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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció en una gesta histórica su política gubernamental de «no depender de, ni buscar extender la doctrina de incorporación territorial establecida por los casos insulares».

Los casos insulares son una serie de decisiones del Tribunal Supremo de los EE.UU. de principios de 1900 que negaron a sus territorios ultramarinos la democracia y la autodeterminación, basándose en la opinión de los Jueces de que los residentes de los territorios eran «razas extranjeras» y «tribus salvajes.»

Esta acción del Departamento de Justicia federal viene después de haber recibido recientemente cartas del Congreso, el Gobernador de las Islas Vírgenes, grupos de derechos civiles, y otras organizaciones haciendo el llamado para que el Departamento expresamente condenase los casos insulares y la doctrina de incorporación territorial que establecieron.

Carlos Felipe Uriarte, Fiscal General Auxiliar de Asuntos Legislativos respondió a las cartas recibidas diciendo: «el Departamento está de acuerdo enfáticamente... que el lenguaje y la lógica racista de los casos insulares no merecen ser parte de nuestra doctrina legal».

«El Departamento condena inequívocamente la retórica y el razonamiento racista de los casos insulares, y reitera sin ambigüedades su opinión de que tal razonamiento y retórica son irreconciliables con los principios fundamentales estadounidenses de igualdad, justicia y democracia», agregó.

Lamentan la posición del DOJ sobre los casos insulares

Más significativo, Uriarte explicó que «el Departamento ha tomado medidas activas para coordinar componentes y oficinas … para asegurar que los litigantes del Departamento … no se basen en la retórica y el razonamiento racista de los casos insulares».

«Las acciones del Departamento de Justicia ayudan a aclarar que es simplemente inaceptable negarle a las personas la democracia o la autodeterminación debido a donde viven o por quiénes son», dijo Adi Martínez Román, Co-directora de Right to Democracy, una organización que trabaja para confrontar y desmantelar el marco colonial antidemocrático en los territorios de EE. UU.

«Nos complace ver que el Departamento reconozca que la relación entre los Estados Unidos y los territorios no puede basarse en estereotipos raciales y discriminatorios», dijo Neil Weare, Co-director de Right to Democracy.

«Es un primer paso importante hacia un reconocimiento más amplio de que los Estados Unidos necesitan reconocer y abordar el marco antidemocrático que sigue gobernando a las personas en los territorios de EE. UU.»

Expresiones de las y los legisladores

«Nos complace la decisión del Departamento de Justicia para inequívocamente rechazar la doctrina racista de los casos insulares,» dijo Raúl M. Grijalva, Portavoz de la Minoría del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quien co-lideró la carta del Congreso al Departamento de Justicia el mes pasado.

«Este es un paso importante hacia el día en que el Tribunal Supremo finalmente anule estas decisiones discriminatorias, que han servido para justificar la negación de igualdad de derechos y autodeterminación a las comunidades de diferentes razas y etnias en los territorios de los E.E.UU. durante casi 125 años.»

La Congresista de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, quien lideró una conferencia de prensa el mes pasado pidiéndole al Departamento que actuase, declaró: «Me complace que el Departamento de Justicia haya aprovechado esta oportunidad crucial para denunciar los casos insulares y compartir su enfático acuerdo de que el lenguaje y la lógica racista detrás de esos casos no tienen lugar en la doctrina legal de los Estados Unidos. Este es un paso importante en la promoción de la equidad para los territorios de EE. UU. Estoy orgullosa de ver que nuestros esfuerzos han dado frutos y que el Departamento de Justicia aclaró su posición y denunció este marco legal racista y colonial. Continuaré abogando por la revocación de los casos insulares para garantizar el trato justo a los residentes de todos los territorios de EE. UU.»

«Los casos insulares, con su lenguaje y lógica racista, son una mancha en la historia de nuestro país. Esta noticia de que el Departamento de Justicia está trabajando para erradicar esta retórica y razonamiento de sus litigios marca un progreso para nuestra democracia, su promesa de igualdad ante la ley, y la búsqueda de los Demócratas para traer equilibrio a nuestro sistema de justicia,» dijo Dick Durbin (D-IL), Portavoz de la Mayoría del Senado y Presidente del Comité Judicial del Senado.

«Nuestro país se fundó sobre principios de igualdad y democracia, ideales que deberían aplicarse por igual en todos los Estados Unidos, ya sea que alguien viva en un estado o territorio,» dijo Jerrold Nadler (D-N.Y.), Miembro de Rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. «Esperamos que esta acción del Departamento de Justicia fomente más acciones en las tres ramas del gobierno federal para abordar estas injusticias históricas y continuas.»

Expresiones de organizaciones de derechos civiles

«Nos complace la trascendental decisión del Departamento de Justicia de denunciar firmemente la retórica y el razonamiento de los casos insulares. Esas decisiones siempre han estado en conflicto con los valores fundamentales de justicia y democracia», dijo Adriel I. Cepeda Derieux, subdirector del Proyecto de Derechos de Votación de la ACLU.

Alejandro Ortiz, abogado principal del Programa de Justicia Racial de la ACLU, agregó: «Esto ha estado pendiente por mucho tiempo: los casos insulares están firmemente arraigados en la supremacía blanca («white supremacy»). Han estado equivocados desde el principio, y los abogados del gobierno nunca deberían depender de su lógica explícitamente basada en la raza».

«Siendo una organización nacional de derechos civiles que defiende los derechos de la población latina y el trato igualitario de los puertorriqueños en el archipiélago, aplaudimos la denuncia del Departamento de Justicia sobre el razonamiento de los casos insulares como racista e indefendible», declaró Lía Fiol-Matta, abogada senior en LatinoJustice PRLDEF.

«El gobierno federal no debería depender de una jurisprudencia tan vergonzosa que va en contra de los principios básicos de democracia, justicia y el reconocimiento de la humanidad de cada persona».

«La decisión del Departamento de Justicia de dejar de depender de los casos insulares en futuros litigios es un paso monumental hacia un gobierno justo para todos los estadounidenses, independientemente de dónde residan. No debería haber un conjunto de reglas constitucionales para las personas que viven en el continente y otro para las personas que viven en los territorios de EE. UU. Esta nueva política reconoce la dignidad y los derechos inherentes de los habitantes de las Islas Vírgenes y de otros territorios de EE. UU.,» dijo el Gobernador de las Islas Vírgenes, Albert Bryan, Jr., quien también escribió al Departamento a principios de este año.

«Agradecemos a nuestros aliados en el Congreso y a los defensores de los derechos civiles por su apoyo inquebrantable y colaboración en este logro significativo. Este cambio de política reafirma que las prácticas discriminatorias no tienen lugar en nuestro sistema legal, alineándose con los valores fundamentales de nuestra nación de igualdad y justicia para todos».