Por María Soledad Dávila Calero

El proceso de confirmación de la declaración informativa para el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la deuda del gobierno central continúa el martes, 27 de julio con la vista en el Tribunal de Título III, presidido por la jueza Laura Taylor Swain.

El exjuez presidente del tribunal de quiebra para el Distrito de Puerto Rico, Gerardo Carlo, explicó a Microjuris que, en la pasada vista, el 16 de julio, la jueza Swain hizo dio una aprobación preliminar, no definitiva y que todavía está sobre la mesa las implicaciones de que el gobierno no acceda a viabilizar el PAD propuesto por la Junta de Supervisión y Administración Financiera.

¿Qué es una declaración informativa?

La declaración informativa, a la que comúnmente se le refiere por su nombre en inglés de disclosure statement, se supone que contenga la información pertinente de un acuerdo y las emisiones de bonos requeridas con el fin de darle a los acreedores y otras partes interesadas la información necesaria para poder votar concienzudamente por una PAD.

La resistencia del gobierno es pertinente

Es por eso, Carlo explicó, que la jueza le pidió a la junta fiscal que sea más clara en cuanto a los riesgos que implicaría el que la junta haga una emisión de bonos que no sea mediante una legislación que luego pase a la firma del gobernador.

El tranque ocurre porque además de la Ley de Retiro Digno que indica que el gobierno no viabilizara recorte a las pensiones, entre otras disposiciones, tanto el gobernador, Pedro Pierluisi, como la Legislatura, ya habían hecho expresiones en contra de recorte a las pensiones.

El quinto PAD propuesto por la junta contiene recorte a las pensiones y una recuperación para los acreedores mayor a la que establece la Ley de Retiro Digno.

Carlo explicó que esta discrepancia puede amenazar la sostenibilidad y viabilidad del PAD, ya que aún si la junta logra convencer al tribunal de que puede emitir los bonos, al estos no tener el apoyo del gobierno, podrían ser difíciles de mercadear.

Debate legal

El argumento de la junta fiscal es uno de campo ocupado o preemption.

Es decir, que argumentan que ya que el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act o Ley Promesa es una ley federal que le permite a la junta fiscal hacer emisiones de bonos, aún sin el apoyo del gobierno.

Detractores de esta postura resaltan que en una versión inicial, cuando la Ley Promesa era un proyecto de ley, se le dio el poder expreso a la junta de hacer emisiones de bonos, pero ese lenguaje fue removido en el texto final que se convirtió en ley.

Carlo explicó que el argumento de prevalencia de la Ley Promesa por encima de las leyes locales es uno fuerte y que la junta argumentó que como «Plan B», aplica la sección 1123 sub sección (a) 5j del Capítulo 11 del Código de Quiebras, que permite la emisión de bonos para asegurar la implementación de un PAD.

Carlo también advirtió que puede haber escollos legales al argumento de la junta, como lo sería otros tipos de legislación que están incluidos en los acuerdos de apoyo, y las protecciones bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El exjuez de Quiebra recalcó que esto es una controversia que deberá ser dilucidada por los tribunales.

«Esto lo van a tener que decidir los tribunales y esto va a llegar posiblemente al Primer Circuito de Apelaciones y va a llegar a Tribunal Supremo y no hay un precedente en ningún caso en Estados Unidos. En el caso de Detroit, no se dio esta situación. En el caso de Stockton, tampoco», dijo Carlo.

Legal no es necesariamente práctico

Más allá del debate sobre si la junta tiene el poder legal para hacer emisiones de bono, Carlo argumentó que hay un problema práctico para los acreedores al aceptar bonos que después estén susceptibles a litigios.

Los bonos emitidos por el Estado, de ordinario son leyes, por lo que vienen con el apoyo del gobierno, pero si la junta emite bonos con la expresa oposición del gobernador y la Legislatura, estos no tendrían el apoyo del acreedor, explicó Carlo.

Por lo tanto, estos bonos representan un riesgo adicional para los acreedores, no solo por la posibilidad de litigios, sino porque se les podría hacer más difícil intercambiar los bonos en el mercado, lo que a su vez reduciría el valor de los bonos en el mercado.

Swain buscará resolución

Sin embargo, Carlo indicó que las preocupaciones que expresó la jueza del Tribunal de Título III no restan a que la jueza Swain le interese conseguir la resolución de este proceso de reestructuración.

Un indicador para Carlo es que la jueza fue enfática en que no quiere ver a las partes a usar el proceso de descubrimiento de prueba para dilatar el proceso.

«Estamos viendo un tribunal sumamente eficiente, me parece a mí. Muy ordenado. Preparada completamente la jueza. Había leído todos los documentos y los conocía mejor que los abogados, como ha resultado siempre en todas estas vistas y en control completamente del tiempo y del manejo del caso», dijo Carlo.

«A ella obviamente le interesa que este caso llegue a su finalidad en términos de conseguir una orden de confirmación. Aprobar una orden de confirmación en otoño de este año, en los últimos meses de este año 2021».