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La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicó un proyecto de ley para crear la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) y derogar la Ley del Panel del Fiscal Especial Independiente, la Ley del Inspector General, y la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

El Proyecto de la Cámara 1701 eliminaría la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la Oficina del Inspector General (OIG) y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para sustituirla por esta nueva oficina con plena independencia y autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar el procesamiento de delitos de alto perfil consumados por servidores y ex servidores públicos bajo la jurisdicción de este estatuto.

Lee aquí el proyecto de ley

La pieza legislativa propone también crear el Registro de Personas Convictas por Corrupción y Delitos Relacionados, la figura del Fiscal de Corrupción Pública y un nuevo Fiscal Especial Independiente.

La OAIP tendrá la responsabilidad de adoptar acuerdos colaborativos con las autoridades federales para maximizar los recursos disponibles en la lucha contra la corrupción gubernamental. Para el funcionamiento de la nueva oficina, se establecerán elementos gerenciales, investigativos, legales, preventivos y educativos.

La medida crea la figura del Director de la OAIP, quien será nombrado por el Gobernador a partir de una terna presentada por cada una de las escuelas de derecho de Puerto Rico, por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de Abogados de Puerto Rico, y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.

Según la exposición de motivos del proyecto, la OPFEI no ha logrado ser un ente neutral, hay una gran disparidad entre la inversión de fondos públicos y los resultados obtenidos para erradicar la corrupción gubernamental, y que el esquema actual de procesamiento de delitos de corrupción promueve la impunidad.

Sostiene la medida que los ciudadanos tienen una percepción generalizada de impunidad y las autoridades federales son las únicas que han logrado detener los actos de corrupción, lo que demuestra que los millones de dólares invertidos no han sido utilizados adecuadamente para detener la corrupción en Puerto Rico.

«Luego de realizar el análisis del modelo de investigación y adjudicación de delitos de corrupción es meritorio atender la agenda urgente de impunidad, burocracia excesiva e ineficacia de la estructura anticorrupción de actual. Por lo tanto, es necesario dejar a un lado la visión fraccionada que ha perpetuado la política pública sin coherencia que ha provocado que los limitados recursos fiscales y humanos del gobierno estén divididos en múltiples agencias sin conexión entre sí y establecer un nuevo modelo que sea realmente independiente, eficiente y eficaz», explica.

La medida fue referida a la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara.