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Por Lcdo. Hans E. Riefkohl Hernández

La crisis de opioides ha provocado que el Tribunal Supremo de Estados Unidos («TSEU») acepte atender una de las controversias más importantes en el derecho de quiebras en los últimos años: ¿si el Código de Quiebras permite que un plan de capítulo 11 conceda una liberación (release) a terceros de reclamaciones directas sin el consentimiento de los reclamantes?

Hechos y la cláusula de liberación en controversia

La controversia surge en el contexto de la quiebra de Purdue Pharma L.P., entidad a la cual se le imputa haber contribuido—o, inclusive, ocasionado—la crisis de opioides a través de un mercadeo agresivo y engañoso de OxyContin. Los principales acreedores de Purdue son víctimas de la crisis y entidades públicas, tanto estatales (incluyendo al Gobierno de Puerto Rico) como municipales.

Estos acreedores también han reclamado contra miembros de la familia Sackler, muchos de los cuales fueron oficiales y dueños de Purdue mientras esta incurrió en la conducta por la cual hoy se le reclama. Los Sackler retiraron alrededor de $11,000,000,000 de Purdue previo a la quiebra. Se estima que las reclamaciones contra la familia exceden los $40,000,000,000,000, mientras que los activos de esta en Estados Unidos rondan $1,000,000,000, luego de transferir la mayor parte de sus activos a fideicomisos y estructuras similares en el extranjero.

Por esta razón, los Sackler exigieron la inclusión en el plan de reorganización de Purdue de una cláusula de liberación no consensual de todas las reclamaciones contra ellos que estén relacionadas con Purdue, tanto de reclamaciones que son «derivativas» de reclamaciones del o contra el deudor (lo cual es normal, ya que se entiende que estas pertenecen al caudal de quiebras), como de reclamaciones directas de terceros contra los Sackler (lo cual no es normal, ya que no pertenecen al caudal) (la «Cláusula de Liberación»). A cambio, estos se comprometieron a aportar poco más de $4,000,000,000, dinero que iría a las víctimas al igual que a programas de prevención y rehabilitación. Esta suma creció a $6,000,000,000 luego de que el tribunal de distrito rechazó el acuerdo.

Argumentos de las partes: los recurridos

Los defensores del plan—Purdue, los Sackler, y las víctimas—levantan razones de política pública al igual que argumentos legales para justificar la permisibilidad de la Cláusula de Liberación.

Sobre las razones de política pública, estos argumentan que se debe respetar la voluntad de la gran mayoría (97%) de los acreedores que están a favor del plan. Estos sostienen que, si no se liberan todas las reclamaciones, tan solo una que prospere contra los Sackler puede dejar al caudal de quiebras de Purdue sin activos, ocasionando que el resto de las víctimas y otros acreedores no cobren ni un centavo. Esto se debe, en parte, a que existe un acuerdo de indemnización entre Purdue y los Sackler (lo cual es común entre oficiales y directores y las entidades para las que trabajan), en virtud del cual las reclamaciones contra los Sackler pueden terminar siendo reclamaciones contra Purdue.

En términos generales, los defensores también apuntan a que las cláusulas de liberación no consensual de reclamaciones de terceros han sido permitidas por los tribunales de quiebras por más de treinta años (con excepción de aquellos tribunales en el quinto, noveno y décimo circuito donde no están permitidas), facilitando aportaciones a planes de reorganización que han permitido que los acreedores—en ocasiones víctimas inocentes como en el caso de los Boy Scouts—recuperen una mayor parte de sus acreencias que lo que hubiese sido posible sin las cláusulas de liberación en controversia.

En derecho, los defensores del plan—y el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito—sostienen que la Cláusula de Liberación es permitida por las secciones 105(a) y 1123(b)(6) del Código de Quiebras.

