El juez Alfonso S. Martínez Piovanetti le puso luz roja a la demanda que presentó un grupo de madres y padres para que se paralizara la vacunación obligatoria como condición para el regreso a los planteles escolares.

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El juez Martínez Piovanetti concluyó que «los demandantes no han logrado acreditar que hubiesen sufrido un daño irreparable, ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la Orden Administrativa 2021-509 sean reales, inmediatos y precisos, por lo cual las demás causas de acción incluidas en la demanda sencillamente no son justiciables».

«El requisito de vacunación contra el COVID-19 para los estudiantes y empleados de las instituciones educativas es una medida necesaria para lograr el interés apremiante de garantizar la educación y salud pública, mitigar los efectos nocivos de la pandemia y alcanzar finalmente una inmunidad de rebaño en el País», sostuvo el juez en su determinación.

La sentencia también expone que «aunque el poder del gobierno no es irrestricto ni tan siquiera en un estado de emergencia como el que enfrentamos actualmente, reiteramos que el mandato de vacunación en estos momentos es un medio incluso menos oneroso para alcanzar estos objetivos gubernamentales en comparación con otras posibles alternativas».

«Al considerar en una balanza los daños alegados, los intereses involucrados de todas las partes y el bien colectivo de nuestra sociedad, procede denegar los remedios solicitados por la parte demandante», continuó la sentencia.

Desde las personas demandantes

Las madres y padres pedían un alto a la vacunación obligatoria «para preservar intactos los derechos fundamentales de los demandantes».

«La emisión de la OA pone en desventaja a los niños y personal docente y crea un trato desigual injustificado», señalaban las personas demandantes en solicitud de injunction provisional y permanente.

El abogado Adrián Díaz Díaz explicó previamente a Microjuris que las órdenes ejecutivas eran contrarias a derecho, porque no se siguió la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ni tampoco se cumple con un debido proceso de ley porque —según su parecer— se pretendió limitar derechos sin que la Legislatura haya intervenido en el proceso.

Ofrecen su versión opositores a la vacunación mandatoria