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Por Valeria Alicea Guzmán

El licenciado Carlos Chévere Lugo expresó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que atenderá un caso que busca terminar con un principio conocido como deferencia Chevron. 

El abogado explicó que es una doctrina legal que otorga amplios poderes a los reguladores federales. Aseguró que el caso Chevron v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 387 (1984) se convirtió en un pleito importante en el sistema legal de Estados Unidos y un precedente significativo en la interpretación de leyes y regulaciones por parte de agencias gubernamentales.

«La deferencia Chevron se refiere a la doctrina de la deferencia judicial otorgada a las acciones administrativas. En Chevron, la Corte Suprema estableció una prueba legal sobre cuándo los tribunales deben deferir a la respuesta o interpretación de la agencia, sosteniendo que tal deferencia judicial es apropiada cuando la respuesta de la agencia no era irrazonable, siempre que el Congreso no hubiera hablado directamente sobre el problema específico en cuestión», detalló.

Según Chévere Lugo, el alcance de la doctrina de deferencia Chevron es que, cuando una delegación legislativa a una agencia administrativa sobre un tema en particular es implícita, los tribunales no pueden sustituir su propia interpretación de la ley por una interpretación razonable hecha por la agencia administrativa.

«En cambio, como escribió el juez Stevens en Chevron, cuando el estatuto está en silencio o es ambiguo con respecto al problema específico, la pregunta para el tribunal es si la acción de la agencia se basó en una [interpretación] permisible del estatuto», agregó. 

Asimismo, el abogado informó que la deferencia Chevron requiere que la interpretación administrativa sea emitida por la agencia encargada de administrar el estatuto. Por tanto, mencionó que las interpretaciones de agencias no encargadas de la ley en cuestión no reciben deferencia judicial. 

Para que se otorgue la deferencia Chevron, el licenciado indicó que la interpretación de una agencia sobre un estatuto ambiguo debe ser permisible, lo que la corte definió como «racional» o «razonable».

«Al determinar la razonabilidad de la [interpretación] particular de un estatuto por parte de la agencia, la antigüedad de esa interpretación administrativa, así como la acción o inacción del Congreso en respuesta a esa interpretación en cuestión, pueden ser una guía útil, si el Congreso estaba al tanto de la interpretación cuando actuó o se abstuvo de hacerlo, y si la interpretación de la agencia no es inconsistente con el lenguaje», sostuvo.

La No-Delegación y el Principio Inteligible

Con relación a la doctrina de la no delegación, el abogado comentó que esta prohíbe al Congreso delegar su autoridad legislativa. 

«La doctrina se hizo cumplir en 1945 en dos casos, Panama Refining Co. v. Ryan y Schechter Poultry Corp. v. United States. El tribunal sostuvo en ambos casos que el Congreso delegó inconstitucionalmente su poder legislativo al ejecutivo en varias disposiciones de la Ley Nacional de Recuperación de la Industria. Desde entonces, [el Tribunal Supremo federal] nunca ha invalidado una ley aprobada por el Congreso con relación a la delegación inadmisible del poder legislativo», detalló.  

Aunque aclaró que el tribunal nunca ha rechazado formalmente la doctrina de no delegación, especificó que por lo regular declara que la delegación adecuada del poder del Congreso a una agencia administrativa requiere un principio inteligible que permita ejercer la discreción administrativa. 

Sin embargo, Chévere Lugo opinó que el tribunal parece estar dispuesto a crear un obstáculo que límite que el Congreso pueda transgredir en su delegación de autoridad para administrar agencias. 

«En los últimos años, la alta corte ha tomado una serie de casos que parecían augurar el fin de la deferencia Chevron, pero se ha retractado en el último momento en cada ocasión. Sin embargo, la mayoría de los casos lograron limitar el poder de los reguladores al rechazar sus interpretaciones legales. En junio pasado, por ejemplo, la corte decidió un caso relacionado con los reembolsos de Medicare en el que algunos conservadores y grupos empresariales habían instado a los jueces a anular Chevron«, compartió. 

Efectos de eliminar la doctrina

Entre las consecuencias que tiene el revocar la doctrina Chevron, el abogado destacó que complicaría la agenda legislativa del Congreso. En las últimas décadas, se ha visto la tendencia de que los legisladores redacten directrices generales para delegar los detalles técnicos a las agencias, aseguró.

También manifestó que los defensores de esta doctrina consideran que, de eliminarla, las agencias perderían el espacio necesario para elaborar políticas detalladas y responder a problemas que quizás el Congreso no anticipe o comprenda. 

«Los críticos sostienen que transferir tanto poder de elaboración de políticas a los burócratas viola la separación de poderes. Las regulaciones ambientales serían las que más se verían afectadas si se revoca el precedente de Chevron», afirmó.

La doctrina de Chevron ha demostrado ser una herramienta valiosa para garantizar una aplicación coherente y razonable de las leyes, al tiempo que respeta la experiencia y el conocimiento especializado de las agencias reguladoras. 

¿Por qué es importante mantener el precedente?

El licenciado concluyó que es fundamental mantener el precedente de Chevron en el sistema legal de los Estados Unidos por las siguientes razones:

• Proporciona una guía clara para la interpretación de estatutos ambiguos o poco claros. 
• Establece un enfoque de deferencia judicial a las interpretaciones razonables realizadas por las agencias especializadas. 
• Ayuda a evitar la incertidumbre y promueve una aplicación coherente de las leyes en todo el país.
• Reconoce la experiencia y el conocimiento técnico de las agencias reguladoras. 
• Promueve la separación de poderes y el equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
• Los tribunales conservan la capacidad de revisar las acciones de las agencias para garantizar que se mantengan dentro de los límites establecidos por el Congreso.