La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes inició el viernes pasado una investigación sobre la práctica de algunas aseguradoras de dilatar las reclamaciones y/o las primas de seguros complementarios cuando se reclaman las cubiertas de los mismos.

La evaluación, que encabeza el presidente de dicha comisión, representante José Chico Vega, incluye examinar qué acciones, si algunas, ha realizado la Oficina del Comisionado de Seguros para desalentar esta práctica, así como la necesidad de introducir nuevas enmiendas al «Código de Seguros de Puerto Rico«, para asegurar que no se realicen actos en perjuicio de los asegurados.

El asesor legal de la oficina del Comisionado, Alexander Adams señaló que entre los años 2007 y 2008 su agencia trabajó arduamente en la redacción de nueva legislación que culminó con la aprobación de una ley (230 de 2008), que introdujo enmiendas al Código de Seguros, mediante la cual se amplió la categoría de las prácticas consideradas ilícitas, que con cierta frecuencia eran realizadas por algunas aseguradoras.

El abogado explicó que el Código de Seguros dispone que las reclamaciones que son sometidas a los aseguradores deben ser resueltas en un término máximo de 90 días, siempre y cuando haya habido completa cooperación en brindar información de parte del asegurado o reclamante. Estas «deben ser claramente fundamentadas», indicó.

El Presidente de la Comisión consideró que «90 días es un tiempo demasiado largo para resolver las controversias, penalizando con una espera al afectado, especialmente en los casos de reclamaciones de accidentes de varios años, cuyos casos son catalogados como ‘culpas compartidas'».

Por su parte, Adams comentó al respecto que la Oficina del Comisionado recibe con relativa frecuencia querellas de asegurados y reclamantes que se quejan de los métodos de ajuste utilizados por los aseguradores.

«Todos los casos son investigados y adjudicados mediante un proceso administrativo evidenciarlo ante nuestra Oficina. De hecho, cuando aseguradores han decidido acudir en apelación ante los Tribunales de Justicia de nuestras determinaciones administrativas, hemos prevalecido en la virtual totalidad de los casos», argumentó el funcionario.

Por su parte, el asesor legal de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jesús Hernández, dijo a la Comisión que la resolución cameral que dispone la investigación a las aseguradoras no impacta el presupuesto de su agencia, pero que deben examinarse las opiniones de las entidades que de alguna manera se afectan, como ASES y la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE).

De otra parte, mediante ponencia escrita, la directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraida Pernas, manifestó que la función principal de toda compañía de seguros es ofrecer una cobertura suficiente que responda a la necesidad de seguro del consumidor y, al momento de ocurrir el siniestro o suceso inesperado, responder por aquellas pérdidas transferidas, según el contrato a la aseguradora.

«A las entidades aseguradoras corresponde evaluar y adjudicar las reclamaciones de sus asegurados, aplicando un trato justo y valorando las mismas responsablemente para evitar los consabidos fraudes y abusos que desafortunadamente existen, todo aquello en protección a los mejores intereses de todos los asegurados», agregó.

Planteó que resulta medular que el asegurado lea en su totalidad la póliza de seguros a contratar y haga todas las preguntas que entienda pertinentes, a fin de que no queden dudas sin aclarar sobre la misma, lo que, a su juicio, evitaría la sorpresa de que el suceso ocurrido, no esté incluido en la póliza o resulte ser una de las exclusiones de la misma.

De hecho, planteó que han recopilado información que apunta hacia la práctica de algunas aseguradoras de denegar el pago de las cubiertas sin justa causa o de dilatar el proceso de pago de las mismas en perjuicio de los asegurados.

«Durante mucho tiempo hemos estado escuchando de la práctica de las aseguradoras de denegar las cubiertas y/o retrasar el pago de las mismas como una forma de hacer negocios a expensas de las necesidades de sus asegurados. Este tipo de práctica no se debe permitir y, por tal razón, es necesario realizar una investigación a los fines de determinar la necesidad de enmendar el Código de Seguros», manifestó el proponente de la pesquisa, Gabriel Rodríguez Aguiló.