El 22 y 29 de marzo del 2016, el Tribunal Supremo federal se dividió en igual número de jueces en dos casos, por lo que el máximo foro judicial no pudo dirimir dichas controversias. Por consiguiente, cuando esto sucede persiste la decisión judicial del tribunal inferior y la decisión del Supremo federal no establece precedente alguno. Esto levanta preocupaciones sobre los casos más importantes del presente término de la corte, que usualmente son decididos en votaciones divididas en 5-4 durante los últimos días del mes de junio.

Aunque el Presidente Barack Obama nominó al Juez Presidente del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de D.C., Hon. Merrick Garland, surgen dudas si dicho nombramiento podrá ser llevado a votación al Senado federal durante el presente año de elecciones. No cabe duda que las dinámicas y las estructuras internas del Tribunal Supremo federal están siendo desafiadas sólo con la presencia de 8 jueces.

Por otro lado, también se afecta la expectativa de las partes que acudieron al Tribunal Supremo federal para que sus pleitos fueran dirimidos en sus méritos. Es importante destacar que el Supremo Federal determinó acoger dichos casos entre miles de solicitudes anuales de revisión judicial, lo que sucede con menos del 1% de las solicitudes de certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Los casos en que el Tribunal Supremo federal se dividió en igual cantidad de votos fueron:

1. Friedrichs v. California Teachers Association
Se sostiene la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, que estableció que no viola la Primera Enmienda Federal ( cláusula de libertad de expresión) el que una unión de trabajadores públicos puedan requerir el pago de cuotas a para cubrir los costos incurridos en negociaciones de convenios colectivos y por los beneficios, aunque dichos empleados públicos no pertenezcan a la unión de trabajadores. El razonamiento subyacente de la decisión es que, aunque dichos empleados no están afiliados a la unión de trabajadores, estos reciben y disfrutan los beneficios obtenidos por la unión.

2. Hawkins v. Community Bank of Raymore
Se sostiene la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuit que determinó que no procedían los argumentos de las socias de una corporación de desarrollos de residencias que alegaban que el banco les había requerido liquidar las garantías de un préstamo que no se había pagado, porque estas estaban casadas con su respectivos esposos en violación de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito («Equal Credit Opportunity Act» – ECOA). El Octavo Circuito confirmó una decisión del Tribunal de Distrito que concluyó que, para propósitos de dicho estatuto federal, los garantizadores del préstamo en el presente caso no estaban cobijados por la definición de «solicitante» ("applicant") y por consiguiente, el banco no violó la ECOA.

Reseña por Joel Pizá Batiz