Por Daniel Rivera Vargas

Representantes de la banca y de las personas que alquilan viviendas en Puerto Rico defendieron la decisión del gobernador Pedro Pierluisi de vetar la medida que establecía una moratoria de pagos a préstamos hipotecarios y arrendamientos durante emergencias.

Vetan proyecto de moratorias en desahucios

El veto del proyecto, el Sustitutivo de la Cámara de los proyectos 429 y 488 que contaba con el respaldo de legisladores de los cinco partidos políticos, coincidió con una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) que establecía que solo al Congreso y a las legislaturas estatales les correspondía aprobar moratorias para emergencias, y no a entidades como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El gobernador ha explicado que vetó la propuesta porque, a pesar de contar con una intención loable, se trata de un proyecto que «altera de forma irrazonable los derechos de los acreedores hipotecarios a hacer efectivos sus créditos y pudiera ser interpretada como una medida confiscatoria por mecanoscabar obligaciones contractuales«.

La presidenta de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Rosita Alicea, explicó a Microjuris que objetaron la medida porque los arrendadores también están pasando situaciones económicas difíciles, al igual que las personas arrendatarias, y hay personas que verdaderamente necesitan ayuda, y otras que abusan.

«Realmente la carga gubernamental no debe de ir dirigida al pequeño y mediano arrendador», dijo Alicea.

«¿Cómo es posible que mediante un proyecto de ley se quiera penalizar a otro sector que se está afectado? Es desvestir a un santo para vestir a otro, ayudas al inquilino, pero le creas una situación de desventaja a un arrendador. Regularmente la casa que alquila no es la casa principal, el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) no da moratorias, los servicios de energía, agua teléfono no da moratoria, el Fondo del Seguro del Estado para el empleado que mantenimiento no da moratorias».

En la asociación, afirmó Alicea, la mayoría de las personas asociadas son personas de la tercera edad, la mayoría son mujeres, que dependen de esas rentas para mantener a sus familias «y llevar comida a sus mesas».

Propusieron vales

Alicea destacó a Microjuris que durante el proceso de vistas públicas, se propuso que se estableciera un método de vales para atender estas necesidades, para lo que hay fondos federales disponibles.

«A ningún arrendador le interesa desalojar a un inquilino por falta de pago, a ninguno, pero no puedes tener a una persona un año sin pagarte renta porque tú tienes gastos por esa propiedad. ¿De dónde sacas ese dinero si no recibes ingresos?», sostuvo Alicea.

Mientras, la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), expresó a Microjuris que ese sector ha estado tratando de ayudas a las personas que se han visto afectadas recientemente.

«Es importante enfatizar que la banca no se beneficia de un proceso de ejecución y que es fundamental que los clientes que atraviesen alguna dificultad financiera se comuniquen con su banco de inmediato para notificar su situación y comenzar el proceso de evaluación y orientación", dijo Álvarez Rubio.

La licenciada Álvarez Rubio agregó que la banca comercial en la isla se mantiene siempre en fiel cumplimiento con los entes federales, las guías y reglamentos de los reguladores, inversionistas y mercado secundario.

«Desde marzo de 2020, la banca comercial en Puerto Rico, la banca hipotecaria y las cooperativas dieron un paso al frente ayudando a miles de clientes con la posposición de sus pagos. Todas las iniciativas de alivio económico otorgadas a los clientes bancarios han estado y están dirigidas a la retención del hogar y a que estos puedan retomar sus obligaciones financieras de la forma más sostenible posible«, sostuvo la abogada..

«Muchos de los programas y alternativas de alivio todavía continúan vigentes, incluyendo las moratorias hipotecarias hasta el 30 de septiembre», sostuvo.

Además, la abogada contó que, tanto el Departamento de la Vivienda como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cuentan con programas y ayudas para el pago de rentas o hipotecas atrasadas que comprenden hasta el pago de utilidades de la residencia principal.

También es importante recordar que las instituciones financieras cuentan con divisiones de Mitigación de Pérdida (Loss Mitigation) para asistir a los clientes que enfrenten una situación económica adversa que les impida cumplir con su obligación financiera, de acuerdo al tipo de hipoteca y producto de cada uno.