En lo pertinente, la sección 105(a) dispone que «el tribunal podrá emitir cualquier orden, proceso, o sentencia que sea necesaria o apropiada para ejecutar las disposiciones del [Código de Quiebras]». 11 U.S.C. §105(a). En el pasado, algunos tribunales interpretaron esta disposición como una fuente independiente de autoridad para hacer justicia o cumplir con los propósitos del Código. Sin embargo, en Law v. Siegel el TSEU aclaró que esa disposición no permite que un tribunal de quiebras contravenga mandatos explícitos de otras disposiciones del Código. Law v. Siegel, 517 U.S. 415, 421 (2014). El efecto práctico de Law ha sido que los tribunales de quiebras tratan de no descansar exclusivamente en la sección 105(a) para justificar una orden y buscan otra disposición del Código que autorice su actuación.

Por otro lado, la sección 1123(a), provee una lista de disposiciones que un plan bajo el capítulo 11 tiene que incluir. 11 U.S.C. §1123(a). En cambio, la sección 1123(b) establece ejemplos de disposiciones que un plan puede incluir y, al final, dispone que un plan puede "incluir cualquier otra disposición apropiada que no sea inconsistente con las disposiciones aplicables del [Código de Quiebras]". 11 U.S.C. §1123(b)(6).

Argumentos de las partes: los peticionarios

Los que se oponen al plan—el U.S. Trustee y una madre de una víctima de la crisis de opioides—también levantan razones de política pública y argumentos legales para que el mismo se deje sin efecto.

Por un lado, el U.S. Trustee sostiene que la liberación le confiere a los Sackler el equivalente a un descargo (discharge) sin que estos hayan presentado una petición de quiebra o hayan cumplido con las obligaciones que el Código le impone a un deudor como condición para obtener un descargo (principalmente hacer disponible todos sus activos no exentos y divulgar cierta información financiera). Inclusive, argumenta que la liberación de los Sackler excede lo que estos conseguirían en una quiebra, ya que se les está liberando de reclamaciones por fraude, cuando este tipo de reclamación comúnmente se exime de un descargo (en el caso de individuos). Véase 11 U.S.C. §523(a)(2).

Añade que el hecho de que los Sackler estén dispuestos a ofrecer voluntariamente $6,000,000,000 evidencia que existe un riesgo para los Sackler de una pérdida mayor, y señala que la alegación de que este es el mejor acuerdo posible quedó en entredicho luego de que los Sackler aumentaron su oferta como resultado del fallo adverso por el tribunal de distrito.

El U.S. Trustee también argumenta que la sección 1123(b)(6) no autoriza la liberación no consensual de reclamaciones contra terceros, por dos razones. Primero, sostiene que este tipo de disposición residual o zafacón (catch-all) se debe interpretar como que permite el mismo tipo de disposición a las que le preceden (o sea, las que se enumeran en la 1123(b)(1) a la (5)). Como ninguna de estas provee autorización para extinguir o de alguna forma afectar reclamaciones directas contra terceros, el inciso (6) no se puede leer como que provee tal autorización.

Segundo, apunta a que el propio texto del inciso (6) limita su alcance a cláusulas que no sean inconsistentes con otras disposiciones aplicables del Código. En este caso, sostiene que la cláusula de liberación en controversia viola la sección 524(e), la cual establece que un descargo de una deuda del deudor no afecta la responsabilidad de cualquier otra entidad sobre esa deuda (sujeto a ciertas excepciones).

El U.S. Trustee también argumenta que el TSEU debe adoptar su interpretación del Código ya que la interpretación del Segundo Circuito levantaría serias dudas sobre la constitucionalidad del estatuto que permita la Cláusula de Liberación, al potencialmente privar a los reclamantes de su propiedad sin el debido proceso de ley.

Otro punto altamente controvertido entre los defensores del plan y los que se oponen es el significado de la sección 524(g). En términos generales, esta permite el tipo de liberación que está en controversia en este caso, pero solo en casos relacionados con asbestos, y sujeto a una serie de reglas y condiciones que no necesariamente están presentes en el caso de Purdue.

