Por Daniel Rivera Vargas

En una decisión matizada por expresiones que parecen ampliar el poder de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF), el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, confirmó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de anular la más reciente reforma laboral en Puerto Rico, al tiempo que se amplía el poder del ente fiscal.

En opinión del abogado John Mudd esta decisión es diferente a las numerosas decisiones anteriores de Boston al amparo de PROMESA: «En las veces anteriores era sobre cuestiones relacionadas con el gobierno y esta opinión no aplica al gobierno, aplica solamente a la empresa privada».

La opinión de Boston de 34 páginas que trascendió anoche confirmó la nulidad de la Ley 41-2022 también conocida como la Reforma Laboral de 2022.

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Mudd comentó que Boston resalta en la decisión que no se pueden ver estos casos solo bajo el crisol de la normativa relacionada a la ley de quiebras, porque la Ley PROMESA para reorganizar las deudas del gobierno de Puerto Rico es sui generis, o especial, por lo que tiene un alcance particular.

En el proceso, Boston usó un lenguaje que subraya ese alcance amplio de las acciones de la Junta de Supervisión al amparo de PROMESA. «Aplica ampliamente para restringir el poder legislativo bajo el Estado Libre Asociado y no se limita al contexto de los planes fiscales», reza parte de la opinión de Boston.

Otro lenguaje que llama la atención en la decisión es cuando expresa que «solo hay una corte en controversia en este caso -el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico».

Esto tiene relevancia, dice Mudd, porque hay una disposición de PROMESA que indica que el tribunal en ciertos asuntos tiene jurisdicción, pero puede abstenerse. «Pero aquí (Reforma Laboral) no lo hizo», sostuvo.

Todo esto es reafirmación de lo que ha sido la jurisprudencia federal de los años pasados, y es el de darle deferencia a las acciones de la Junta de Supervisión, sostuvo Mudd.

«El tribunal le va dar el beneficio de la duda en lo que ellos ven del gobierno de Puerto Rico. El fallo no es que el gobierno no haya entregado informes, el problema es que es imposible presentar informes económicos en los términos de lo que quiere la JSF, de que las leyes no van a afectar nada porque cualquier ley va a afectar en mayor o menor grado los ingresos del gobierno», sostuvo el letrado.

Resaltó que la jueza Swain consistentemente, salvo en alguno de los primeros casos, le ha dado la razón a la Junta de Supervisión.

«Una vez la junta establece un plan fiscal, y están los bonistas contra la junta, la junta gana. Siempre. Soy abogado hace 40 años y nunca había visto esto, nunca. Que un juez siempre fallara en contra de la misma parte», sostuvo.

«El gobierno de Puerto Rico tendrá que tener un estudio tan y tan contundente, que no haya duda de que tiene razón, para rebatir ese plan fiscal y la realidad es que eso probablemente no ocurra. El problema es que en Puerto Rico le quitaron su autonomía fiscal, eso lo quitaron con PROMESA y nadie lo quiere admitir», mencionó el litigante de la corte federal y estatal.

Mudd entiende que esta decisión y su lenguaje ratifican el amplio poder de la Junta de Supervisión.

«La junta puede eliminar parte de las leyes de Puerto Rico, aunque esas leyes no estén en contra del plan fiscal siempre y cuando demuestren que están en contra de PROMESA y sus propósitos».

Comentó que esto es cónsono con la decisión de 1901 del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Downes v. Bidwell, uno de los primeros casos insulares, que establecía que «el Congreso le puede dar a Puerto Rico gobierno propio o quitárselo».

Agregó que bajo PROMESA el gobierno de Puerto Rico fue privado de dos de sus poderes principales, el de hacer leyes y el de establecer su presupuesto.

«Para mí es tan claro, bueno los abogados lo hacen porque les pagan, pero que haya gente que diga que hay que defender los derechos del gobierno de Puerto Rico, cuando esos poderes se acabaron bajo PROMESA», puntualizó.