La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, que preside el representante Carlos A. Bianchi Angleró, inició hoy vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 2899, mediante petición de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana. La medida propone crear la Autoridad de Vivienda Pública con personalidad jurídica propia, mediante la transferencia a dicha Autoridad de los recursos, activos, empleados y fondos de la Administración de Vivienda Pública (AVP). Propone, además, establecer una Junta de Gobierno de Vivienda Pública con representación de figuras escogidas por los residentes.

La pieza legislativa surge ante denuncias de los vecinos, encabezados por la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana; y su líder, Mirta Colón Pellecier, del desaparecido proyecto residencial en Hato Rey, Las Gladiolas. Los peticionarios señalaron la manera en que la AVP, a través del agente administrador SP Management, maneja los residenciales sin tomar en consideración los intereses de los residentes de vivienda pública del País.

A cuestionamientos de Bianchi Angleró, Colón Pellecier explicó que los residentes están atravesando serios problemas y que denunciar los señalamientos tiene un costo de no ser ayudados por el agente administrador, quien no facilitó la participación de la Coalición en esta vista pública.

La líder de la Coalición adjudicó que "a raíz de un proyecto que luego se convierte en ley, se le quitó el poder decisional al Administrador de Vivienda Pública y esto se ha convertido en un caos, porque tenemos una Junta de Gobierno que está compuesta por personas que son secretarios de otros departamentos que requieren mucha atención, entonces las cosas se dilatan porque todo tiene que pasar por esta Junta de Gobierno. La verdad es que ha convertido la figura del Administrador de Vivienda Pública en una figura decorativa, no tiene poder decisional alguno".

El legislador sostuvo que la Comisión continuará con el dialogó abierto que ha sostenido por dos meses con la Coalición y los líderes de los residenciales públicos en torno a la legislación. Incluso, adjudicó que la Federación Central de Trabajadores también ha planteado sus preocupaciones en relación a los empleados de la AVP, por lo que le concedió un plazo de 10 días laborables para que le sometan a la Comisión su ponencia y poderla discutir.

"El proyecto va en buen rumbo y creo que en los próximos días debemos estar terminando el proceso rindiendo un informe sobre esta medida, que lo que pretende es darle autonomía al Departamento de Vivienda Pública y al Administrador de Vivienda Pública considerando la crisis que vive el País, ya que esa agencia opera con fondos federales. Pues le estamos dando toda la responsabilidad de operación a la Autoridad y le quitamos esa carga al Estado", indicó Bianchi Angleró. Agregó que los residentes de vivienda pública podrán escoger sus representantes en la Junta de Gobierno, que en el pasado eran nominados por el Gobernador, mediante votación directa.

De otra parte, Colón Pellecier realizó una serie de señalamientos en torno a la subasta de agentes administradores. Apuntó que la Coalición y residentes realizaron protestas públicas, puesto a que "era increíble que de la AVP se hiciera una evaluación en base a lo ofrecido y las personas que estaban en el último lugar, estamos hablando de personas que no tenían ninguna cualificación para estar administrando, como lo fue SP Management, (...) del lugar número 15 llegó al lugar número uno y le dieron el área mayor (...), el área de San Juan con los residenciales más grandes, ¿cómo nos explicamos esto?".

Ante ello, Bianchi Angleró indicó que la Comisión podría comenzar una investigación sobre ese asunto. "Ella lo dejó para record, nosotros tenemos que indagar un poco más sobre esos asuntos", concluyó.

Por último, Colón Pellecier recomendó que se enmiende la medida a fines de que se trate de manera individual, que se estimule y logre una participación real y efectiva de los residentes mediante programas educativos de capacitación y de trabajo comunitario. Esto con el fin de garantizar la contratación de residentes bonafide de vivienda pública cualificados, para ofrecer servicios en las áreas de mantenimiento, servicios al residente y administración, a través de agentes privatizadores de ser contratados por la Autoridad.