún estaba vigente una orden de paralización de los procedimientos; pero también que se trata de un esfuerzo «fútil» a la luz de Vaello-Madero, que muchas de las enmiendas que se presentan fallan en elaborar «nuevos reclamos» o que se trata de usar fundamentos de la decisión del primer circuito en Vaello-Madero, esto a pesar de que fueron revocados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Uno de los argumentos nuevos es lo de la ciudadanía, bajo la cláusula de Privilegios e Inmunidades, según esbozado por el juez Clarence Thomas en Vaello-Madero, pero según DOJ los demandantes no someten precedentes para su postura, y en una cita al calce advierte que la opinión concurrente del juez Thomas «no constituye un precedente vinculante».

«Incluso si la jurisprudencia de Privilegios e Inmunidades tuviera cierta relevancia aquí, el Demandante no ha identificado ninguna decisión que sostenga que la elegibilidad para recibir los beneficios de SSI es ‘lo suficientemente básica para el sustento de la Nación… que entren en el ámbito de aplicación de la Cláusula de Privilegios e Inmunidades».

Mientras, la abogada que representa a los demandantes, Isabel Abislaiman, refutó esta madrugada los argumentos del DOJ. Según la moción de réplica a la oposición, sometida el 31 de mayo, en Vaello-Madero no se evaluaron los nuevos argumentos del recurso enmendado porque se trata de una alegación de que los derechos ciudadanos de los demandantes los protegen de la discriminación y que la cláusula territorial no reduce sus derechos constitucionales, y se plantea que Vaello no entra en estos temas.

«Vaello-Madero no fue decidido sobre la base de los derechos constitucionales de ciudadanía, privilegios e inmunidades de ciudadanos estadounidenses individuales. De hecho, la opinión mayoritaria en Vaello-Madero omitió el año 1917 (cuando se les otorga la ciudadanía americana a los puertorriqueños) de la cronología de hechos históricos relevantes... La óptica de la decisión, únicamente a través del estrecho lente de la Cláusula Territorial, se centró, en cambio, en la relación política entre entidades gubernamentales. Una narrativa judicial que omite que la ciudadanía de los demandantes es incompleta y unilateral. Los demandantes afirman que sus derechos como ciudadanos estadounidenses no son disminuidos por la Cláusula Territorial», reza parte de la réplica.

El recurso incluso denuncia que la posición del gobierno federal apunta a una decisión que defendía la esclavitud. «El razonamiento de los demandados vergonzosamente le da vuelta atrás a las manos del tiempo al análisis de Dredd v. Sandford, 1856, para distinguir entre los derechos de las personas y los ciudadanos, en orden para validar la esclavitud como ‘una larga práctica histórica», sostuvo.

La réplica también aborda que se deben revocar los casos insulares, como argumentó su concurrente, el juez Neil Gorsuch. «Ese es un cuestionamiento abierto para el Tribunal Supremo de Estados Unidos», se indicó.

Abislaiman también sometió una moción en la que pidió al juez del caso, Francisco Besosa, que levante la orden que paralizaba el caso en lo que se resolvía Vaello, lo que ya ocurrió.

Habla la abogada de los demandantes

Asimismo, en entrevista con Microjuris, Abislaiman lamentó la postura del DOJ. Dijo que el argumento de que las enmiendas no tienen mérito deja a un lado las necesidades de salud de los ciudadanos americanos discapacitados en Puerto Rico frente a los de otras partes de Estados Unidos.

 Es un planteamiento de «que el SSI en Puerto Rico no está suficientemente atado al bienestar de la nación para extender las protecciones de la ciudadanía (a los residentes de Puerto Rico) protegido por la Constitución», dijo Abislaiman. 

La abogada agregó que el recurso del DOJ «deja entrever que la administración Biden es de la opinión que la constitución no extiende ningún principio de igualdad a la ciudadanía de los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Yo lo encuentro hasta más cruel de las posiciones que ha asumido el gobierno anteriormente porque estos son persona que están hablando desde su capacidad como ciudadanos, están pidiendo la atención del gobierno directamente como ciudadanos».

"Siguen usando eufemismos para justificar el trato desigual", dijo Abislaiman.