La Comisión Europea en Bruselas anunció esta semana la apertura de 40 procedimientos contra 19 países por violar el derecho de asilo ante la crisis de refugiados en ese continente.

Según una lista de las infracciones que fuera publicada junto al anuncio tres de estos procedimientos afectan particularmente a España. Todos los casos podrían culminar con sanciones para los Estados si se demostrara finalmente que en efecto violaron ese derecho.

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Aunque la mayoría de los casos están en una etapa preliminar, Bruselas envió una carta a España —el segundo paso en el proceso de infracción— solicitando que se explique por qué no se ha informado como se han ajustado las leyes en ese país para añadir la directiva de cualificaciones. Esta directiva armoniza condiciones de protección tales como la no aplicación de las devoluciones en caliente, los permisos de residencia o el acceso a una residencia. Según surge de un artículo en el diario El País, España debió haber aplicado esta directiva desde diciembre del 2013.

Los otros dos procedimientos (primera fase) se comenzaron por la falla de ese país de aplicar las normas europeas en procedimientos de asilo (reglas sobre cómo solicitarlo) y en condiciones de atención a los solicitantes de refugio (acceso a la alimentación, a la educación, al sistema sanitario).

La preocupación de la Comisión es la problemática de que los problemas aparentan no ser aislados. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, explicó que solo cinco Estados miembros han aplicado correctamente las directivas de asilo.

Los otros países contra quienes se han comenzado procedimientos son Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Suecia. Dinamarca, Irlanda y Reino Unido no están afectados, ya que no participan del sistema europeo en lo referente al derecho de asilo.

Los Estados miembros tendrán dos meses para alegar. Si la Comisión no estuviera conforme con lo alegado, enviará un segundo documento de defensa. Si esta fase no fuera satisfactoria, el tribunal de Luxemburgo decidirá.

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