Para la licenciada Verónica González Rodríguez, Puerto Rico ha sido una jurisdicción de avanzada con relación a la protección del medio ambiente.

«Con esto quiero resaltar la cláusula de protección ambiental que está en nuestra Constitución desde el 1952, mucho antes que muchos países. Igual que tenemos una ley de política pública ambiental, que no solo obliga la evaluación de impactos ambientales para las actividades del gobierno sino que también incorpora aspectos fundamentales del derecho internacional», expresó la abogada de Asistencia Legal PR.  

Sin embargo, compartió que es difícil escapar la sensación de que tal vez la tendencia ha sido retroceder y reducir esas protecciones que se habían ganado en décadas anteriores. "En parte justificado por la crisis económica y la crisis de austeridad", añadió.  

Comentó que la respuesta del gobierno ante la crisis económica ha sido hay que flexibilizar y hacer más sencillo el proceso para obtener permisos de construcción y usos, desde que se aprobó la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos en 2009.

González Rodríguez destacó  que la flexibilización de los procesos se ha traducido en la reducción de espacios de participación ciudadana, y en disminuir recursos a las agencias, lo que provoca que los análisis sean menos completos. 

«Las agencias tienen menos recursos para implantar sus normas y asegurarse de que se cumplan sus normas una vez dan un permiso y eso eventualmente conlleva a una mayor degradación de espacios naturales y espacios comunes», aseguró. 

En ocasiones, según la abogada, se piensa la protección del medio ambiente como un obstáculo de desarrollo económico, como un asunto que se debe superar y poner trabas.

Para derribar los mitos, la licenciada indicó que los grupos ambientalistas resaltan el  desarrollo sostenible que, además de beneficiar la economía, es un medio que protege y asegura el ambiente. 

Las consecuencias de no proteger el ambiente podrían ser nefastas porque se pierden recursos naturales, la materia prima y afecta la salud de las personas y de las comunidades. "No hay desarrollo que tenga impacto económico y supere esas pérdidas", aclaró.  

El efecto de no conservar el ambiente se manifiesta de distintas formas al considerar la situación social y económica, la raza, el género o la edad de las personas. 

"Por ejemplo, si vives cerca de una planta que contamina el aire. La contaminación te puede quitar hasta 10 años de vida. Una persona con recursos económicos puede mudarse de allí, pero una persona que no pues probablemente no tenga esa opción", explicó. 

Con relación a las construcciones en las playas y costas en la isla, sostuvo que por mucho tiempo la política ha sido permitir construcciones que están o colindan en zonas marítimo terrestres. 

"En gran medida porque el concepto de zona marítimo terrestre tiene más de 100 años y no está pensado para proteger el medio ambiente. Es un uso que le damos ahora. Esa idea de que era necesario o deseable que los edificios estuviesen alejados de las costas es relativamente más reciente", informó. 

¿Qué se debe hacer?

La licenciada González Rodríguez dijo que el problema no es la falta de consciencia, aunque la educación siempre es una herramienta valiosa e importante.

«Las personas a veces intentan reciclar lo que no pueden reciclar, reclaman las playas como suyas como un bien de dominio público. La gente tiene un interés y una visión de un  Puerto Rico verde y de mantenerlo así», afirmó.  

«Se necesita que el gobierno lo haga posible y fácil. […] Los mecanismos para lograr que esa consciencia prevalezca y que se tomen decisiones basados en eso cada vez es más difícil», compartió.  

Para mitigar la situaciones en las playas y costas de Puerto Rico, la abogada resaltó lo siguiente:

• No expandir la huella construida: Detener construcciones que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente y las costas. 
• Repensar cómo nos vamos a volver a relacionar con las costas: Cómo podemos establecer una política pública que sea protectora del medio ambiente y reconozca y mantenga ese dominio público para la población. Además, que se tenga en consideración que el cambio climático va a ocurrir.