El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), William Rodríguez, endosó esta semana un proyecto cameral que busca crear trámites expeditos para que los solicitantes del Programa de Desarrollo Comunitario para Atender Desastres (CDBG-DR) obtengan la titularidad de las propiedades afectadas por los huracanes Irma y María, así como los terremotos del 2020.

El titular compareció a una vista pública de la Comisión de Vivienda sobre el Proyecto de la Cámara 1063, que establecería la "Ley para agilizar los procesos bajo el Programa de Autorización de Títulos adscrito al Departamento de la Vivienda, para atender a los damnificados por los huracanes Irma y María y los terremotos del año 2020".

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"Esto es un proyecto que hace justicia social a la gente pobre de Puerto Rico", expresó Rodríguez en su turno como deponente. "El Proyecto 1063 es un proyecto de vanguardia; un proyecto que trae muchos cambios positivos para Puerto Rico y para las personas de escasos recursos, que son las que buscamos atender".

La pieza legislativa, además, propone implementar procedimientos especiales en el Registro de la Propiedad mediante la creación de un proceso expedito de expediente de dominio, reanudación de tracto y prescripción adquisitiva ante notarios. Estas medidas, de acuerdo con la propuesta legislativa, persiguen agilizar la administración y uso eficiente de los fondos de recuperación de Puerto Rico.

Rodríguez informó que, del universo de 1 millón de solicitudes, un 60% de las familias fueron denegadas de recibir asistencia a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por algún asunto relacionado con la titularidad de sus residencias.

"Son muchas, pero tenemos una oportunidad increíble en términos de que tenemos los recursos para poder atender esta situación, y lo que necesitamos es esta herramienta adicional (proyecto de ley) que nos permita agilizar los procesos, porque los fondos no van a estar para siempre. Tienen una fecha de caducidad, y debemos utilizarlos en su máximo para poder beneficiar a este sector en particular", señaló el funcionario.

Rodríguez afirmó que, desde su implementación, el Programa de Títulos ha visto su progreso restringido por diferentes factores: la existencia de partes, como herederos conocidos o desconocidos, cuyo paradero se ignora; la falta de permisos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que viabilicen las mensuras necesarias; y la evolución del proceso dirigido a la obtención del título de la propiedad a uno contencioso.

Este panorama se agudiza con las limitaciones de tiempo impuestas por el gobierno federal al uso de los fondos CDBG-DR vinculados con los huracanes de 2017, pues el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos (HUD, en inglés) requiere que el dinero del programa sea utilizado en un periodo de seis años a partir de la firma del Acuerdo de Subvención.

No obstante, Rodríguez afirmó que, hasta la fecha, sobre 10,200 familias han sido atendidas en el Programa de Títulos. El secretario reconoció que, una vez encaminado el proceso bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), uno de los retos con el cual se topa la agencia es que muchas familias muestran resistencia a que sus residencias sean demolidas, pues temen que nunca serán reconstruidas.

"No es fácil llegar a una vivienda y decirle a la familia que le tienen que demoler la casa, y que se la van a reconstruir. Históricamente, cuando eso pasaba, muchas veces no se cumplía al final del día. Nos ha costado crear esa credibilidad y esa confianza", dijo Rodríguez, al tiempo que aseguró que "sí se está viendo reconstrucción a través de todo Puerto Rico".

A más de cuatro años de los huracanes Irma y María, unas 3,719 viviendas han sido reconstruidas o reparadas, según las estadísticas de la agencia. Sin embargo, aún quedan pendientes cerca de 10,000 familias elegibles. "El programa está sacando una calidad increíble en términos de vivienda. Veo las terminaciones de lo que nosotros estamos haciendo e incluso son superiores. Estamos haciendo un buen trabajo de calidad que va a ser duradero verdaderamente", abundó el titular.

Vivienda sugirió a la comisión cameral, presidida por el representante Ángel "Tito" Fourquet Cordero, que se enmiende el proyecto para que se incluya al Programa de Subvenciones para Desarrollo Comunitario Tras Desastres (CDBG-MIT), ya que incluye el Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares disponible para todos los hogares que enfrentan riesgos calculados en la Evaluación de Riesgos de Puerto Rico.

A preguntas del legislador popular, el secretario aseguró que la propuesta junto con sus enmiendas ha sido avalada por el gobernador Pedro Pierluisi, por lo que recibiría la firma del primer ejecutivo de ser aprobada en la Asamblea Legislativa.

"Yo creo que todo el mundo está a favor del concepto. Tenemos que atenderlo. Lo que tenemos es que trabajar la parte técnica para que de aquí salga un proyecto completo, robusto y, en mi opinión, agresivo", indicó Fourquet Cordero, mientras destacó que se trata de una de las medidas de mayor prioridad en la comisión que dirige.

En la vista pública también participó la Asociación de Constructores de Puerto Rico, cuya presidenta Vanessa de Mari-Monserrate favoreció la medida, pero señaló en un memorial que establece ciertos requisitos "un poco onerosos" para el notario autorizante, quien probablemente prefiera llevar el caso ante los tribunales que asumir la responsabilidad de notificación y demás requisitos impuestos por el proyecto.

Asimismo, el gremio destacó que la medida debe establecer cómo se pactarán los honorarios del notario, los cuales deben ser según establece la ley notarial. Por su parte, la corporación Servicios Legales de Puerto Rico precisó que la medida no debe confligir con legislaciones especiales, como la Ley del Registro de la Propiedad Inmueble, o con los derechos de las personas que puedan tener interés propietario.

Fourquet Cordero adelantó que, como parte del proceso legislativo, realizará dentro de la próxima semana una mesa de trabajo junto a Vivienda y otros componentes con el fin de "armonizar" la iniciativa legislativa con las leyes vigentes de Puerto Rico.

"Quiero atender esto con premura. Yo creo que la próxima semana o dos vamos a tener la primera reunión. Vamos a atender esto de una manera más comprensiva, y creo que el momento es ahora, que tenemos la necesidad y la voluntad de hacerlo", enfatizó el representante.

El proyecto también contó con el respaldo de la Asociación de Alcaldes, la Federación de Alcaldes y la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.