El gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia por violencia mediante la Orden Ejecutiva 2021-013.

Descargue aquí la Orden Ejecutiva

Tal y como había adelantado, el primer mandatario declaró como política pública establecer, mejorar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer programas de servicios dirigidos a apoyar a las víctimas.

«La violencia de género es un mal social, basado en ignorancia y actitudes que no pueden tener espacio ni tolerancia en el Puerto Rico que aspiramos. Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, la falta de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia», sostuvo el gobernador.

La Orden Ejecutiva 2021-1, establece mecanismos puntuales como la designación de un Oficial de Cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de la orden.

La orden crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género.

Este comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien posee una maestría y doctorado de la Universidad Carlos Albizu, siendo su internado y tesis doctoral en violencia de género.

Otra de las disposiciones de la abarcadora orden, es que se ordena crear una aplicación de teléfono móvil que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor. Igualmente, cada agencia en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que identificar los recursos internos, fondos estatales y federales, externos disponibles para cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva, y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.

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