Por el Lcdo. Carlos J. Sagardía Abreu

La decisión emitida el caso de Dobbs constituye un grave retroceso en el rol histórico de Tribunal Supremo de los Estados Unidos como garante de las libertades individuales que deben amparar a todos los ciudadanos en su travesía de vida dentro de la Nación, y en la búsqueda de la felicidad que la Constitución reconoce como crucial en el experimento social estadounidense.

Durante mi formación como abogado, entendí que la Corte Suprema de la Nación era el sitial de la (i) democracia; (ii) equidad; (iii) justicia sustancial; y, más importante aún, y (iv) creación y expansión de nuestros derechos constitucionales. La más Alta Curia era el lugar donde se garantizaba el amparo y el bienestar colectivo por encima del culto ideológico.

En esa línea, aprendimos que la Corte Warren, en referencia al ex juez presidente Earl Warren, quien ocupó la silla desde el 1953 al 1969, y quien tenía un trasfondo Republicano, fue crucial en eliminación de la segregación racial en las escuelas, liberalizó el derecho a la intimidad y los derechos reproductivos de las mujeres, expandió los derechos de los acusados en el insigne caso de Brady v. Maryland, formuló la doctrina de las advertencias de Miranda, y fortaleció significativamente la libertad de expresión y prensa en el emblemático caso de NY Times v. Sullivan. La Corte Warren, en su proceso adjudicativo, descartó la primacía de los dogmas estrictos y/o técnicos de hermenéutica legal, y priorizo los principios éticos y la intuición para impartir justicia. Sus dictámenes generaron una revolución Constitucional en nuestra nación.

Más de medio siglo luego, la Corte Roberts, si es que así se puede denominar todavía, se encuentra enfrascada en una misión de aniquilación judicial del derecho a la intimidad y la libertad individual de las mujeres. La decisión en Dobbs es el reflejo inequívoco del peligro que genera la invasión del extremismo ideológico en la Rama Judicial. No existe fundamento de derecho, ni análisis del pasado histórico de la Constitución, que justifique el que nuestro Tribunal Supremo de los Estados Unidos se haya convertido en el enterrador del derecho a que las mujeres tengan total autonomía y/o control sobre sus cuerpos. Resalta también que quienes exponen tan enérgicamente que el Gobierno debe ser limitado en muchos aspectos, sean quienes promueven que el Estado pueda prohibir el control del cuerpo humano en las circunstancias más personales e íntimas que se puedan imaginar en la conducta humana.

El episodio que vivimos es trágico y motivo de alta alerta. La libertad individual, no solo de las mujeres, sino de todos, está al asedio por un grupo de Jueces cuyo extremismo ideológico va por encima de la democracia y de los derechos individuales. Justificar su raciocinio bajo el pretexto de que se trata de un asunto de los Estados, es solamente parte de la estrategia. Esperamos las consecuencias políticas de este atentado le revienten en la faz a sus propulsores.

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