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Por Daniel Rivera Vargas

El Colegio de Abogados del Estado de Nueva York (NYSBA, por sus siglas en inglés) se sumó al esfuerzo de diversos sectores en contra de la doctrina de los casos insulares, una serie de decisiones con connotaciones racistas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en parte es la base del trato distinto que el gobierno federal le otorga a las jurisdicciones que no son un estado como Puerto Rico.

La presidenta del NYSBA, Sherry Levin Wallach y la vicepresidenta del grupo especial (task force) sobre casos insulares de esta organización, Natalie Gómez Vélez, criticaron en entrevistas por separado la vigencia de los casos insulares y hablaron de sus esfuerzos contra esta doctrina.

Hay razones variadas para oponerse a los casos insulares, dijo Wallach a Microjuris.

«Es una combinación de cosas primero que nada NYSBA apoya fuertemente la diversidad, la inclusión y la igualdad, así como el acceso a la justicia y el imperio de la ley y todas esas cosas están retadas por la mera existencia (de los casos insulares)», expresó Wallach.

La presidenta reconoce que otro factor para involucrarse en el tema de los casos insulares es que hay una gran comunidad de puertorriqueños que residen en Nueva York, donde se estima que viven el 20% de los boricuas que residen en Estados Unidos.

Recordó que también la doctrina de casos insulares afecta a personas no solo de los territorios sino a cualquier ciudadano americano que decida mudarse a lugares como Puerto Rico porque, al igual que pasó en el caso recientemente resuelto de Vaello-Madero, se exponen a perder privilegios o derechos.

El tema de los casos insulares se ha estado discutiendo recientemente tras la decisión de Vaello-Madero, en el que en votación de 8-1 se resolvió que era válido que los residentes de Puerto Rico no tuvieran el programa de Seguro Social Complementario (SSI), impidiendo que cientos de miles de residentes discapacitados y pobres recibieran unos $500 mensuales, lo que hubiera tenido un impacto millonario en un territorio en crisis fiscal.

Allí, el juez Neil Gorsuch describió la doctrina de casos insulares, que es en parte base del trato diferente entre los territorios y los estados, como "ley podrida" por sus connotaciones racistas y la jueza Sonia Sotomayor dijo que son casos basados en premisas "odiosas".

Esta decisión de Vaello-Madero representa un trato discriminatorio al que se opone NYSBA, y para el que ya se han impulsado iniciativas para educar sobre el alcance de estos casos,  como cursos de educación jurídica continua.  En noviembre, participarán del evento que realizará en Puerto Rico la organización no gubernamental en defensa de la comunidad hispana Somos. Por otro lado, buscan promover que la American Bar Association (ABA) se oponga a los casos insulares, han establecido colaboración con el Colegio de Abogados de Islas Vírgenes e iniciado contactos con el de Puerto Rico. Además, establecieron el task force compuesto por decenas de abogados y abogadas con diferentes trasfondos,  como jueces y funcionarios estatales y académicos.

«Queremos tener un rol importante en la lucha por igualdad», comentó Wallach. «Se deben desmantelar las nociones racistas de los casos insulares, que continúan siendo una ley vigente [...] no podemos combatir asuntos como el racismo si tenemos una línea de casos vigente que es fundada en estos ideales racistas».

La copresidenta del task force señaló que el grupo evaluará las decisiones y leyes relacionadas con los casos insulares, que comenzaron poco después del triunfo estadounidense en la guerra hispanoamericana de 1898  para proponer cambios hacia un trato igualitario.

«No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras a millones se les niegan los mismos derechos que al resto de nosotros «, afirmó Wallach en un comunicado de prensa al anunciar la creación del grupo especial. «Sin representación en el Congreso y sin derecho a voto, los ciudadanos de los territorios de Estados Unidos no tienen voz en cómo se les grava y qué servicios gubernamentales reciben».

En esas declaraciones escritas, Gómez Vélez expresó: «No podemos rehuir la realidad de cómo este país trata a las personas que ha colonizado. Ha llegado el momento del cambio».

Un asunto de igualdad y justicia social

Entrevistada por separado, Gómez Vélez destacó que el tema de los casos insulares, que afecta directamente a Puerto Rico, Samoa Americana, Islas Vírgenes de EE.UU., Guam y las Islas Marianas del Norte, es uno de igualdad y justicia social.

Resaltó también que es un discrimen que va más allá, incluso, de los casos insulares, como el trato que recibió la isla del gobierno federal tras el paso del huracán María. De igual forma, al comparar cómo se ayudó a otros estados afectados esa temporada por huracanes, y el manejo de la deuda con el establecimiento de la ley PROMESA, sostuvo.

«Hay un discrimen contra Puerto Rico y otros territorios que es bastante claro, pero invisible a los Estados Unidos», dijo la profesora.

El debate de casos insulares continúa luego de Vaello en el Supremo federal. En el pleito Fitisemanu v. United States hay residentes de American Samoa que piden directamente la revocación de los casos insulares. El Departamento de Justicia federal tiene hasta el 29 de agosto para expresar su posición ante este caso y se espera una decisión del Supremo de si acoge el certiorari para este otoño.

«En Fitisemanu el asunto que se plantea es si la gente que nace en un territorio estadounidense tiene ciudadanía americana de nacimiento. Uno de los legados de los casos insulares es que algunos aspectos de la constitución de Estados Unidos no se extiende a los ciudadanos que viven en los territorios", afirmó Gómez Vélez.

La profesora dijo que el task force está pendiente al desarrollo del caso de Fitisemanu en el alto foro judicial y evalúan comparecer al mismo mediante un recurso de ‘amigo de la corte’. Sin embargo, agregó que si se logra revocar los casos insulares no necesariamente pone fin al trato discriminatorio a Puerto Rico y otros territorios

«La revocación es un paso importante, que es necesario, pero no suficiente. Lo que haría seria aclarar la jurisprudencia. […] Depende como el tribunal lo haga, y además de cómo el Congreso posteriormente lo maneje. Es por eso que el task force busca educar, entender las repercusiones y ver cómo se moverán hacia adelante», indicó.

Gómez Vélez mencionó que desde el task force también se estudiaría la interpretación de la cláusula territorial que dice que el Congreso tiene poderes plenarios sobre los territorios. También se buscaría conocer la posición de los residentes de los territorios porque habría que precisar cuál es el deseo de los que viven en cada uno de los lugares afectados.