El presidente de los Estados Unidos Joe Biden convirtió en ley esta semana una medida que requiere que todos los contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revelen posibles conflictos de intereses antes de proceder con cualquier gestión o recibir pagos particularmente relacionados al proceso de quiebra de la isla.

"Al aplicar un sólido requisito de divulgación a todos los procedimientos del Título III de PROMESA y eliminar el trato inequitativo al que se enfrenta el pueblo de Puerto Rico, este proyecto de ley ayudará a restablecer la confianza en que los asesores de quiebra de la Junta no tienen su ‘pulgar en la balanza’ para favorecer ciertas deudas en las que tienen un interés propio y garantizará la integridad del proceso de PROMESA aportando transparencia y confianza al futuro de la isla", expresó la congresista Nydia Velázquez (D-NY), quien es la autora de medida congresional H.R. 1192.

Precisamente ayer se dio paso a la aprobación del proyecto de ley bicameral y bipartidista de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico (PRRADA, por sus siglas en inglés) en la Cámara de Representantes, luego de ser aprobada en el Senado de EE.UU.

"El H.R. 1192 es una pieza importante en el esfuerzo de asegurar que el proceso de reestructuración bajo PROMESA sirva a los intereses de Puerto Rico", dijo la representante de Puerto Rico Jenniffer González Colón, coautora original de la legislación en la Cámara.

En el 2016, el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), un esfuerzo para proporcionar a Puerto Rico un proceso de bancarrota estandarizado que permitiera a la isla reestructurar sus deudas, pagar a los acreedores, aprobar proyectos de infraestructura cruciales y promover el crecimiento económico y el desarrollo.

La legislación bipartidista y bicameral aprobada impondrá requisitos de divulgación a todos los asesores y consultores de la Junta de Supervisión Fiscal, cerrando la laguna jurídica de PROMESA.

PRRADA requerirá que los abogados, contadores y todos los profesionales involucrados en la reestructuración de la deuda revelen los posibles conflictos de interés, asegurando que Puerto Rico tenga acceso a las mismas prácticas de transparencia y divulgación requeridas por la ley en los casos de bancarrota del territorio continental de EE.UU.

La aprobación de PRRADA se produce después que un juez federal aprobará el plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que consolida alrededor de $33,000 millones en reclamaciones existentes. Tras 5 años de procedimientos de quiebra, la promulgación de PRRADA busca asegurar que las partes relacionadas con todas las consolidaciones presenten sus declaraciones de conflictos de interés y garanticen que cualquier reestructuración de la deuda sirva realmente a los intereses del pueblo de Puerto Rico.