Aprueban resolución para pedir al American Bar Association una moratoria de 6 años

05 de julio de 2022

NOTICIAS | American Bar Association , Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico , Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico , Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico , José "Conny" Varela , Legislativo , NOTICIAS , Rafael "Tatito" Hernández , reválida

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El Senado dió paso a la Resolución Concurrente de la Cámara de Representantes 55, que propone solicitarle al American Bar Association una moratoria de 6 años a las escuelas de derecho en Puerto Rico para cumplir con el Estándar de Acreditación 316.

La resolución fue radicada por los representantes Rafel «Tatito» Hernández Montañez y José «Conny» Varela Fernández, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, el 23 de junio por petición de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Lee la resolución aquí

La resolución le solicita «al American Bar Association que exima, por un término de seis (6) años, a la tres (3) escuelas de derecho del país del cumplimiento con los requisitos del Estándar de Acreditación 316. Ello permitirá y promoverá un proceso inclusivo, participativo y transparente entre las escuelas de derecho, el Poder Judicial y su Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, los estudiantes, la comunidad jurídica, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el que se logre una reforma efectiva del proceso de examen de reválida, que convierta el mismo en uno que refleje de manera justa y adecuada el conocimiento, el esfuerzo y la capacidad de nuestros aspirantes a miembros de la excelsa profesión legal».

Esta resolución concurrente ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes, por lo que se dispuso que fuese enrolada. Las resoluciones concurrentes tienen la función de formular expresiones conjuntas de la Asamblea Legislativa.

Requieren la aprobación de la Cámara y el Senado, pero no la firma del gobernador.