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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró esta semana dos vistas orales sobre dos casos que impugnan el programa de condonación parcial de préstamos federales, con varios de los jueces de la mayoría conservadora exponiendo reservas.

El programa de condonación parcial de préstamos del presidente de Estados Unidos Joe Biden es una propuesta para perdonar una cantidad significativa de préstamos estudiantiles federales pendientes para ayudar a aliviar la carga financiera de millones de prestatarios estadounidenses. El programa fue incluido en la plataforma de campaña de Biden y se espera que forme parte de la política económica de su gobierno.

En contra de la propuesta

El primer caso es Biden v. Nebraska, en el que seis estados impugnan que la administración usará, a través del Departamento de Educación federal, la ley Higher Education Relief opportunities for Students Act de 2003 (HEROES), que es para situaciones de emergencia, para condonar esas deudas.

El otro es Department of Education v. Brown, en el que dos personas con préstamos de Texas critican que no se les permite beneficiarse del programa porque no cumplen algunos criterios, Mira Brown no se beneficia porque sus préstamos son con entidades privadas (el plan Biden es solo para préstamos con el gobierno). Mientras, Alexander Taylor no cualifica porque no recibió un Pell Grant.

El Congreso

El juez presidente John Roberts argumentó que este tipo de iniciativa se trata de una «doctrina de cuestionamientos mayores» (major questions doctrine, en inglés), en el que se exige una clara autorización del Congreso.

Por su parte, el veterano juez Clarence Thomas también se enfocó en el tema del dinero que se perdona. «Esto es una condonación de deuda y por lo tanto debería pasar por la comisión congresional de apropiaciones (que evalúa el presupuesto federal)», dijo Thomas.

Roberts también argumentó que el alto foro toma muy en serio el tema de la separación de poderes para evitar actuaciones, como el uso de mecanismos administrativos para justificar actuaciones presidenciales.

Argumentos

Según la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, esta doctrina no aplica a un programa de beneficios, lo que fue cuestionado por el juez Samuel Alito, quien en un turno inquirió en qué se basaba la representante del gobierno para alegar que no aplicaba la doctrina de cuestionamientos mayores.

«Observadores casuales dirían que si vas a ceder tanto dinero en un asunto tan controversial entenderían que es un asunto en el que debería actuar el Congreso», sostuvo Alito.

«Entiendo que el Congreso se expresó aquí, y que odia hacer modificaciones en el contexto de una emergencia, como es con el Heroes Act», dijo la procuradora. «Este programa de perdón de deuda no es diferente a otros alivios bajo programas en el Heroes Act», añadió.

Mientras, el juez Brett Kavannaugh dijo que han visto casos similares, donde se usa una ley vieja con lenguaje general y como el congreso no lo aprueba, el presidente decide usar ese lenguaje.

Sin embargo, esta no es una apreciación compartida por la jueza Elena Kagan, quien entiende que hay estatutos congresionales confusos, y que este no era el caso, sino que ella entendía que Heroes Act concede suficiente espacio a la agencia para conceder la ayuda a los deudores de préstamos federales.

Prelogar entiende que la autoridad es clara a favor de la posición del gobierno. «Este caso es diferente… la ley Heroes es precisamente para dar una ayuda en medio de una emergencia», sostuvo Prelogar. El Congreso no enumeró ningún tipo de ayuda, y el que no tenga esa lista se puede interpretar como que querían que el secretario de educación tuviera suficiente flexibilidad para conceder ayudas».

Por otro lado, jueces del ala liberal del Supremo federal, como Sonia Sotomayor dijo que hay un sinnúmero de factores cuando se atiende el tema de la doctrina de cuestionamientos mayores.

Asimismo, se debatió si había jurisdicción para que el tribunal interviniera en el caso de los estados porque la jurisdicción la están extrayendo principalmente del estado de Missouri que tiene creada una entidad llamada Missouri Higher Education Loan Authority (Mohela), pero varios jueces cuestionaron porque la entidad, que tiene personalidad jurídica separada, no había comparecido al caso federal, cuando es la que en realidad sufre pérdidas.

Procurador general de Missouri

Más adelante, el procurador general de Missouri James A. Campbell, alegó que hay un interés residual del estado en los activos de Mohela y que la decisión de que no compareciera fue una «de política pública».

Campbell entiende que la administración Biden en realidad está aplicando este programa federal en una interpretación del Heroes Act porque fallaron en conseguir una ley congresional para perdonar préstamos.

«Esto no tiene precedente. Heroes nunca ha sido usado para perdonar un solo préstamo», dijo el procurador. «Luego de varios intentos en el Congreso, ahora aprueban este programa sin aprobación congresional» dijo Campbell.

A preguntas de Alito, Campbell expresó que está en juego la Doctrina de Cuestionamientos Mayores porque hay un atentado contra el balance de poderes. «La agencia está interviniendo en asuntos legislativos al borrar un trillón en deuda», dijo.

Prelogar hizo un llamado al final de la primera vista a favor de los beneficiarios de esta iniciativa. «Hay 50 millones de personas que se beneficiarán del programa de condonación parcial de préstamos y que muchos de ellos no tienen suficientes activos por la pandemia y no tienen ayuda para pagarlos. Muchos tendrán que caer en mora por no pagar sus préstamos. Ellos continuarán sufriendo esta pandemia».

Segunda vista en el Supremo

La segunda vista fue sobre el caso de los ciudadanos que quisieran ser condonados, pero que no cualifican bajo los parámetros establecidos por la administración Biden.

Nuevamente la posición del gobierno federal recayó en la procuradora general.

«El Congreso ya ha dicho (en el Heroes Act de 2003) que el secretario (de Educación) en medio de una emergencia tiene esta facultad de dar alivios, y el secretario actuó apropiadamente al darle este alivio», sostuvo Prelogar.

«El Congreso aprobó un estatuto, puede ser la correcta o incorrecta, pero es su decisión», dijo la jueza Kagan.

Asimismo, Neil Gorsuch cuestionó el pensar de la procuradora de si el secretario de Educación no solo debe balancear el beneficio de la persona a la que se le perdona, sino de los que no recibirán el dinero, pero la procuradora dijo que no lo entiende relevante en el contexto de esta ley.

«Hay grandes ganadores y grande perdedores si procede la propuesta de la administración», reconoció el juez Kavannaugh.

Mientras, John Michael Connolly, abogado de la parte demandante, dijo que la administración actuó «a puerta cerrada» para aprobar esta ayuda, y que debieron haberle dado paso a esta iniciativa mediante un estatuto que abriera el proceso que incluyera notificaciones y comentarios de la ciudadanía.

El letrado entiende que sus dos clientes se han visto afectados por la forma en cómo se implantó la ayuda porque uno de ellos no recibió nada y el otro solo recibió $10,000 cuando debía ser $20,000.

Sotomayor parecía no entender la postura del abogado por el riesgo que representa para su cliente. «Como único usted gana es si el programa cae por completo...Su cliente entonces no recibirá los 10,000 (en perdón de deuda), si prevalece, usted no recibe nada. No tiene sentido para mí».

Connolly alegó que su interés es que se derogue el programa de condonación parcial de préstamos, con la expectativa de que se vuelva a traer una iniciativa similar de perdón de préstamos, pero con un proceso de comentarios, que le abra la puerta a sus dos clientes de beneficiarse del incentivo, uno de los cuales no recibe nada y el otro solo recibió $10,000.

«Estamos tratando de detener este programa para que vaya por los canales apropiados... por eso los derechos procesales son especiales», sostuvo. «Esta corte debería decretar este programa como ilegal», afirmó.