Boston falla contra personas que alegaban despido por discrimen político en la ACAA

27 de diciembre de 2021

NOTICIAS , U.S. Court of Appeals 1st Circuit | ACAA , Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles , Camille Vélez-Rivé , Daniel Rivera Vargas , Judicial , Laboral , NOTICIAS , Sandra L. Lynch

Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, falló en contra de un grupo de personas exempleadas de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) que reclamaba haber sido despedidos por razones políticas.

Descarga la decisión de Diaz-Baez, et al v. Alicea-Vasallo, et al

Algunos de estas personas empleadas en el caso federal habían tratado de llevar ya el alegato en tribunales y foros administrativos estatales y, según Boston, "la corte de distrito estaba en lo correcto al concluir que 27 demandantes que fueron parte de Humberto Muler (un caso previo a nivel estatal) estaban excluidos de relitigar el hecho de si fue la junta de directores la que aprobó los despidos …un hecho material en ambos casos ha sido si el responsable del plan (de despidos) fue la junta de gobierno o el director ejecutivo».

Bajo la premisa de derecho establecido en las cortes estatales, según la opinión escrita por la jueza Sandra L. Lynch, del foro apelativo de Boston, procedía desestimar la demanda presentada originalmente por 62 personas exempleadas de ACAA en el caso Diaz-Baez, et al v. Alicea-Vasallo, et al, conforme se solicitó en una moción de sentencia sumaria por parte de la demandada y que fue evaluada por la magistrada Camille Vélez-Rivé.

El caso es por unos despidos ocurridos hace 12 años. Según los hechos planteados por el Primer Circuito, en ese momento (2009) cuando la rama ejecutiva del gobierno estaba controlada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), la ACAA cesanteó personas empleadas contratadas en los anteriores nueve años (2001-2009), cuando los gobernadores electos eran del Partido Popular Democrático (PPD), esto bajo la alegación de que había una crisis fiscal que incluía un déficit acumulado de $99 millones entre 1998 y 2005. Estas personas cesanteadas son las que demandaron a la corporación pública y a su entonces director, Julio Alicea Vasallo.

El Primer Circuito repasó el largo tracto procesal de estos casos, que se anclaban a su vez en decisiones administrativas y judiciales de cortes estatales, incluyendo una del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Rodríguez-Ocasio v. AACA, 197 P.R. Dec. 852 (2011), que mantenía en vigencia el plan de cesantías.