Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en los tribunales de Puerto Rico? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston confirmó la desestimación de una demanda contra la empresa de corretaje UBS, la cual supuestamente había divulgado información indebida durante un proceso de descubrimiento de prueba relacionado con un caso de relaciones familiares.

El demandante reclamaba que la Ley RICO  (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, por sus siglas en inglés) debía aplicarse contra UBS. El juez de distrito, William Youngstown, desestimó la demanda considerándola fútil.

Ante esta decisión, el demandante apeló alegando que el juez no debió limitar su proceso de descubrimiento de prueba a dos deposiciones y debió permitirle enmendar su demanda.

Mientras tanto, UBS intentó que se sancionara al demandante por lo que argumentaron era una demanda frívola.

«El tribunal de distrito no abusó de su discreción. Finalmente, declinamos tomar la drástica medida de sancionar al demandante», resolvió el panel apelativo de jueces.

Según la demanda, el proceso judicial se originó a raíz del divorcio del demandante, durante el cual su exesposa planteó reclamos relacionados con el pago de pensión.

Esto desencadenó un proceso de descubrimiento de pruebas, durante el cual UBS divulgó información no pertinente al caso, la cual fue utilizada en su contra.

De acuerdo al Primer Circuito, el demandante y su exesposa se divorciaron en 1999, momento en el cual se estableció una pensión de $50,000 mensuales.

Sin embargo, en 2005, la exesposa presentó una demanda alegando que no se estaban cumpliendo los pagos.

Durante ese proceso, el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico prohibió a la exesposa buscar activos financieros de su exesposo posteriores al divorcio.

Las cuentas de inversiones del demandante en este caso son de 2002, es decir, posteriores al divorcio, por lo que según la orden de la jueza, no debían ser incluidas en la reclamación.

Entonces, como parte del proceso de descubrimiento de prueba de este caso, los abogados de la exesposa solicitaron a UBS información sobre todo lo anterior al año 2001.

Sin embargo, según los jueces de apelación, la empresa de corretaje entregó 342 documentos de cuentas en UBS abiertas en 2002. Además, según lo argumentado por el demandante federal en este caso, la empresa intentó ocultar esta entrega indebida de documentos.

Tras recibir estos documentos, los abogados de la exesposa solicitaron la congelación de las cuentas creadas después del divorcio y la venta de sus acciones. Esto resultó en una serie de incidentes, incluido un presunto desacato por parte de UBS a una orden judicial, lo que llevó a que la exesposa recibiera $4.4 millones provenientes de esas cuentas.

Posteriormente, UBS prevaleció contra el demandante en una reclamación de arbitraje ante la Autoridad para la Regulación de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés), que culminó el 23 de octubre de 2023, con una decisión de un tribunal federal en Florida en la que la empresa de corretaje recibió $6,480,854.80.

En medio de estos incidentes, en 2019 se presentó la demanda federal sobre la Ley RICO y otras alegaciones contra UBS. Durante el proceso, el juez de distrito llegó a expresar que las alegaciones del demandante eran «simplemente inadecuadas» y que estaba «doblándose» para «darle oportunidad al demandante de una causa de acción viable».

Aun así limitó el proceso de deposiciones a dos, en vez de las 11 que reclamaba el litigante. Poco después, el tribunal resolvió que el demandado «falló en presentar una causa de acción por violaciones a la Ley RICO», y desestimó la demanda.

El Primer Circuito evaluó las diversas alegaciones de las partes, incluida la restricción al demandante de realizar solo dos deposiciones en lugar de las once solicitadas, argumentando que esto era restrictivo en base a decisiones anteriores del tribunal apelativo.

Los jueces recordaron que las alternativas de descubrimiento, como las permitidas por precedentes como el caso Becher, «no son automáticas ni un derecho de todo demandante», y que requieren alegaciones específicas sobre comunicaciones interestatales. Según los jueces federales, el demandante en este caso no demostró adecuadamente en el registro la justificación para solicitar las 11 deposiciones.

Sobre la negativa a permitir una enmienda a la demanda, los jueces del Primer Circuito dijeron que el demandante falló en argumentar adecuadamente elementos que exige la Ley RICO, como el uso de fraude postal o electrónico que probara «intención específica de defraudar». También indican que aunque la entrega indebida de 342 documentos pudiera representar un incumplimiento contractual o negligencia, el demandante falló en articularlo como si fuera fraude postal o electrónico.

«La sola falsedad de una declaración es inadecuada para demostrar intención de defraudar», expresó el Primer Circuito.

UBS reclamó sanciones al demandante por alegadamente llevar la apelación frívolamente porque no cumplieron con las reglas apelativas de procedimiento federal y porque los argumentos carecían de mérito, o porque realmente pretendían hostigar a la casa de corretaje