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Por el Lcdo. Jaime L. Sanabria (ECIJA SBGB)

En toda guerra, la infantería juega un papel esencial. Pocos precedentes de conflictos que no hayan sido ganados, en última instancia, por esa infantería que es quien acaba tomando el territorio al enemigo y haciendo ondear su bandera. Múltiples los ejemplos, paradigmáticos los de las dos grandes guerras mundiales, actual el de Ucrania, donde se compite militarmente por cada porción de territorio con las tropas terrestres como protagonistas.

Esta introducción no presagia un texto belicista, ni tampoco belicoso. Únicamente pretende asimilar la infantería al ejército laboral, en este caso de Puerto Rico, al que sus generales vienen sometiendo a maltrato, a desconsideración y a contradicciones que solo ocasionan malestar en la soldadesca e inhibición en los inversores por conquistar nuevos territorios para la prosperidad de nuestra isla.

Necesitamos una Reforma Laboral. ¿Otra? Sí, otra. Más adelante, desarrollaré el por qué. Escrito con más propiedad, necesitamos llevar más allá la elaborada y aprobada en el 2022 que consolidaba algunos derechos –también deberes– de los trabajadores, aunque pecaba de poco ambiciosa a la hora de unificar la legislación existente y su cohesión para eliminar la dispersión normativa en materia laboral que sigue provocando equívocos, disensos y distintas interpretaciones dependiendo del patrono, la unión o el tribunal que la interprete.

Pero, como se sabe, el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico declaró la nulidad de la Ley 41-2022 por razón de que la ley PROMESA requiere al Gobierno presentar, junto a cada ley promulgada, un informe sobre el impacto económico y fiscal de la ley en cuestión y el mismo no se presentó. Ello, a pesar de la dificultad que supone proyectar la economía de un país que se desangra de abandono, sometido a una emigración sostenida y debilitado, casi depauperado por una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, si en 2016 podía parecer razonable para reconducir las finanzas quebradas de nuestro país, en el presente entorpece nuestra recuperación por las ataduras fiscales, presupuestarias y económicas en general, y por su conversión en un brazo político del continente estadounidense para acallar cualquier reivindicación, de cualquier índole, y mantener a Puerto Rico en un estado de letargo decadente que amenaza, sin pretenderlo, con hacerlo implosionar.

La JSF se ha convertido en el Gobierno de facto de la isla. Excesiva en sus atribuciones, Puerto Rico tendría que plantearse a escala política su supresión, el final de su imperio, para acabar de ese modo con un dominio estadounidense que parece que nos trata más como enemigos que como ese Estado Libre Asociado del que muchos nativos se enorgullecen y que solo nos resta autonomía decisoria como territorio capaz de gestionarse a sí mismo.

Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de la Cámara 1651, aunque fue dejado pendiente de Conferencia, luego de la Cámara no acoger las enmiendas hechas por el Senado, y el mismo constituye una calco de la hoy inexistente Reforma Laboral de 2022, y que buscaba convertirse en la Reforma Laboral de 2023. La Cámara de Representantes había advertido de su firmeza para llevar, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, la controversia para restituir la Ley 41-2022, aunque la confianza de que pueda prosperar resulta escasa habida cuenta de los antecedentes. 

No obstante, llegado a este punto, conviene exponer que, pese a los intentos de la Cámara Legislativa de restaurar, por coherencia parlamentaria, la Ley que ella misma aprobó, con buenas intenciones, pero con – a mi juicio – un mal desarrollo, este puede ser el momento de abordar algo más ambicioso. Sí, incluso más ambicioso: algo como un nuevo código laboral que realmente unifique y cohesione todos los aspectos concernientes al mundo laboral, un código elaborado por consenso de las distintas fuerzas sociales, económicas, laborales, políticas y legislativas puertorriqueñas.

Puerto Rico no necesita más parches, tampoco en lo laboral, para que el próximo huracán metafórico los acabe despegando al mínimo soplido de vientos oblicuos. Del mismo modo que en los edificios necesitamos unos nuevos cimientos para que el próximo huracán –este no metafórico– no los vuelva a destrozar, se requiere también una nueva reestructuración de todo lo concerniente al estamento laboral para dotarlo de consistencia y de durabilidad.

Y aunque a demasiados no nos motive la presencia de la JSF, en esta coyuntura, mientras el organismo siga gestionando, en última instancia, la economía de Puerto Rico, se hace poco menos que imprescindible su presencia en la hipotética mesa negociadora.

El potencial código laboral resultante no solo debería unificar la legislación laboral dispersa, sino también dotar a los trabajadores puertorriqueños de unos deberes y derechos equiparables con los de los países más desarrollados, pero también el pretendido código debería poseer medidas tendentes a facilitar la contratación y otorgar a los patronos ventajas competitivas para sazonar las cuentas de resultados de las empresas.

Al mismo tiempo, una nueva normativa laboral debería posibilitar la atracción de talento de fuera de nuestra circunscripción geográfica con el fin de dinamizar el mercado, la economía y, por consiguiente, detener la emigración y comenzar a construir un tejido empresarial y laboral primero regenerador y luego generador de una riqueza que palíe el déficit fiscal hasta el punto de dejar sin sentido la supervisión impenitente de la JSF.

La propuesta, que podría parecer desafecta con el poder político puertorriqueño, empeñado en hacer prosperar la Reforma Laboral de 2022 pese a las pocas probabilidades que tiene de prevalecer, no es sino una llamada a la concordia nacional, un intento de aunar el conjunto de fuerzas patrias con atribuciones en la reordenación del segmento laboral para tender a ese norte de estabilidad que, como pueblo, merecemos.

En ocasiones, cuando las encrucijadas parecen irresolubles, cuando decidir se hace complejo, conviene tomar aliento, perspectiva, mirar en derredor y, quizá, escoger un camino que no aparezca en los mapas.

A mi juicio, este es uno de esos momentos en los que habría que elevarse a la altura del momento, dejar de lado las tiranteces ideológicas y centrar la mirada en Puerto Rico, en sus necesidades y remar todos en una misma dirección para comenzar a forjar un código laboral que vaya más allá de una mera reforma de pintura y capota, y constituya una piedra angular sobre la que erigir una paulatina resucitación como país.

Todo lo anterior, sin olvidar que nuestro mercado laboral (patronos y empleados) sigue necesitado de uniformidad, protección y municiones para afrontar la peor de las guerras, la de la supervivencia.

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