Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, confirmó la desestimación de un pleito de clase de bonistas que demandaron a un grupo de empresas de la firma Santander por alegadamente no informar adecuadamente al momento de invertir en bonos del gobierno de Puerto Rico.

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"Se trata de una disputa entre clientes de Santander que compraron bonos especiales de Puerto Rico durante una recesión y antes de que cayera el mercado de bonos", lee la opinión de 21 páginas del panel apelativo, evaluando la corrección de la decisión emitida por el entonces juez de distrito Gustavo A. Gelpí.

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En la opinión se resolvió que los demandantes, encabezados por Jorge Ponsa Rabell y otros que presentaron un pleito de clase de seguros, alegando violaciones a leyes estatales y federales, fallaron en probar que la empresa cometió "omisiones accionables", según interpretados bajo la regla 10b-5 y la sección 10(b)  del Exchange Act de 1934.

"En términos generales, la demanda alega que Santander diseñó un ‘esquema para defraudar’ inversionistas", planteó el Primer Circuito. "No entendemos que los demandantes Ponsa-Rabell hayan alegado una omisión accionable... la regla 10b-5 y la sección 10(b) no son un seguro contra una pérdida de inversiones".

Según el Primer Circuito, los demandantes invirtieron en bonos municipales del gobierno de Puerto Rico entre 2012 y 2013, en momentos en que ya el mercado lanzaba advertencias del deterioro de las finanzas del gobierno de Puerto Rico, que comenzaba a emitir bonos municipales "para pagar deuda", cuando ya el déficit estatal aumentaba en $2.2 mil millones. Santander vio venir el desplome del mercado, y bajó su inventario de bonos municipales en $35 millones a $105,000, vendiendo parte a clientes como los demandantes.

Pero, el Primer Circuito afirmó que la "omisión accionable" bajo la 10b-5 requiere que haya un deber afirmativo de divulgar porque "la mera posesión de material e información no pública no crea un deber de divulgarla", y que eso no surgió en este caso.

El panel apelativo resaltó que en la misma demanda se reconoce que ya había trascendido información pública del deterioro de la salud económica de Puerto Rico, como diversos avisos de la casa de corretaje Moody’s, y que "Santander no estaba obligado a repetir información que ya estaba fácilmente accesible para los inversionistas".

Otro punto que evaluó el Primer Circuito es el planteamiento de que Santander recomendó la compra de estos bonos municipales, pero los jueces apelativos entendieron que no surge evidencia en el récord relacionada con esos acercamientos, más allá de que los demandantes alegan que no se ofrecieron ciertos detalles.