Un comerciante y un artesano de Cabo Rojo presentaron una demanda contra el Municipio de Cabo Rojo, solicitando al Tribunal que emita un interdicto provisional para que impida que se ponga en vigor una ordenanza que establece un programa de reciclaje.

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Según la demanda, el municipio de Cabo Rojo aprobó una ordenanza que establece un programa de reciclaje que incluye venta de bolsas plásticas especializadas para el recogido, manejo y disposición de desperdicios no peligrosos, con un costo particular, sin haber realizado vistas públicas para que residentes y comerciantes pudieran expresar su sentir.

Estas bolsas plásticas, tema que es la controversia más importante del programa, serían adquiridas en establecimientos participantes en todo el municipio y tendrían un costo de $1.75-$1.99 por las de 15 galones y $3.40 – $3.90 las de 30 galones. Otras bolsas requeridas tendrían un precio de $5.00 a $6.00 dólares.

Otra situación que preocupa a los demandantes es que la ordenanza contiene incluso una cláusula penal para quienes no cumplan con la ordenanza, estableciéndolo como delito menos grave con pena de cárcel de no más de seis meses y multas de entre $100.00 dólares a $1,000.00 dólares.

De acuerdo a la Ley de Municipios Autónomos, los municipios pueden imponer tarifa por el manejo de desperdicios sólidos en sectores residenciales. Sin embargo, deben realizarse vistas públicas antes de la aprobación de dicha ordenanza. Las vistas tienen que ser en una hora y lugar accesible a la comunidad.

«Según se ha mencionado antes, todos los demandantes son residentes de Cabo Rojo y por ende, les aplican las disposiciones de la Ordenanza #26. Esto significa que, desde la entrada en vigor de dicha Ordenanza en adelante, se verán obligados a pagar por el costo de las bolsas plásticas y/o pagar la tarifa fija que allí se autoriza imponer. Esto significará que tendrán que desembolsas una cantidad sustancial de dinero mensualmente para la compra de dichas bolsas para que le recojan su basura. De incumplir con las disposiciones de la Ordenanza #26, se exponen a multas y/o acusaciones de delitos. Por tanto, los demandantes no solo están expuestos a sufrir un menoscabo sustancial en su patrimonio, sino que además estarán expuestos a multas y acciones criminales en su contra para compelerlos a cumplir con una ordenanza nula», señala la demanda.

Los demandantes argumentan que de no paralizarse dicha ordenanza, tendrá un impacto económico sustancial y negativo en toda la población.