Por Daniel Rivera Vargas

Una comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico concluyó una investigación de más de un año sobre el problema de violencia de género, presentando decenas de recomendaciones y asegurando que la centenaria institución daría seguimiento al tema, según se anunció hoy en una conferencia de prensa en Miramar.

«La violencia doméstica, de género, es un grave problema social, y un problema de salud pública, que debemos atender», sostuvo la exadministradora de los tribunales y exjueza, Mercedes Marrero de Bauermeister, presidenta de la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género.

«La violencia de género es un asunto de derechos humanos y un asunto público que concierne a toda la sociedad», dijo una de las integrantes de la Comisión, la abogada y activista Josefina Pantojas. «Lo que se está haciendo desde el gobierno no es suficiente», sostuvo.

Entre las recomendaciones del informe de la Comisión se encuentra implantar el establecimiento de un programa de vivienda accesible para sobrevivientes de violencia de género, revisar las políticas para la concesión de licencias de armas de fuego, nombrar las vacantes existentes en los programas de desvío, implantar la educación con perspectiva de género desde edades tempranas para combatir la cultura patriarcal, y también hace falta uniformar el manejo de los expedientes judiciales de los convictos por violencia de género.

Otras propuestas fueron el desarrollo de un plan piloto desde el Colegio para trabajar con programas «Head Start» para adelantar el tema de la educación con perspectiva de género; que el Colegio realice un foro en una fecha posterior para darle seguimiento al informe, reforzar el adiestramiento al personal judicial, buscar que las Organizaciones No Gubernamentales reciban más fondos de forma recurrente y que no dependa de rembolsos ante la burocracia gubernamental, entre otras.

El presidente del Colegio, Manuel Quilichini dijo que el trabajo de la comisión es en seguimiento a la razón de ser, de la creación de la institución hace 182 años, de defender los sectores necesitados de la sociedad, como en este caso las víctimas de violencia de género.

«Es una pandemia invisible, y hasta tolerada... debemos atender la raíz del problema, y estamos poniendo todo el tiempo parchos… la raíz no es atendida», sostuvo Quilichini.

La investigación se hizo sin que la dirección de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres estuviera disponible para asistir a la evaluación, salvo una empleada de mucha antigüedad que se reunió con ellas. La pasada procuradora, Lersy Boria, renunció al cargo hace cuatro meses.

La Comisión se creó mediante una resolución de la Junta de Gobierno del Colegio el 15 de mayo de 2021. Más de 15 juristas y otros profesionales participaron del esfuerzo, se informó.

Pantojas dijo que hay críticas de diversos sectores a la labor actual de la procuraduría.

«Ciertamente, es un organismo que muchas entidades entiende, debe revisarse su funcionamiento, y la labor que realiza en estos momentos tiene que ver principalmente con asignación de fondos que ofrecen servicios, pero no encontramos empatía con las organizaciones que nos permita hacer un trabajo colectivo y en función de las necesidades de las mujeres en Puerto Rico», sostuvo.

Como parte de la investigación, la comisión usó diversos mecanismos para evaluar el problema y preparar recomendaciones, como entrevistas a víctimas, reuniones con altos funcionarios, vistas públicas y la evaluación de documentos. Enfrentaron diversos inconvenientes, como por ejemplo, falta de estadística adecuada en este tema, ausencia de personal en dependencias como los programas de desvío a los agresores, y falta de tiempo para entrevistas a agresores.

Otra integrante de la comisión, Jenice Vázquez Pagán, habló del proceso de entrevistar a las víctimas, y contó cómo fue lo que le dijo una mujer justo cuando ella acababa la entrevista formal: «Lo que pasamos las sobrevivientes no es cáscara de coco, se supone que la gente conoce, que los policías conocen, pero la realidad es que me he sentido muy sola en el proceso».

Mientras, la exdirectora de OAT, Sonia Vélez Colón, dijo que se entrevistó también a alto personal de agencias, incluyendo a los secretarios de Justicia, Domingo Emmanuelli, y de Familia, Carmen González. Hubo coincidencias en esas entrevistas con personal de alto nivel de las agencias, como que en muchas ocasiones la víctima desea desistir del proceso criminal, y que cuando finalmente esa persona agredida llega al tribunal es luego de numerosos incidentes de violencia en su contra.

Otros aspectos interesantes es que se ha visto un alza en las denuncias de violencia de género en casos de mujeres de edad avanzada, lo que se cree es producto de que las hijas y nietas las han orientado de la alternativa de hacer la denuncia, y que una gran mayoría de la población confinada ha sido víctima de violencia de género, dijo la también exjueza Colon.

Mientras, la también comisionada Alba López dijo que las vistas públicas se celebraron hace varios meses, también con un saldo aleccionador. «Una deponente dijo que ni las mujeres nacen víctimas ni los hombres nacen predeterminados a ser agresores», sostuvo.

En ese tema de los agresores, se cuestionó si los agresores pueden ser cambiados, y a eso la comisionada Vázquez Pagán respondió en la afirmativa, pero de forma condicionada.

«En la medida que es una conducta aprendida se puede transformar... debe haber un esfuerzo consciente, sistemático del estado para que esas personas pueden ser reeducadas, readiestradas, (pero) parte de lo que encontramos es que no hay suficientes programas de reeducación a esos agresores», sostuvo Vázquez Pagán.

La senadora Ana Irma Rivera Lassen estaba sentada en el público y, a preguntas de la prensa, dijo que desde que entró en operación la Ley 54 en 1989 sabían que el tema de los programas de desvío, que es parte de lo que se usaría para reeducar agresores, era uno de los grandes retos.

Rivera Lassen dijo que entiende que hay suficiente legislación ya en la isla «que no se hace cumplir», pero que evaluará las propuestas para ver cuáles si algunas ameritan legislación. Asimismo, dijo que el énfasis no debería ser lo punitivo, que es en lo que se suelen enfocar los gobiernos de turno al atender el tema de la violencia de género, sino en lo civil y en la prevención.

«Nos ha costado trabajo que se le dé importancia», reconoció la expresidenta del Colegio.

Sobre los medios de comunicación, en la conferencia de prensa se aseguró que experiencias pasadas apuntan a que puede haber un descenso en la violencia de género cuando se involucran los medios. Pantojas exhortó a que los medios de comunicación estudien el informe y hagan sus recomendaciones.

Mientras, la doctora Diana Valle Ferrer, recalcó en la importancia de promover la educación contra esta problemática, no solo en las escuelas y universidades, sino en las comunidades.

«Podemos hacer muchísimo esfuerzo en las diferentes agencias, en los diferentes programas, pero si no trabajamos con las comunidades tratando de promover cambios en las normas sociales, culturales y patriarcales nos quedamos en lo que tenemos ahora. O sea, más criminalidad, más leyes, pero tenemos que ir de nuevo a las raíces, ¿cuáles son esas raíces?, el patriarcado», sostuvo.

Según Quiliquini, el informe tiene numerosos anejos y totaliza más de 800 páginas. Se colocará online en la página del colegio para su mayor difusión y estudio, se aseguró.

«El documento que presentamos hoy no es el final de la jornada, es el comienzo», aseguró Quilichini.