De ordinario, el hecho de que existe la sección 524(g) y que esta se limita a casos relacionados con asbestos, sería fuerte evidencia de que las cláusulas no son permisibles en otros casos no relacionados con asbestos. Lo interesante en este caso es que la ley que incorporó la sección 524(g) al Código dispuso que esta no debe ser interpretada de manera que modifique o elimine cualquier otra autoridad que un tribunal de quiebras pueda tener para emitir un interdicto en conexión a una orden confirmando un plan de reorganización.

Como resultado, los que se oponen al plan de Purdue argumentan que la sección 524(g) es evidencia de que la Cláusula de Liberación excede lo que permite el Código, mientras que los que lo apoyan apuntan a que la única disposición del Código que contempla cláusulas de liberación no consensuales, lejos de prohibirlas, las permite.

Argumentación oral ante el TSEU

El pasado lunes, 3 de diciembre de 2023, el TSEU escuchó los argumentos orales. Las impresiones generales de las preguntas y comentarios que hicieron las juezas y los jueces es que surgen reparos tanto con la posibilidad de reconocer una autoridad extraordinaria para autorizar la Cláusula de Liberación, como con la idea de deshacer un acuerdo respaldado por la abrumadora mayoría de los afectados y el cual puede ser la única alternativa para que miles de víctimas de la crisis de opioides reciban ayuda.

Entre las preguntas más notables estuvo la del juez presidente Roberts, quien le preguntó al Gobierno (el cual compareció en representación del U.S. Trustee) por qué no apoyó su postura (en contra del plan) con los casos recientes del TSEU en los que ha resuelto que tiene que existir una autorización clara y específica del Congreso para conceder autoridad a agencias sobre asuntos de gran importancia económica y/o política (el major questions doctrine). El Gobierno respondió que, aunque entiende que el major questions doctrine le favorece, no es necesario para el resultado que busca, ya que basta con principios ordinarios de interpretación estatutaria.

El juez Gorsuch pareció ser el más inclinado a revocar. Este levantó la posibilidad de que la Cláusula de Liberación no solo viole el debido proceso de los reclamantes, si no su derecho a un juicio por jurado bajo la séptima enmienda, lo cual conecta con otro caso que el TSEU tiene ante su consideración relacionado al derecho a un juicio por jurado y la autoridad de la comisión de bolsa y valores (S.E.C) para adjudicar ciertas controversias.

Las juezas Barrett y Jackson mostraron escepticismo sobre la lectura abarcadora de la sección 1123(b)(6) que le dio el Segundo Circuito. Estas preguntaron para qué sirve tanto la sección 524(g) (Barrett) como los incisos (1) al (5) de la 1123(b)(5) (Jackson), si bajo la interpretación del Segundo Circuito parecería ser que con el inciso (6) de la sección 1123(b) se cubre lo que aquellas disposiciones atienden.

Si nos dejamos llevar por sus preguntas y comentarios exclusivamente, resulta difícil identificar la inclinación de la jueza Kagan ya que esta, por un lado, cuestionó la oposición del Gobierno a un acuerdo apoyado por 97% de los reclamantes. Sin embargo, por otro lado, mostró receptividad al argumento del Gobierno de que la Cláusula de Liberación viola el principio fundamental de quiebras de que un deudor hace disponible todos sus activos para sus acreedores a cambio de un descargo, cosa que los Sackler no han hecho.

El juez Thomas levantó un punto interesante sobre las cláusulas de liberación consensuales de reclamaciones de terceros, al cuestionar al Gobierno de dónde surge la autoridad del tribunal de quiebras para incluirlas en un plan de capítulo 11. El Gobierno contestó que la autoridad surge del acuerdo entre las partes, no del Código. El deudor resaltó que esa contestación refleja la inconsistencia y debilidad de la posición del Gobierno, ya que la autoridad para permitir liberaciones consensuales tiene que surgir de alguna disposición del Código. Según el deudor, la autoridad surge de la misma disposición que para las no consensuales: la sección 1123(b)(6).

