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El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román Espada, urgió al menos cuatro medidas salubristas para prevenir la propagación del virus COVID-19 en la población penal de Puerto Rico.

«El colegio históricamente ha defendido los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sin que ello se confunda con promover la impunidad. El momento histórico clama por una visión salubrista integral, no de exclusión», indicó Román Espada.

«Cumpliendo con nuestro compromiso profesional y social, reiteramos que, ante la propagación a gran escala de este virus, se debe proteger a los confinados, y sobre todo a los más vulnerables, que no representen un riesgo para la comunidad», expresó la presidenta de la Comisión de Personas Privadas de su Libertad del CAAPR, la licenciada Maritza Luna.

Las propuestas que favorece la comisión incluyen la identificación de las personas que estén a punto de cumplir sus sentencias (que les falten 100 días o menos) y que después de realizar un análisis de peligrosidad, las sentencias se den por cumplidas.

La comisión también apoya que se realice con urgencia un censo de la población correccional, que incluya al personal civil, para identificar aquellos casos más vulnerables y tomando en consideración su edad y condiciones preexistentes de salud.

Además, favorecen que se les permita continuar cumpliendo sentencias bajo restricción domiciliaria a las personas que estén confinadas por delitos no relacionados con actos violentos, luego de una evaluación minuciosa de peligrosidad y también a las que cuentan con un estado de salud más frágil y que representen mayor riesgo de contagio, siempre que cumplan con los requisitos.

También proponen que se identifiquen los confinados y confinadas que cumplan con los requisitos para acogerse al beneficio de libertad condicionada y que la Junta de Libertad Bajo Palabra acelere las evaluaciones.

Las personas que no sean elegibles, deberán ser ubicados en espacios donde su salud sea una prioridad.

De esta forma, se unió al reclamo de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (UIASAL), ante el peligro que representa para las personas privadas de su libertad el contagio con el coronavirus.

La población penal figura entre los sectores con gran peligro de contagio que requieren una mayor atención dentro la política pública de prevención sobre el coronavirus que promueve el gobierno, según han señalado el colegio y otras organizaciones civiles que reclaman el nombramiento de un task force social.

«Insistimos en la constitución de un task force social que permita nutrir la política pública para atender esta emergencia con la experiencia y conocimiento especializado en los asuntos relacionados con la protección de las poblaciones más vulnerables, entre ellas, las personas privadas de su libertad», recalcó Román Espada.

Mientras, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) anunció hace unos días que realizará las pruebas de COVID-19 para descartar potenciales positivos en los confinados de nuevo ingreso.

La agencia también canceló visitas, suspendió la entrada de artículos del exterior, activó el sistema de asilamiento (lockdown) para el 100% de la población, detuvo las salidas a todas las actividades y servicios dispensables contratados en el exterior.

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