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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston confirmó una decisión de la juez que ve los casos bajo la ley federal que atiende la quiebra del gobierno de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act de 2016 o PROMESA) desestimando una demanda del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En la opinión del panel apelativo, firmada por el juez presidente David J. Barron, se resuelve que, al igual que lo plantea la jueza Laura Taylor Swain, que Hernández Montañez no tiene legitimación activa para que los tribunales federales atiendan su alegato de 2018 de que el ente actúa en violación a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos al anular la ley que aprueba el presupuesto.

Según resume el juez Barron en su opinión, la demanda comienza en 2018 cuando 17 legisladores, incluyendo Hernández Montañez, y 15 alcaldes, demandaron en el Tribunal Federal la acción de la Junta de Supervisión de anular el presupuesto que ese año trabajó la Asamblea Legislativa, y el gobernador firmó para convertirlo en ley, para sustituirlo por un presupuesto diseñado por el ente fiscal.

Inicialmente el caso se paralizó en lo que se resolvía el caso Aurelius sobre la legalidad de los nombramientos de la Junta de Supervisión,  pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó los mismos, y continuó el pleito por el alegato de la cláusula territorial.

La jueza falló en contra de los 32 demandantes, los legisladores por falta de jurisdicción y los alcaldes porque no hicieron una alegación para la que se debía conceder un remedio. Solo Hernández Montañez insistió en apelar a Boston.

La opinión del panel apelativo explica que el estado de derecho es que un legislador no tiene legitimación activa para reclamar los intereses institucionales de un cuerpo legislativo, porque eso no quiere decir que sufrió un daño personal.

«Así las cosas, Hernández Montañez carece de legitimación activa bajo el artículo III (de la Constitución de Estados Unidos para traer esta reclamación bajo la cláusula territorial, porque el legislador concede ‘desde el propio comienzo’ de esta acción el interesado ‘comparecer en representación de la Casa (de Representantes)’ y su demanda solo alega daños para la Casa en su totalidad», sostuvo la opinión de Boston.

Tampoco proceden sus alegatos relacionados a que durante el transcurso del pleito se convirtió en presidente de la Cámara -en el 2018 era legislador de minoría-, entre otras razones porque no solicitó la enmienda ante Swain y el estado de derecho es que «hemos advertido a los litigantes de forma reiterada que los argumentos no presentados inicialmente en el tribunal de distrito no se pueden levantar en apelación».