Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos divulgó en días recientes que este viernes, 7 de octubre se propone considerar si expide o no el certiorari en el caso Fitisemanu v. United States, que pide la revocación de la doctrina de casos insulares que avala el trato distinto a Puerto Rico en derechos, programas y beneficios en comparación con los estados.

El movimiento del Supremo surge en el expediente electrónico del caso Fitisemanu. Se informa escuetamente su distribución para conferencia de los jueces el 7 de octubre. Los jueces luego de este análisis podrían decidir si expiden o no el certiorari para ver el caso.

En el expediente electrónico del Supremo también surge que durante el día de hoy los abogados de los demandantes, ciudadanos de Samoa Estadounidense que reclaman que se les debe dar la ciudadanía estadounidense por nacimiento, elevan al Supremo la petición de que se revoquen los casos insulares.

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En declaraciones escritas, el demandante principal del caso, John Fitisemanu, quien dice que por no ser ciudadano ha sido privado de trabajos y del derecho al voto, reiteró su pedido de lo que entiende es justicia: «Estoy esperanzado que el Tribunal Supremo finalmente responderá a la pregunta de si las personas nacidas en territorios de Estados Unidos tienen derecho a la ciudadanía. Nací en suelo estadounidense como cualquier otro estadounidense, debería tener el mismo derecho a la ciudadanía que cualquier otro estadounidense. El Tribunal Supremo ha evitado responder a esta pregunta durante más de un siglo, eso es suficiente».

«Uno pensaría que en 2022 ya no estaríamos debatiendo la validez de los casos del Tribunal Supremo que etiquetaron a personas como yo como ‘salvajes’ y ‘razas alienígenas'», dijo Fitisemanu en relación a los casos insulares.

La organización Equally American, que ayuda a llevar el caso, recordó que los jueces del Supremo Neil Gorsuch y Sonia Sotomayor expresaron recientemente en el caso Vaello-Madero en el que ciudadanos pobres de Puerto Rico fueron privados de millones de dólares anuales, que tienen «la esperanza de que el Tribunal pronto reconozca que la aplicación de la Constitución nunca debe depender de … el marco equivocado de los Casos Insulares». El juez Gorsuch declaró que los casos insulares «no merecen ningún lugar en nuestra ley» porque «no tienen fundamento en la Constitución y se basan en cambio en el estereotipo racial». La jueza Sotomayor enfatizó que los casos insulares «se basan en creencias odiosas e incorrectas».

«Durante demasiado tiempo ha habido incertidumbre sobre si las personas nacidas en territorios de ultramar tienen el derecho constitucional de ser reconocidas como ciudadanos estadounidenses, y si los controvertidos casos insulares siguen siendo ‘buena ley'», expresó Neil Weare, presidente y fundador de Equally American a través de un comunicado de prensa.

Mientras, en el recurso sometido hoy ante el Supremo federal, los demandantes instaron al alto tribunal a no preocuparse de que la ciudadanía estadounidense atente contra la cultura de Samoa Estadounidense porque esto no ha ocurrido en ningún territorio.

Asimismo, los abogados de Fitisemanu aseguran que el gobierno federal no hace esfuerzo alguno por defender los casos insulares ante el Supremo, pero si insiste en ellos en tribunales federales inferiores.

"El intento del gobierno de no reclamar los casos insulares en este Tribunal, preservando al mismo tiempo su capacidad de presionarlos como vinculantes ante tribunales inferiores, es una razón de peso para conceder la revisión (del certiorari)", reza parte de la peticion de 19 páginas de Fitisemanu.