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La Asamblea Legislativa evalúa una medida que busca atemperar los cambios surgidos en torno a la industria de viajes, y promover a los pequeños y medianos negocios (PyMEs).

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Se trata del Proyecto de la Cámara 1401, de la autoría de los representantes José "Conny" Varela Fernández, Ángel Matos García y José Rivera Madera.

Según explicaron, el fin es enmendar la Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico (Ley 10-1870), a fin de establecer las funciones de un agente de viajes.

También, la medida establece facultades al Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo y requerir la presentación de una fianza del tipo ‘Travel Agency Bond’ y atemperar la jurisdicción a los nuevos modelos de negocios.

Wilson Santiago Burgos, fundador de Mochileando LLC, la plataforma de información de viajes más grande de Puerto Rico, expresó su oposición a la medida por encontrar que limita derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información; y, además, restringe la libre competencia que es un principio fundamental de las economías de mercado como lo es la de Puerto Rico.

"Llama notablemente la atención que las pretendidas regulaciones del PC 1401 no tienen precedente. Si utilizamos como ejemplo las legislaciones de los cincuenta estados de Estados Unidos podremos advertir que ni siquiera la más restrictiva, regula la expresión sobre viajes, ya sea en medios especializados, escritos o digitales como tampoco lo hace en lo que se conocen como blogs de viajes", destacó Santiago Burgos.

Agregó, además, que la medida legislativa abre la puerta para la imposición de impuestos adicionales o cobro de impuestos existentes a servicios que hoy día no tributan como lo podría ser el cobro del Impuesto sobre el Valor de Uso (IVU) a los cargos por servicios de las Online Travel Agencies (OTA).

"Según redactada, la definición de agente de viajes, obligaría a licenciarse o registrarse como agente de viajes a las personas o entidades que son bloggers o escritores de viajes, aun cuando estas no brindan o vendan servicios o productos turísticos y solo se limiten a compartir información de viajes. Asimismo, limitaría el derecho a la libertad de prensa, al obligar a medios especializados en viajes como lo son las revistas de viajes, periódicos con secciones de viajes y páginas de Internet, a registrarse como agentes de viajes", aseguró.

Por su parte, Iván Soler, en representación de la Agencia Soler, mencionó que el proyecto de ley es uno loable, sin embargo, destacó que es importante añadir en la medida que "todo agente de viaje tiene que tener un local físico comercial para dar servicio en Puerto Rico y esté certificada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)".

"Nosotros (Agencia Soler) hemos estado dando servicio a clientes abiertos al público. El beneficio de las agencias de viaje es que físicamente la gente viene, hace sus reservaciones, se le dan alternativas y se le explica de frente lo que está pasando. Además, el cliente tiene dónde pagar, porque muchas personas en Puerto Rico no tienen tarjeta de crédito y en una agencia de viaje tiene el beneficio de pagar en efectivo y hacer todas las transacciones necesarias", explicó Soler, quien también representó a un grupo de agencias de viajes.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Agencias de Viajes (APAV), Manuel Franceschini mencionó que "la pieza legislativa cumple fielmente con los continuos reclamos de todos los sectores que, por mucho tiempo se ha trabajado, unidos a la CTPR para que la agencia gubernamental pueda atemperar el reglamento existente, proveyendo licencia única, eliminando la póliza de error y omisión y teniendo mayor fiscalización de las empresas locales y foráneas que hacen negocios en Puerto Rico ilegalmente y que no aportan a nuestra economía local".

Asimismo, Rubén Feliciano, presidente de la Sociedad de Mayoristas de Viajes y Excursiones, resaltó que la entidad no tiene problema con el proyecto de ley en discusión, sin embargo, cuestionó cómo la CTPR fiscalizará las personas que no radican en Puerto Rico y los que trabajan por una página Web.

Por otra parte, la presidenta de la Alianza Turística por Puerto Rico (ATPR), Daphne Barbeito expuso a los miembros de la Comisión que uno de los elementos importantes que incluye el estado de derecho actual es reconocer la práctica autorizada por la CTPR sobre el trabajo remoto.