La jueza Barrett cuestionó la premisa de la que parten los que defienden el plan y que sostiene que las reclamaciones contra los Sackler dejarían al caudal de quiebras sin activos ya que equivaldrían a reclamaciones contra Purdue debido a los acuerdos de indemnización. La jueza Barrett y el Gobierno coincidieron en que el efecto que las reclamaciones contra los Sackler—de invalidarse el plan—tendrían sobre los activos disponibles para los demás acreedores dependerá de si se consideran reclamaciones de antes o después de la petición (asunto sobre el cual los tribunales de quiebra parecen estar divididos) al igual que sobre la aplicabilidad de la excepción de buena fe que se incluyó en el acuerdo de indemnización.

Por otro lado, los jueces Thomas y Kavanaugh mostraron receptividad al argumento de que el U.S. Trustee carece de legitimación activa. Este punto no parece ser decisivo ya que hay, por lo menos, una parte peticionaria (la acreedora Ellen Isaac) que se opone al plan y busca que el TSEU revoque. Aun así, esta controversia es importante para los practicantes de quiebra, ya que el U.S. Trustee en ocasiones es la única parte que se opone a pedidos de un deudor o de un acreedor, por lo que convendría que se aclare los límites de la autoridad que concede la sección 307 del Código.

Conclusión y predicción

Como es de esperarse de un caso que llega al TSEU, no existe una solución fácil y ambas posibilidades—confirmar o revocar—presentan problemas. El abogado del comité de acreedores no asegurados (compuesto principalmente de víctimas de la crisis de opioides y de sus familiares) fue enfático cuando sostuvo que, si el TSEU rechaza el acuerdo, las víctimas—con toda probabilidad—no van a recibir un solo centavo. Esto, junto con el hecho de que 97% de los reclamantes apoyan el plan implica una fuerte presión para que el TSEU confirme la decisión del Segundo Circuito y permita que el plan entre en vigor.

No obstante, me inclino por que el TSEU va a revocar. Se me hace difícil pensar que una mayoría de este tribunal vaya a coincidir con el Segundo Circuito en que las secciones 105(a) y 1123(b)(6) proveen la autoridad necesaria para que un tribunal apruebe cláusulas de liberación no consensual de reclamaciones de terceros en planes de capítulo 11.

En este caso no es solo West Virgina v. EPA, 597 U.S. ___ (2022) que sugiere una inclinación contraria si no, en particular, los casos de quiebras recientes del TSEU los cuales reflejan una resistencia a permitirle a un tribunal de quiebras el ejercicio de amplia autoridad en virtud de cláusulas residuales o zafacón cuando este ejercicio se puede entender como contrario a otras disposiciones del Código. Véase Czyzewski v. Jevic Holding Corp., 580 U.S. 451 (2017); Law v. Siegel, 571 U.S. 415 (2014), y RadLAX Gateway Hotel, LLC v. Amalgamated Bank, 566 U.S. 639 (2012).

La esperanza de Purdue, los Sackler, y la gran mayoría de las víctimas es que el TSEU vea este caso como suficientemente parecido a United States v. Energy Resources Co., 495 U.S. 545 (1990) y coincida con el Segundo Circuito en que este caso es distinto a los casos mencionados en el párrafo anterior ya que las cláusulas de liberación no consensual no violan ninguna disposición del Código, incluyendo la sección 524(e).

No creo que eso sea lo que pase. Al fin y al cabo, creo que una mayoría del TSEU se lavará las manos y dirá que si una cláusula de liberación no consensual de reclamaciones de terceros es permisible o no en un plan de capítulo 11 es un asunto sobre el cual hace falta una expresión clara del Congreso, tal y como el Congreso hizo en el caso de las reclamaciones relacionadas con exposición a asbestos mediante la aprobación de la sección 524(g).

Por último, conviene destacar que no está formalmente ante el tribunal la constitucionalidad de las cláusulas bajo análisis. No es parte de la pregunta que el TSEU aceptó revisar y los peticionarios no argumentaron que son inconstitucionales. Las partes recurridas tampoco argumentaron su constitucionalidad.

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