Por Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública de Espacios Abiertos

Los resultados de las elecciones a mitad de término en Estados Unidos todavía están llegando mientras escribimos este CNE Review, pero el panorama general está bastante claro.

Aparentemente, los demócratas perderán el control de la Cámara de Representantes. Al otro lado del Capitolio, al contrario de lo esperado, los demócratas han logrado ganar por escasos márgenes en Arizona y Nevada. En Georgia, habrá una segunda elección el 6 de diciembre.

Por lo tanto, ahora mismo los demócratas controlan 50 escaños del Senado y los republicanos 49. Ese margen es suficiente para controlar el Senado, dado que la vicepresidenta Harris votaría para deshacer cualquier empate a favor de los demócratas. Sería un error, sin embargo, pensar que la elección en Georgia no importa.

De hecho, teniendo en cuenta lo reñidas que han sido las elecciones de mitad de término y las arcaicas reglas del Senado, supondría una diferencia significativa.

En lo inmediato, es decir, antes de que termine 2022, las prioridades legislativas federales para Puerto Rico son:

Medicaid: La participación federal en el financiamiento del programa Medicaid de Puerto Rico está programada para disminuir del 76% al 55% el 16 de diciembre. Es imperativo para la estabilidad fiscal de Puerto Rico y el funcionamiento adecuado del programa de Medicaid de la isla que este escenario no ocurra.

Financiamiento para asistencia de desastres por el huracán Fiona: La Administración Pierluisi ha estimado preliminarmente los daños causados por el huracán Fiona en aproximadamente $10,000 millones. Ese dinero tendría que ser asignado por el Congreso, esperemos que a través de la esperada ley suplementaria de asignaciones de emergencia que se retomará durante la sesión del Congreso saliente.
Implicaciones más abarcadoras para Puerto Rico

Dado el nuevo balance de fuerzas en Washington, la estrategia de Puerto Rico en Washington D.C. tendrá que pasar de buscar la paridad en el financiamiento federal de programas como Medicare y la Seguridad de Ingreso Suplementario, a defender lo que ya hemos logrado.

Por ejemplo, se espera que la representante Cathy McMorris Rodgers (WA) se convierta en la presidenta del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que tiene la principal jurisdicción sobre Medicaid.

Ya ha manifestado su oposición a una interpretación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid («CMS», por sus siglas en inglés) de la legislación de 2019 que brindó un aumento significativo del límite en el financiamiento federal de Medicaid para los territorios para el año fiscal 2020 y el año fiscal 2021. La interpretación de los CMS extendió el límite de financiamiento más alto de Medicaid más allá del año fiscal 2021. Como presidenta del Comité de Energía y Comercio, puede retar la interpretación de los CMS y probablemente tratar de reducir los fondos disponibles para el financiamiento de Medicaid en Puerto Rico.

También se espera que el Congreso aborde en algún momento de la primavera del año que viene un enorme proyecto de asuntos agrícolas de cinco años de duración, que abarcará desde los subsidios a los agricultores hasta la asistencia nutricional. El principal objetivo de la política respecto a la Ley Agrícola del gobierno de Puerto Rico y de muchas ONG de la isla es buscar una transición del actual Programa de Asistencia Nutricional al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de ámbito nacional, conocido como SNAP.

La transición al SNAP implicaría un mayor financiamiento de asistencia nutricional, así como otros beneficios, para Puerto Rico. A pesar de que la nueva mayoría que se espera en la Cámara de Representantes representa sin duda un reto, CNE y otras ONG seguiremos abogando por esta causa con la ayuda de nuestros donantes.

Sin embargo, sería un error pensar que no hay espacio para que Puerto Rico obtenga algunas victorias en el ámbito de la política pública federal. Esas victorias de política pública pueden lograrse si las organizaciones de abogacía y el gobierno de la isla se adaptan a la nueva realidad de Washington. Esa adaptación implica aprender a jugar a la política intersticial, navegando entre las facciones más extremas de ambos partidos y manteniéndose alejado de ellas, mientras se acercan a los miembros de ambos partidos que están más cerca del centro. Es cierto que se trata de un espacio político reducido, dada la composición prevista de ambas cámaras, pero es ahí donde es más probable que se produzca cualquier acuerdo entre la Administración Biden y el Congreso.

La política pública exitosa bajo el nuevo balance de poder en Washington D.C. también implicará aprender y usar un nuevo lenguaje para comunicar nuestro mensaje en el Capitolio. El hecho de que el 55% de los votantes puertorriqueños en Florida hayan votado por el gobernador De Santis indica que la comunidad puertorriqueña en el estado se ha diversificado ideológicamente y no es reflexivamente liberal o progresista. Ese cambio político podría ser muy útil a la hora de acercarse a los senadores Rubio y Scott o a los miembros de la delegación de Florida en la Cámara.

Estas nuevas condiciones probablemente incomoden a mucha gente en Puerto Rico y quizás con razón. Pero realmente no tenemos otra opción dada la naturaleza de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos; nuestra representación nominal en el Congreso; la nueva dinámica política en Washington; y las grandes necesidades económicas y sociales de Puerto Rico. Adaptarse a las nuevas condiciones políticas en Estados Unidos es la única estrategia que probablemente tenga éxito para evitar dos años de estancamiento y lograr algunas victorias políticas en Washington.

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