A partir de hoy a las 2:00 p.m. de la tarde se celebrará en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan la vista en torno a la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar presentada por varios estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), luego de que contrario a lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones, no se reestablecieran los accesos a la institución.

El pasado 5 de mayo de 2017, el Tribunal de Apelaciones dictó una Orden de Mandamus e Injunction Preliminar dirigida al Recinto de Río Piedras de la UPR, a través de su Presidenta Interina y Rectora Interina, sus empleados docentes y no docentes, estudiantes, contratistas y todos los miembros de la comunidad universitaria para que se restablecieran los accesos al Recinto no más tarde del 11 de mayo de 2017 a las 6 de la mañana.

Mediante una moción presentada el día 11 de mayo, los demandantes presentaron una serie de gestiones realizadas para cumplir con lo ordenado, e informando que a pesar de estas los portones continúan obstruidos. Asimismo informaron que de acuerdo a un plan establecido, el personal designado por la Rectora Interina (la Decana de Administración, la Directora de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias, Procuradora de Estudiantes y un representante de la Rectora), se presentaría en los portones de acceso al Recinto en compañía de oficiales de la División de Seguridad y Manejo de Riesgos (DSMR). Se seleccionarían aquellos puntos de entrada apropiados para lograr el acceso al Recinto según las circunstancias y se dialogaría con los estudiantes y empleados allí presentes sobre la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar. Se les advertiría también sobre las obligaciones que dicha orden impone a los miembros de la comunidad universitaria. El plan contemplaba también que la Junta Coordinadora de Seguridad (JCS) serviría de mediadora en esta situación.

«Según ha trascendido en los medios de comunicación, a pesar de lo dispuesto en la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida en este caso, los estudiantes que han decretado el paro que mantiene bloqueados los accesos al Recinto ratificaron el mismo y la estrategia de no permitir el acceso a sus facilidades en una asamblea celebrada el 10 de mayo de 2017», informaron los demandantes en la moción.

Además, informaron que los estudiantes en paro, los grupos de empleados y los profesores que lo apoyan, impidieron el acceso al Recinto y el restablecimiento de sus operaciones durante el día de hoy según lo ordenado, a pesar de todos los esfuerzos realizados para cumplir el mandato del Tribunal.

Con la moción acompañaron trece (13) declaraciones juradas de miembros de la comunidad universitaria, incluyendo profesores y administradores, que alegadamente documentaron diversos incidentes en los portones de acceso con las personas que impidieron su acceso al Recinto durante la mañana del 11 de mayo de 2017.

«Ante esta situación, hay que tener presente la realidad de que los demandados no cuentan con poder coactivo alguno para forzar a estos terceros a cumplir con lo ordenado. El uso de la Policía de Puerto Rico para este propósito está descartado porque la política pública expresa del Gobierno de Puerto Rico es que la Policía no intervendrá en este asunto si no hay delitos cometidos. Así ha trascendido públicamente y así se les ha notificado expresamente a los demandados», culminaron.