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La directora del proyecto de justicia trans del National LGBTQ Task Force en Washington D.C.,  Victoria Rodríguez Roldán, condenó la posibilidad de imponerle la pena de muerte a las dos personas acusadas por el asesinato de dos mujeres trans en Humacao, Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez.

A la misma vez, Rodríguez Roldán explicó a Microjuris.com que la aplicación de la Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr. es un avance a favor de la justicia penal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (USDCPR).

«Es muy bueno que estén aplicando la ley de crímenes de odio. Esa ley existe para cuando los estados y los territorios no están dispuestos a aplicar las protecciones», expuso la también abogada.

Sin embargo, resaltó que «hay que tener en cuenta la inmoralidad de la pena de muerte. La pena de muerte es el estado en su máxima hipocresía. En Puerto Rico hay un historial especial donde la fiscalía federal trata de traer la pena de muerte como una pluma para el sombrero. Esto es un asunto que se abolió desde 1927».

Las expresiones de Rodríguez Roldán surgen luego que la fiscalía federal del distrito de Puerto Rico radicara cargos por violación a la Ley de Prevención de Crímenes de Odio contra los dos hombres acusados de matar dos mujeres trans en Humacao, a la vez que adelantó que los dos hombres se exponían a la pena de muerte o a una sentencia de cadena perpetua.

La abogada puntualizó que los eventos que terminaron con la vida de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez visibilizan la vulnerabilidad de la comunidad trans en Puerto Rico.

«Esto no puede ser para darnos en la espalda y decir «el acusado está en la cárcel» porque eso no atiende la vulnerabilidad. Mas allá de la justicia criminal, que solo es útil después que el crimen ocurre, hay que tomar en cuenta las protecciones anti-discrimen. Sigue existiendo prejuicio contra la comunidad y existe una cultura que mira hacia el otro lado y esto aplica a todo tipo de violencia de género», sentenció.

Rodríguez Roldán resaltó que el National LGBTQ Task Force se ha sumado anteriormente a las cartas de organizaciones locales para que la policía «tome los casos en serio».

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