El legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció que la Comisión de Derechos Civiles acogió la querella solicitada por éste para investigar las declaraciones de la Superintendente de la Policía a los efectos de que la uniformada mantiene un monitoreo de las redes sociales de manifestantes y grupos que participarán hoy del Paro Nacional.

«Hemos recibido su solicitud de investigación sobre acciones anunciadas públicamente por la Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández Fraley a los efectos de monitorear las redes sociales de grupos e individuos que habrán de participar en la marcha convocada para el 1 de mayo de 2017. A tales efectos, le informamos que la Comisión de Derechos Civiles acordó acoger su solicitud de investigación, por lo que se le ha asignado el número de querella 2017-04-16861», reza parte de la carta dirigida a Márquez Lebrón y firmada por la Lcda. Georgina Candal Segurola, presidenta de la entidad.

El viernes pasado, Márquez Lebrón, en unión al Senador del PIP, Juan Dalmau Ramírez, condenaron las expresiones de la Superintendente.

«Desde hace años, gracias al esfuerzo y la lucha del independentismo, los tribunales en Puerto Rico declararon inconstitucional la nefasta práctica del carpeteo. Con esta confesión la Superintendente está reviviendo una práctica ilegal, violatoria de los derechos humanos y civiles de miles de manifestantes. Además, sus órdenes de monitorear a los ciudadanos son una admisión y una violación a las sentencias y a la jurisprudencia que condena esta práctica que por décadas realizó ilegalmente la Policía. Se trata de una nueva y condenable modalidad de persecución y carpeteo en pleno siglo 21», expresó entonces el Portavoz del PIP en la Cámara de Representantes.

Por su parte, Dalmau Ramírez reiteró la advertencia que consignó durante su oposición al nombramiento de la Superintendente sobre la peligrosidad de su visión militarizada de la Policía y su historial en la práctica del espionaje cibernético.

«Hoy vemos las consecuencias de su designación cuando comunica una visión punitiva y cuasi militar hacia aquellos que protestan políticas gubernamentales dañinas para el país. Su admisión de que se están tomando videos, fotografías, y archivando expresiones realizadas en las redes sociales a personas u organizaciones que anticipan participar de protestas legítimas contra las políticas económicas y laborales de la actual administración constituye una práctica de espionaje cibernético» sentenció el portavoz senatorial del PIP.

Además de complacidos con la determinación de la Comisión de Derechos Civiles de dar paso a su querella e iniciar una investigación, ambos líderes independentistas expresaron que estarán realizando el seguimiento correspondiente hasta que el organismo concluya la misma.