La senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz —ambas legisladoras del Proyecto Dignidad—solicitarán al Tribunal de Apelaciones que revise la desestimación del juez Anthony Cuevas Ramos en el caso sobre el currículo con perspectiva de género.

Las legisladoras llegaron inicialmente al Tribunal de Primera Instancia (TPI) para cuestionar la ampliación del currículo con perspectiva de género mediante orden ejecutiva.

De acuerdo con Rodríguez Veve y Burgos Muñiz, la ampliación del programa educativo —mediante orden ejecutiva— usurpaba el poder de fiscalización que ellas tenían como miembros de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el juez Cuevas Ramos desestimó el reclamo de las legisladoras por entender que el gobierno y el Departamento de Educación tienen el poder y la discreción de expandir el programa de escuelas coeducativas.

El juez también determinó que las legisladoras no lograron demostrar cómo las órdenes ejecutivas representaron una intromisión a sus prerrogativas legislativas y estableció que las legisladoras no tenían legitimación activa o standing para llevar el reclamo.

Los argumentos que llegarán al Apelativo

El asesor legal y legislativo de la senadora Rodríguez Veve, el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, explicó a Microjuris.com el daño que reclamarán las legisladoras ante el Tribunal de Apelaciones.

Frontera Suau destacó que, entre los errores que encontraron en la sentencia, está que el juez Cuevas Ramos asume una interpretación muy amplia que —según su parecer— no concuerda con el propósito de la Ley para establecer escuelas coeducativas dirigidas a promover la equidad de género.

El abogado adelantó que las legisladoras aclararán que el artículo 4 de la ley de escuelas con perspectiva de género no se pueda leer en el vacío. Según Frontea Suau, se tiene que integrar una lectural del artículo 6 y de la medida en general.

El artículo 4 explica que el número de escuelas con perspectiva podía ampliarse a discreción del Departamento de Educación.

Sin embargo, el artículo 6 de la ley sobre escuelas con perspectiva de género estableció que a los dos años de la vigencia de las escuelas con perspectiva de género, el Departamento de Educación realizaría una evaluación de la efectividad del proyecto piloto y «presentaría a la Asamblea Legislativa sus hallazgos y recomendaciones sobre los próximos pasos para modificar o ampliar el programa».

Razón de ser del pleito: separación de poderes

El licenciado Frontera Suau explicó que la demanda es un ejercicio legal necesario ante un cuatrienio donde —según su parecer— se esperan más proyectos mediante órdenes ejecutivas.

«La Legislatura tiene que empezar a establecer límites», sostuvo el asesor legislativo.

El abogado destacó que es necesario delimitar los poderes y el alcance de las órdenes ejecutivas para mantener una buena práctica constitucional.

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