Por: Laura V. González Cruz

La columna publicada a continuación se da a base de un acuerdo de colaboración entre Microjuris y los y las jóvenes que participan en la iniciativa #EsMiTurno de Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA). MPA es una organización sin fines de lucro liderada por jóvenes activos en iniciativas de cambio social para Puerto Rico.

Para el año 2014, en Puerto Rico, se registró el flujo migratorio más alto en jóvenes de 20-34 años. El promedio de las personas era de 29 años y el 47% posee alguna educación post-secundaria, según informa el Observatorio Ciudadano de Jóvenes #Somos el Ahora. En el 2014 la emigración puertorriqueña alcanzó niveles nunca antes vistos al registrarse la salida de 83,010 personas, según datos del Negociado de Estadísticas de Transporte Federal. El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) lo que ha hecho es agravar esta situación en la que vivimos los jóvenes, implementando medidas de austeridad; que no es otra cosa que la reducción de gastos públicos y el aumento de impuestos. Como joven, estudiante y puertorriqueña, alzo mi voz ante nuestra situación colonial y cómo nos afecta a los jóvenes en Puerto Rico. Ahora es nuestro turno de seguir luchando por un país educado, sostenible, equitativo, seguro y justo.

Para comenzar, ante todo proceso de quiebra por deuda pública, se supone que los derechos humanos sean prioridad y se hagan recortes protegiendo los derechos de las personas y sus necesidades. Ahora bien, nuestro país está en quiebra y nuestros derechos humanos no están garantizados porque el gobierno de Puerto Rico no ha sabido definir lo que son servicios esenciales. En Puerto Rico vivimos una triste realidad, no existe calidad de vida, hay más pobreza y cada vez hay menos servicios primordiales públicos y accesibles. La educación superior del país y la Universidad de Puerto Rico son solo un ejemplo. Sufre recortes indiscriminados en presupuesto, como consecuencia del Plan de Ajuste de la Deuda, por lo que continúan los aumentos en el costo de la educación pública del país. La UPR tiene que ser declarada servicio esencial y de esta manera proteger su presupuesto, según lo establecen disposiciones de la Ley PROMESA Federal.

A esto, se le añade la flexibilización en la reglamentación ambiental. La Junta de Control Fiscal puede derogar cualquier legislación ambiental que se considere en contra del "desarrollo" económico de Puerto Rico. También, se podrían vender territorios públicos para facilitar el pago de la deuda, esto quiere decir, vender poco a poco lo que es nuestro. Esto incluye, proyectos que suponen tener como fin el desarrollo de Puerto Rico, pero no buscan los mejores intereses del medio ambiente. Un ejemplo, son las Leyes 20 y 22 de 2012, ahora Capítulos 3 y 4 de la Ley 60-2019, que propone mayores beneficios contributivos para personas que realicen actividades comerciales de exportación. Por tanto, el Plan de Ajuste de la Deuda debe buscar un verdadero desarrollo para Puerto Rico, mientras la política pública del país promueve un plan para un Puerto Rico sin puertorriqueños.

Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Puerto Rico necesita jóvenes y una ciudadanía que quiera promover políticas públicas que busquen la transformación a una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Un ejemplo de esto es el P. de la C. 1303, el cual propone una serie de enmiendas que configuran el estado de derecho en cuanto a acceso a información pública y deroga la Ley de Datos Abiertos de Puerto Rico. Esta medida incluye una lista de documentos públicos que cada entidad gubernamental deberá publicar en su página de internet, facilitando el esfuerzo que tenga que hacer la ciudadanía para conseguir información pública. Con este proyecto de ley se obligaría a toda entidad gubernamental a digitalizar y publicar en su portal de internet documentos como informes de viajes con especificación de destino, gastos, propósitos y forma de pago; contrataciones y nombramientos, actas y resoluciones de sus organismos directivos; contrataciones con fondos públicos con un detalle específico de cada contrato; lista de cabilderos y auditorías externas, entre otros. Proyectos como estos nos ayudan a deshacernos de los moldes de conformismo, que no hacen otra cosa más que estancarnos como sociedad.

Otra manera en que jóvenes y ciudadanos podemos promover la transformación a una cultura de transparencia y rendición de cuentas, son los foros ciudadanos, mesas de trabajo transectorial y las cumbres de rendición de cuentas. Estos son espacios en donde se promueve una cultura de democracia participativa, en donde todas las personas de nuestra sociedad pueden participar para mejorar la calidad de vida. La Fundación Agenda Ciudadana lo ha estado haciendo desde sus inicios en el 2007. En el 2007 y 2011 Agenda Ciudadana realizó alrededor de 29 foros ciudadanos a través de Puerto Rico en los que participaron más de 5,000 personas. Como resultado, se presentaron más de 7,000 propuestas en las áreas de educación, salud, seguridad, ambiente, familia y desarrollo económico que, luego se publicaron en el documento llamado "Agenda Ciudadana". También, se celebraron múltiples diálogos transectoriales y cumbres de rendición de cuentas utilizando estrategias de deliberación para dar forma a las propuestas, resultando en proyectos de ley, planes estratégicos y alianzas que aún siguen vigentes. Estas modalidades de participación, facilitadas por Agenda Ciudadana, son un ejemplo de que una cultura de transparencia y rendición de cuentas es posible; solo necesitamos comenzar a trabajar de manera colectiva, activa y participativa. ¡Sigamos construyendo el Puerto Rico que tanto anhelamos!

Sobre la autora: Laura V. González Cruz es estudiante de maestría en Investigación de Crímenes Económicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro.

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