La jueza Laura Taylor Swain declaró nula la Ley Núm. 41-2022, mejor conocida como la nueva «Reforma Laboral», luego que la Junta de Supervisión y Administración Financiera cuestionó la legitimidad de la medida ante el Tribunal de Título III, decisión que fue descrita como histórica porque es la primera vez que se decide sobre un caso que afectaría a la industria privada.

La Reforma Laboral buscaba restituir y ampliar los derechos laborales aplicables a las y los trabajadores de la empresa privada que se habían perdido cuando se aprobó la Ley 4 del 2017, mejor conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral.

En entrevista con Microjuris el exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra Gutiérrez contestó algunas dudas que podrían surgir tras la decisión de la jueza, como el periodo probatorio que fue otorgado bajo la Ley 41-2022.

«Si el empleado pasó ya el periodo probatorio aunque la ley haya sido declarada nulificada, ya adquirió el derecho sobre todo si su contrato decía que el periodo probatorio era de tres meses. Si el empleado pasó el periodo probatorio, te puedo decir que adquirió los derechos», aseguró el también licenciado.

Además, el tribunal prohibió y ordenó permanentemente al Gobernador o a otras personas que estén en concierto o participación activa con el Gobernador a que tomen cualquier acto para ayudar a partes privadas a implementar o hacer cumplir la Ley 41.

«Habíamos dicho que la junta estaba invicta, así que era muy probable que iba a ganar. Lo impactante de la decisión quedo contestado que no importa que sea una ley que afecte el sector privado, el gobierno tiene que cumplir con PROMESA», dijo.

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En declaraciones escritas, el presidente de la Cámara, Rafael «Tatito» Hernández, sostuvo que «la Cámara de Representantes apelará esta injusta decisión contra los trabajadores del sector privado con nuestro equipo legal en Boston».

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La Junta de Supervisión inició el procedimiento el 1 de septiembre de 2022, alegando que el gobierno electo de Puerto Rico no podía implantar legalmente la Ley Núm. 41-2022 porque fue promulgada en violación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) y que las políticas de reforma laboral plasmadas en la Ley 41 eran inconsistentes con el plan fiscal certificado.

«La primera recomendación que le daría a los patronos es que examinen los pasos que dieron para implementar la Ley Núm. 41-2022. Por ejemplo, si enmendó sus políticas o reglamentos internos, para adoptar la Ley Núm. 41-2022 tienen que volver a enmendar esos documentos, si le interesa, para volver atrás». «Si tú no enmiendas tus manuales, vas a tener que reconocer lo que dicen tus manuales».

Específicamente, la jueza Taylor Swain concedió el reclamo de la Junta de Supervisión con respecto al Cargo II de la demanda y denegó el Cargo I de la demanda.

En el Cargo I, la Junta de Supervisión solicitó una orden conforme a las secciones 104(k) y 108(a)(2) de PROMESA que determine que la Ley 41 es nula porque la Junta de Supervisión ha determinado que perjudica y/o anula los propósitos de PROMESA.

«Es bien impactante el lenguaje de la jueza al final. Es una orden directa al gobernador, y cualquier persona que pueda tomar alguna acción para implementar la ley. Es una decisión bien aclara de que la ley es nula».

En el Cargo II, la Junta de Supervisión solicitó una orden que determine que la Ley 41 es nula porque el Gobernador no presentó un estimado formal y certificación según lo requerido por la sección 204(a)(2) de PROMESA y no cumplió con las instrucciones dadas por la Junta de Supervisión bajo la sección 204(a)(4)(B) de PROMESA.

El ente fiscal demandó al Tribunal de Título III en septiembre con el propósito de conseguir  la anulación de la Ley 41 de 2022.

Posturas encontradas

De acuerdo a la admiración del gobernador, Pedro Pierluisi, la Ley 41 no afectaba las operaciones del gobierno porque solo aplicada al sector privado.

Mientras, la postura de la Junta es que la Reforma Laboral no cumplía con el Plan Fiscal, y afectaría significativamente los recaudos del gobierno porque bajaría la actividad comercial del país.